El Estado argentino pidió que se "revisen las decisiones equivocadas de los tribunales inferiores que pueden beneficiar a los fondos buitre. Es la última instancia antes de la conferencia del máximo tribunal para definir si acepta o rechaza tratar el caso, o si solicita opinión al gobierno estadounidense antes de emitir juicio.
El Gobierno nacional le pidió hoy a la Corte Suprema de Estados Unidos que “revise las decisiones equivocadas de los tribunales inferiores” que podrían beneficiar a los fondos buitre. En la nueva presentación, que encabezó el Ministerio de Economía, la administración central señaló que algunas de esas definiciones golpean la posibilidad de avanzar en el pago de la deuda reestructurada, que contó con la adhesión del 93% de los bonistas.
La posición de los fondos buitres que sostienen el reclamo obliga al país a pagar la totalidad de la deuda, que es lo que exige al minoría de tenedores de títulos públicos y que afecta la sostenibilidad de los dos acuerdos logrados en 2005 y 2010. “Estas decisiones violan la soberanía de la República Argentina porque pretende que se pague a los holdouts con reservas que gozan de inmunidad soberana”, advirtió Economía en un comunicado de prensa donde detalló el contenido de la presentación, que busca demoler las definiciones a favor del pago total de la deuda, como sostiene el juez Thomas Griesa.
Se trata de unos 1300 millones de dólares que reclaman los fondos NML y Aurelius, quienes en los últimos días sumaron nuevos apoyos a su posición: fueron un ex fiscal general y cinco ex jueces estadounidenses, quienes suscribieron un documento en el que rechazaron la posibilidad de que el Máximo Tribunal revise los fallos.
“Argentina reafirma su compromiso de continuar cumpliendo con los pagos de la deuda reestructurada y aceptada por el 93% de los acreedores”, indicó el comunicado de Economía y precisó que “contrariamente a lo que alegan los holdouts, su apelación ante las diversas instancias judiciales de los Estados Unidos no puede ser interpretado como la falta de voluntad de cumplimiento”.
La Corte Suprema debería expedirse en junio próximo. Allí definirá si concede o deniega la petición, o solicitar la opinión del gobierno de los Estados Unidos, que ya consideró que los fallos se basan en una errónea interpretación de la cláusula pari passu y que violan la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros.