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El caso por las torturas a ex combatientes que rehusó investigar la Corte Suprema de Justicia se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La Corte ha convalidado la doctrina del punto final” y “perdió una oportunidad” dijo Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, durante la conferencia realizada en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

“Sabemos que el camino es largo”, dijo Orlando Pascua, otro de los ex combatientes. y agregó que durante el conflicto bélico “la mayoría éramos negritos, cabecitas negras, pueblos originarios y judíos” porque el objetivo era “blanquear a los traidores” recordando que “nuestros jefes torturaban en la ESMA”.

La presentación que formularon ante la CIDH pide se declare la “responsabilidad internacional” del Estado argentino por “la vulneración del derecho de acceso a la justicia y protección judicial”. Gerónimo Guerrero Iraola, abogado querellante del equipo jurídico del CECIM, aseguró que “la Corte detenta atribuciones que le hubiesen permitido inmiscuirse en el fondo del asunto, según lo afirmó la Procuración” y esa responsabilidad tiene que ver con que el “Poder Judicial es quien hace incurrir a todo el Estado en responsabilidad internacional”. 

También se destaca que en la causa hay más de 150 víctimas que llevan 33 años buscando justicia, remarcando que el Estado “tiene la obligación de investigar en aquellos casos en que existen indicios de que se han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Para terminar, Alonso se dirigió a los integrantes del máximo tribunal del país: “Quiero decirle a Lorenzetti, a Higthon de Nolasco, a Fayt y a Maqueda si se animan a mirar a los ojos y a escuchar los testimonios de los compañeros, necesitamos que se sepa la verdad”.

Robar para comer

Alberto Fernández vivía en Casilda, provincia de Santa Fe, y tenía 19 años el 5 de enero de 1982, cuando "entró” a la Fuerza Aérea. Tres meses después llegaría la noticia de la guerra con Gran Bretaña.  Formaba parte de la primera línea de Palomar. Tras el desembarco de tropas, el 2 de abril, el 9 llegó a las islas. Fue destinado junto con su grupo a cubrir el ala más al este para “defender esa zona”. “Llegué con las ganas de poder retomar las Islas que nos corresponden”, dice hoy a más de treinta años.

Los días pasaron y Alberto empezó a notar “la imprevisibilidad de nuestros mandos” pero sobre todo empezó a sentir el hambre porque no les daban provisiones. “Se robaba lo que se podía para comer”, ya eran los primeros días de junio de 1982.

Calcula que entre el 8 y el 10 de junio - no puede precisar una fecha exacta-, “salimos a buscar comida, era de madrugada, saco un paquete de masitas y un tarro de dulce de leche” cuenta Alberto que recuerda que donde sacó eso “había un montón comida”. Un oficial lo encontró, le apuntó con el arma y le hizo tirar todo lo que tenía: “Ahí comienza una historia distinta”, cuenta.

El oficial sólo dijo: “a la mañana va a tener su merecido”. “Me sentí avergonzado”, contó Alberto. Y dijo que al otro día el oficial lo llevó a la playa con una pala, le hizo cavar un pozo entre las trincheras y el mar, y le ordenó que se tirara ahí, sin armas: “Si ve a los ingleses, tírele con las piedras”, le dijo.

Alberto estuvo 24 horas en el pozo, con el oficial que lo vigilaba cada tanto. Salió de ahí con  “pie de trinchera” (el pie se hincha y no se siente). “Salgo de ahí y no tenía más ganas de combatir”. Días después fue la rendición de las tropas argentinas. Alberto recordó: “Seineldín nos hace cantar el himno nacional rodeados de ingleses; lo canté como nunca”.  “El 19 de febrero tuvimos una cachetada de la Justicia”, culminó recordando el fallo reciente de la Corte Suprema.

Cómo son los tiempos ante la CIDH

El pedido del CECIM ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó un “tratamiento preferencial” del caso por la cantidad de los que podrían sumarse y la importancia que representa: hasta el momento son 150 episodios.

Ahora comienzan a correr los tiempos del organismo internacional. Primero deberá admitirlo para ser tratado. En ese caso, la Comisión comenzaría con la investigación donde pueden realizarse audiencias públicas con los “peticionarios”, quienes presentaron el caso en el tribunal, y pedir distintas medidas.

En este camino, el caso puede llegar a un “acuerdo de solución amistosa”: cuando las partes acuerdan un reconocimiento, por parte del Estado miembro del organismo (en este caso Argentina) de la responsabilidad internacional por lo ocurrido.

En caso de que no se cierre este acuerdo, la Comisión realiza un informe final sobre el caso y decide si lo envía a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorteIDH) que es un tribunal internacional. En ese caso, el Estado enfrentaría un juicio internacional por “negación de justicia en la Justicia Argentina”.

La semana pasada encontraron en Clorinda, provincia de Formosa, el cuerpo de Javier Serrano, de 53 años, un ex combatiente que vivía en soledad en aquella provincia. “Vaya un homenaje a Javier Serrano”, dijo Ernesto Alonso y recordó, tal y como lo hacía Javier, que “le deben tres: las traiciones; a los compañeros y me deben las islas”.

GA/JC