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Esta tarde se votará la ley que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Iacop). Con esto se cambia el paradigma represivo de la Ley 23.737 (de drogas), por uno de corte preventivo-asistencial en cuanto a la vinculación de las instituciones estatales con las personas adictas. Será el Poder Ejecutivo el que, una vez promulgada, defina la autoridad de aplicación.

“Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”, aclara el proyecto que cuenta con el apoyo del cura Juan Carlos Molina, titular del Sedronar. Si bien el proyecto arrancó su recorrido antes de que Molina fuera nombrado en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, comparten la misma impronta política.

El proyecto lleva las firmas de un equipo de diputados sub 40, y sub 30 en el caso de las diputadas firmantes. Todos integran también el Frente para la Victoria: Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Eduardo de Pedro, Walter Santillán, Marcos Cleri, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza y María Luz Alonso.

Las provincias, una vez que sea ley nacional, podrán adherirse a través del Consejo Federal de Salud. Los objetivos del Plan Iacop hacen hincapié en la prevención de las adicciones, en la asistencia y también en “integrar y amparar socialmente a los sujetos rehabilitados de algún consumo problemático”.

El Plan implica la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos a lo largo del país, con especial atención a los lugares socialmente más vulnerables. Si la autoridad de aplicación acuerda, se integrarán a esta red los espacios que ya trabajan las problemáticas de adicciones. Todos deberán vincularse con instituciones de la zona para trabajar en prevención (escuelas, hospitales, centros culturales) e informarán sobre lugares para realizar tratamientos. Pero no menos importante es que orientarán sobre planes sociales que supongan una contención social que ayude a la persona a permanecer fuera de la situación de adicción: inclusión laboral y educativa, por ejemplo.

En diálogo con Infojus Noticias, el diputado Horacio Pietragalla precisó detalles del proyecto.

–¿Cómo van a funcionar los centros comunitarios?

–La idea es que estén abiertos full time, que de noche estén también atendiendo. Porque no hay horario para los pibes, a veces se deprimen o deciden pedir ayuda por la noche y tienen que encontrar la predisposición para recibirlos. Dentro de estos lugares habrá profesionales que darán contención y que también tendrán capacidad de derivación.

–¿Cómo trabajará el Plan la asistencia?

–Hoy en día las obras sociales y las prepagas tienen que cubrir esta problemática. Esto muchas veces no se sabe y muchas empresas de salud miran para otro lado o piden requisitos prohibitorios para los tratamientos. Estamos recalcando en el Proyecto que el Plan Médico Obligatorio tiene que cubrir las adicciones. Muchos de los padres de chicos con problemas de adicciones, aunque sean de bajos recursos, tienen trabajos en blanco: esos pibes tienen que ser atendidos por las obras sociales de los padres.
También se deben respetar los derechos contemplados en la ley de Salud Mental. Estos son: el respeto a la autonomía y la singularidad del paciente, que se evite su estigmatización, dar prioridad a los tratamientos ambulatorios y que la internación sea una medida extrema cuando la salud del paciente no pueda estar garantizada en otro ámbito.

–¿Por qué es importante salir del sistema de manicomización?

–Hay una realidad que es la ley de Salud Mental que tiene como meta ir cerrando los lugares monovalentes, los lugares de internación. Esto porque es un problema de salud y no de aislamiento. Por supuesto que hay distintas categorías de adicciones y niveles de gravedad, hay casos en que hay que internar porque deben primero desintoxicarse y tal vez tomar medicación mientras lo hacen. Lo que queremos es que los hospitales preparen sus lugares y tengan camas disponibles para recibir a personas que necesitan estar internadas por casos de adicción. Este es un punto importante del proyecto.

–¿Qué es el registro de efectores?

–No son muchos los lugares que atienden adicciones. El proyecto prevé también un censo de estos sitios (las granjas o casas), para ver cómo trabajan, tenerlos en cuenta, hacer extensivo un protocolo de atención. Pero también para evitar que ocurra lo que muchas veces se denunció sobre algunos, y es que tenían a los pibes en mal estado, o que cobraban pero no daban la atención prevista y se volvían un negocio más que un lugar de rehabilitación.