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El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral a cuatro funcionarios macristas, a un ex juez de Misiones y a cinco policías de la provincia por formar parte de una asociación ilícita que hacía escuchas ilegales. En su fallo, el juez expresó que el cierre de la investigación contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri fue “apresurado”, y que no hay hasta ahora prueba directa para llevarlo a juicio, aunque continúa procesado e investigado.

Para Casanello están acreditados el vínculo y las pruebas contra los imputados, por eso los envió a juicio oral. Se trata del exjefe de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios; su subjefe, Osvaldo Chamorro; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el exespía Ciro James, el exjuez de Misiones, José Rey; su secretaria Mónica González, y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.

Aunque Casanello valoró que las pruebas no alcanzaban para enjuiciar a Macri, anuló el cierre de la instrucción en lo que concierne al jefe de Gobierno porteño. Esto significa que aunque no estará sentado en el banquillo de los acusados, seguirá siendo investigado por su presunta vinculación con las escuchas ilegales.

“La atribución de responsabilidad respecto de Mauricio Macri, a diferencia de lo que sucede con el resto de los imputados, pasó a sostenerse casi exclusivamente en su posición de vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno", explicó el juez a través del fallo.

La imputación contra Macri se basaba en dos ejes: las escuchas contra Sergio Burstein, referente de la Asociación Agrupación de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, y Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio.

El fallo de 178 páginas habla sobre la falta de prueba directa contra Macri: "Se lo coloca al frente de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal en función de su posición institucional como jefe de Gobierno". Sin embargo, para el juez "ninguno de los escritos ya sea del fiscal o de las querellas señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado espiar".

Los investigadores dijeron a Infojus Noticias que el juez remarcó que en la causa se comprobó una decena de escuchas ilegales de todo tipo, desde divorcios de mucho dinero, hasta sumarios disciplinarios y litigios empresariales. “No hay un patrón económico, ni político que indique Macri haya instigado las pinchaduras”, explicaron. "Los requerimientos de elevación a juicio fracasan en la motivación por ausencia de prueba. Lo determinante es que tampoco se ha ofrecido prueba que acredite que Macri fuese el instigador" de las intervenciones ilegales, dice el texto del fallo.

La Cámara Federal de Casación había fallado contra Macri al confirmar su procesamiento. Para Casanello la imputación contra el jefe de Gobierno "se agota en una suerte de responsabilidad por organigrama", por ser la cabeza del gobierno porteño. Otro dato que los investigadores señalaron como llamativo es que el juez federal Norberto Oyarbide - a cargo de la instrucción como juez subrogante- no haya escuchado al ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, que era el jefe directo de Palacios.

Para continuar con la instrucción el juez Casanello resolvió dos nuevas medidas: citar como testigo al ministro Montenegro -será el 15 de abril- y profundizar la investigación sobre la empresa de espionajeThe Ackerman Group. Se trató de "un cierre de la instrucción apresurado pues restaba producir prueba significativa para el resultado de la causa", agregó el magistrado al ordenar la declaración de Montenegro y otras medidas que apuntan a investigar a la empresa de seguridad, contratada por Franco Macri para investigar "los riesgos de su hija Sandra vinculados a su matrimonio" con Leonardo.

Fuentes judiciales indicaron a Infojus Noticias que el padre del jefe de Gobierno porteño nunca estuvo imputado y que él no tenía por qué saber los métodos que utilizaba la empresa. Sobre el origen estadounidense de The Ackerman Group, Casanello envió un exhorto al gobierno norteamericano pidiendo datos de la empresa. Nunca le respondieron. También pidió información a la Inspección General de Justicia (IGJ).

En la última parte del fallo, Casanello diferenció la responsabilidad política -que pudiera caberle a Macri- de la responsabilidad criminal: "No deben confundirse dos niveles de análisis, el político y el penal. Una cosa es asignar responsabilidad política o de gobierno, y otra muy distinta atribuir responsabilidad penal", agregó sobre la causa abierta en 2009 por un llamado anónimo recibido por la hija de Burstein, donde se le advirtió que su padre estaba siendo espiado.

Quiénes son y qué hicieron

Para la Justicia, los principales responsables de la estructura de escuchas ilegales son cinco: todos ellos fueron funcionarios. Cuatro participaron de la gestión de Mauricio Macri al frente del Gobierno porteño y uno era magistrado provincial en Misiones. Todos ellos están acusados de integrar una asociación ilícita. 

Mariano Narodowski está acusado por estafas y defraudaciones –por la contratación irregular de Ciro James- y fraude en perjuicio de la administración pública. Esos delitos prevén penas de hasta 6 años, que se suman a los 3 a 10 años por asociación ilícita.

Jorge “Fino” Palacios está sindicado como coautor del delito de violación de secretos y de privacidad en cinco oportunidades, responsable por falsificación de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Las penas previstas llegan a los 6 años de prisión. Si se comprobase que integró la asociación ilícita, se suma la pena de hasta 10 años.

Ciro James está acusado de violación de secretos y de privacidad, falsificación de documentos, usurpación de títulos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Podría enfrentar penas de hasta 6 años, además de las de asociación ilícita. Además, podría ser sancionado con una inhabilitación temporal –por el doble de la condena- para ejercer cargos públicos.

Osvaldo Chamorro está señalado como encubridor. De ser condenado pasaría de seis meses a tres años tras las rejas. Por el delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, también podrían inhabilitarlo por el doble del tiempo. La pena sería más grave si lo condenaran como miembro de la asociación ilícita.

José Luis Rey enfrenta cargos por violación de secretos y de privacidad, prevaricato y asociación ilícita. Las penas son de hasta 15 años de prisión, multas de hasta 75 mil pesos  e inhabilitación perpetua.