Infojus Noticias

Los juicios por los temas de complicidad civil en el Terrorismo de Estado siguen recibiendo frenos en los tribunales federales. Los casos de Pedro Blaquier en Jujuy, de Vicente Massot en Bahía Blanca, y Papel Prensa en Buenos Aires, entre los más resonantes, despertaron la preocupación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Como respuesta a la dilación de los procesos, el fiscal general Jorge Auat, y la coordinadora Carolina Varsky, encabezaron una reunión de fiscales que intervienen en los juicios de lesa humanidad de todo el país para pensar nuevas estrategias judiciales. En el encuentro, además, se resolvió articular respuestas con los organismos de derechos humanos y otras agencias estatales de las diferentes jurisdicciones. En este sentido,  se programó una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social para el próximo 8 de abril.

Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, la reunión surgió por las inquietudes planteadas por los fiscales en relación a "una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país". Participaron el fiscal de Córdoba, Facundo Trotta; el de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz; el de la Unidad de Asistencia porteña, Martín Niklison, el marplatense Daniel Adler, el mendocino Dante Vega, el tucumano Pablo Camuña, el jujeño Pablo Pelazzo, el salteño Juan Manuel Sivila, la rosarina Adriana Saccone y el chaqueño Federico Carniel. Otros no pudieron asistir porque estaban participando en audiencias de juicios. También estuvieron la funcionaria de la Procuración General, Romina Ronda, e integrantes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

De acuerdo a lo que informó la Procuración General, la preocupación estuvo centrada en una serie de medidas adoptadas por jueces de instrucción, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país en los últimos días que "auguran tiempos de impunidad para quienes deben dar cuenta ante la Justicia por sus acciones”. Nombraron los casos más resonantes, como la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli;; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; y la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa.

Con ese panorama, los fiscales pidieron “afianzar los lazos existentes” con los organismos de Derechos Humanos y las querellas, con “el objeto de reforzar la comunicación en cada jurisdicción”. Por ese motivo, la Procuraduría anunció que promoverá la realización de jornadas abiertas a la comunidad en las que se discutirán los alcances, implicancias y la legitimidad de las resoluciones cuestionadas, en tanto que los fiscales participantes acordaron realizar encuentros regionales.

En la Mesa de Diálogo Institucional y Social, convocada para el próximo 8 de abril, se hará un diagnóstico con las demás agencias gubernamentales y los organismos de Derechos Humanos y querellantes, donde se elaborará una agenda compartida de trabajo. La constitución de la Mesa de Diálogo, que ya se reunió en Buenos Aires y en Tucumán, fue una de las iniciativas impulsadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al momento de crear la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Las conclusiones de ese encuentro serán propuestas como insumo de discusión en las jornadas de abogados y abogadas de lesa humanidad que tendrán lugar el 24 y 25 de abril, “aprovechando la resonancia y proyección nacional de los temas que allí se discuten”, según informó Auat.

JMM/AF