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El cibercriminal conocido como phisher se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial para conseguir información de forma fraudulenta. Cuando se puede hackear directamente una cuenta de mail, se phishea. Eso hacían los ocho imputados por espionaje a los que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín les confirmó hoy los procesamientos, sin prisión preventiva.

Según el fallo de Cámara, la banda de espías operó al menos desde agosto de 2006 hasta agosto de 2008, traficando información y noticias de distintos funcionarios del gobierno nacional como también famosos de la farándula. En la lista de imputados de la Cámara Federal de San Martín figuran Juan Bautista Tata Yofre, director de la SIDE menemista; Pablo Alfredo Carpintero, ex agente de la SIDE; Héctor Guillermo Roberto Alderete, del sitio Seprin; Carlos Orlando Pagni, editorialista del diario La Nación; Edgar Walter Mainhard, del sitio Urgente 24; Roberto García, columnista del diario Perfil; Néstor Carlos Ick, empresario de medios; y Daniel Manuel Reimundes, general retirado y ex jefe de Inteligencia del Ejército.  

El fallo de la Sala I es del 23 de agosto pasado, pero recién se conoció hoy. Los camaristas Marcelo Fernández, Hugo Fossati y Lidia Soto confirmaron el procesamiento de Yofre como jefe de una asociación ilícita, que integraba junto a Carpintero y Alderete. Y atenuaron la calificación del delito que se les imputa a Pagni, García y Mainhard. El año pasado la jueza Sandra Arroyo Salgado los había procesado por el delito de "revelación de secretos", pero el tribunal de San Martín los consideró ahora como encubridores.

Yofre, autor de libros como “Nadie fue” y “Fuimos todos”, tenía abiertas varias cuentas y compartía las claves con sus socios. Por eso se lo imputa “como autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe”, porque las pruebas lo señalan como el que “centralizaba” y “repartía” la información. En una segunda etapa, Yofre hacía la misma maniobra de administrador, pero con los clientes que recibían los correos electrónicos. Para enviarse entre ellos el material creaban una cuenta de correo (a veces de proveedores radicados en otros países) y “depositaban” los mails robados en la bandeja “borrador”.

La causa judicial comenzó con una denuncia de la ex SIDE, que trascendió porque entre los nombres de funcionarios públicos se mezclaban las noticias sobre hackeo a personajes de la farándula como Susana Giménez, aunque, por ser delitos de acción privada, el rubro de los artistas se judicializó aparte.

Dentro de las acciones que prevé la ley de espionaje, se incluye –entre otras- la de procurar noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad nacional, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación. En este sentido, la ilegalidad de los imputados está a la vista.

"Dentro de la maniobra que se les imputa, Yofre era quien decidía qué tipo de información se debía recabar y a quién se le iba a vulnerar su correo electrónico, así como cuáles convenía dejar de intervenir. El imputado era también quien distribuía posteriormente el resultado de esa actividad, según correspondiese", agregaron los jueces. “Se tiene comprobada –señalan- la presencia necesaria de al menos tres individuos, que bajo las órdenes de Yofre interferían casillas de correos de distintos funcionarios públicos con el fin de hacerse de información reservada.”

Alderete y Carpintero tenían como función intervenir los correos electrónicos y poner el contenido a disposición de Yofre (a través de una copia en espejo de su original), con quien compartían otras cuentas destinadas a ese efecto. "Ambos poseían conocimientos y habilidades para llevar a cabo las acciones que requería la tarea encomendada", señala el fallo.

“Después te paso los blancos. Por el momento seguí con Pepe Scioli; Jorge el neoyorquino; el ruso Héctor y el vasco impronunciable. También los santiagueños y los riojanos”, le indica Yofre a Alderete. Del lado de los “clientes” de la “agencia”, Urgente 24 publicó la información sobre la investigación de Julio López, Pagni reclamó datos de las “valijas” de Antonini Wilson y García pidió y publicó acerca de una reunión de Cristina Kirchner en la Unión Industrial Argentina.

La prueba de que la "agencia" funcionaba por dinero está en un diskette secuestrado en la casa de Alderete que contiene servicios tarifados: 12 mil pesos mensuales por información de coyuntura política y económica; 15 mil informes clasificados (comerciales, patrimoniales, entradas y salidas del país, antecedentes, información negativa) y el control de correo electrónico 3500 por cada objetivo.

"Las acciones que habrían desarrollado los imputados Yofre, Alderete y Carpintero tenían como finalidad la búsqueda y obtención de información que debía permanecer en una esfera reservada", señala el fallo de Cámara.

"La Sala entiende que, con los elementos probatorios reunidos hasta el momento, se pudo acreditar, con la convicción que requiere esta etapa del proceso, que se procuró, buscó y obtuvo información que debía permanecer secreta en función de la seguridad de la Nación", señala el fallo.