Infojus Noticias

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, no se presentó hoy ante el juez federal Sebastián Casanello, según fuentes judiciales le informaron a Infojus Noticias. Estaba citado por la causa de las escuchas telefónicas ilegales, en la que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado. Montenegro debía declarar como testigo.

A principios de marzo, Casanello envió a juicio oral a cuatro ex funcionarios macristas, a un ex juez de Misiones y a cinco policías de la provincia por formar parte de una asociación ilícita que hacía escuchas ilegales. Sobre el jefe de Gobierno porteño dijo que las pruebas directas que había hasta el momento no alcanzaban para llevarlo a juicio pero que seguía procesado. Por eso ordenó nuevas medidas como esta citación a Montenegro, porque entiende que sus dichos podrían ser vitales para decidir el futuro de Macri. Es decir, su sobreseimiento o envío a juicio oral.

Según fuentes judiciales, todavía no está establecido una nueva fecha de citación para el funcionario macrista.

El magistrado también solicitó que se investigue a la empresa de seguridad privada contratada por Franco Macri para averiguar sobre el esposo de su hija.

En la causa se comprobaron una decena de escuchas ilegales con temas diversos: desde divorcios de mucho dinero, hasta sumarios disciplinarios y litigios empresariales. “No hay un patrón económico, ni político que indique Macri haya instigado las pinchaduras”, explicaron voceros judiciales a Infojus Noticias. Sin embargo, Casanello sigue trabajando en la búsqueda de pruebas contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para Casanello están acreditados el vínculo y las pruebas contra los imputados, por eso los envió a juicio oral. Se trata del exjefe de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios; su subjefe, Osvaldo Chamorro; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el exespía Ciro James, el exjuez de Misiones, José Rey; su secretaria Mónica González, y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.

Semanas atrás el fiscal federal Jorge Di Lello apeló el fallo del juez Casanello sobre las escuchas telefónicas ilegales. Para Di Lello "está hartamente probada la relación directa de Mauricio Macri con Jorge Fino Palacios, aún más allá de sus respectivas funciones”. También explicó en su recurso de apelación que los cargos contra Macri "fueron debidamente acreditados a lo largo de este extenso expediente". 

La causa comenzó en 2009 en manos del juez Norberto Oyarbide, quien actuó como subrogante. En mayo de 2010, Macri quedó procesado y Montenegro fue sobreseído. El año pasado el caso quedó en manos de Casanello.