Infojus Noticias

Julio Maier conoce el poder judicial desde adentro: trabajó como secretario y llegó a ser juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. También porque lo estudia: es uno de los más prestigiosos juristas del continente. Autor de ocho libros, un centenar de artículos de Derecho Penal, Procesal Penal y Filosofía del Derecho, es reconocido por su obra como procesalista. En una entrevista con Infojus Noticias, cuestionó la actitud de los jueces que, incluso apenas recuperada la democracia en 1983, plantearon como derechos subjetivos lo que en realidad son garantías para las partes o los imputados de un proceso penal.

Según detalló el jurista, los reiterados planteos de inconstitucionalidad para las leyes sancionadas por el Parlamento, la negativa a eliminar la acordada que exceptúa a magistrados y empleados judiciales del pago del impuesto a las Ganancias, la estabilidad judicial o la prohibición de que el Parlamento disminuya el salario de los jueces, no deben dar lugar a reclamos personales. “Son una exigencia republicana, pero no para conceder un derecho al juez. Son más bien una garantía de las partes de un proceso o del acusado en materia penal, en un conflicto judicial concreto”.

“La primera vez que escribí sobre esto fue apenas ingresó la democracia, en 1983. Por entonces, un grupo de jueces requirieron que su sueldo fuera actualizado para que no lo afectara la inflación”, recordó Maier. Entonces, se pronunció sobre el impedimento constitucional que establece que no se pueden reducir los sueldos de los jueces. Siguiendo el ejemplo, apuntó: “Plantee una lectura nominalista, es decir si el sueldo está fijado en 1 no se lo puede reducir a 0.50”. “Pero este no era un derecho personal de los jueces”, completó.

“Lo que no es un derecho subjetivo, tampoco tiene acción para reclamar en la justicia, no puede fundar una pretensión directamente”, explicó el magistrado. E incluyó entre los ejemplos el  “rechazo al pago de un tributo”, o los planteos para “permanecer en un cargo judicial sin los requisitos legales exigidos”. “La estabilidad del juez que juzga se trata de una garantía. En el mejor de los casos, una garantía para las partes de un proceso o del acusado en materia penal. Nunca un derecho del juez que pueda fundar una pretensión del mismo”, remarcó el especialista.

Quince mil jueces de la República

Se refirió también a las presentaciones por inconstitucionalidad. “Hay sectores que lo que no pueden cambiar políticamente en el Parlamento, que es el ámbito que corresponde, lo presenta ante un juez pidiendo la inconstitucionalidad”, describió. Y lamentó, que la actual Ley 48 de Jurisdicción y Competencia, sancionada en 1863, continúe rigiendo la cuestión.

“Es ridículo que todos los jueces de la República, más de 15.000 entre los federales, nacionales y provinciales, cada uno de ellos, cualquiera y en cualquier instancia pueda declarar inválida una ley aprobada por el Congreso”, aseguró. “Estudié en el extranjero y cuando planteaba esto se me mataban de risa; en otros países hay un tribunal que interviene en los planteos de inconstitucionalidad, y aun así sus decisiones son muy cuestionadas a veces”. “Entiendo que el problema ha llegado tan allá que habría que derogar la Ley 48 y hacer otra que regule este problema de la inconstitucionalidad”

“Hay jueces que luchan por una modificación de estos aspectos, no sé si son mayoría o minoría. La Asociación de Magistrados nació como un instituto mutual y ahora se arroga la representación de todos los jueces”, dijo Maier. Y aclaró: “No son representantes políticos nuestros, son solamente una institución llamada a defender mutualmente”. “No hay dudas que esto marca una crisis judicial”, concluyó.

MB/RA