El máximo tribunal estadounidense recibirá al equipo de abogados que defiende al país contra los fondos buitre. Es por una causa conexa al litigio principal de los bonistas. Los holdouts exigen conocer los activos de Argentina en el exterior.
El máximo tribunal estadounidense escuchará desde las 11hs a la representación argentina y a los abogados de los fondos buitre, para decidir sobre la causa “Discovery”. El expediente está conectado al juicio en el que los bonistas reclaman 1300 millones de dólares por títulos de deuda soberana que se fueron declarados en default en 2002. En esta causa conexa, los holdouts exigen conocer el patrimonio del Estado argentino en el exterior, para accionar sobre ellos.
El procurador general adjunto de Estados Unidos, Edwin Kneedler, utilizará diez minutos para explicar su rechazo a la decisión del juez Thomas Griesa de autorizar la búsqueda mundial de activos argentinos, ratificada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Argentina, con el apoyo del gobierno estadounidense, reclama que la Ley de Inmunidad Soberana limita el conocimiento de esa información.
La delegación Argentina está compuesta por el secretario de Finanzas, Pablo López; el secretario Legal y Técnico, Federico Thea; Matías Isasa, de la Unidad de Reestructuración de Deuda; la embajadora Cecilia Nahón; y el representante ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos. La asistencia legal está a cargo del abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary & Gottlieb.
Los fondos buitre que accionaron ante los tribunales de Estados Unidos son sólo el 7% de los tenedores de bonos con títulos en default. Se trata de grupos inversores especulativos que se negaron a ingresar a los dos canjes de deuda con que Argentina logró una reestructuración histórica y que es ejemplo en todo el mundo.
El litigio principal se centra en la interpretación de la cláusula “pari passu”, que establece un trato de igualdad para todos los bonistas. Argentina sostiene que se violaría el derecho de los bonistas que ingresaron al canje, si el Estado pagara lo que reclaman los fondos buitre, sin quitas y con todos los intereses. Los bonistas que canjearon sus títulos resignaron la mitad del capital y accedieron a esperar el cumplimiento de nuevos plazos. Si eso sucediera, los bonistas reclamarían la deuda original, y Argentina entraría en default técnico, ya que no cuenta con liquidez suficiente para afrontar esos pagos.
El consejero legal de Argentina en este caso contra los fondos buitre y ex procurador general de los Estados Unidos, Paul Clement, advirtió que si se mantiene la interpretación que los tribunales inferiores le dieron a la cláusula pari passu, “cambiará radicalmente el balance de poder en favor de los holdouts a tal grado que pondrá en peligro las reestructuraciones de deuda soberana voluntarias".
Si se le diera la razón a los fondos buitre, los países soberanos se verían persuadidos de no volver a emitir deuda bajo legislación estadounidense. A partir de eso, el fiscal general Donald Varrilli presentó dos amicus curiae en favor de la postura argentina, en base a la interpretación de la Ley de Inmunidad Soberana que protege la información de los bienes argentinos en Estados Unidos.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó esta mañana que el propio gobierno de Estados Unidos se presentó en favor de la Argentina, en su habitual conferencia de prensa. "Se trata de interpretar la ley de inmunidad soberana, en relación a los activos existentes en el exterior, y donde la Argentina ha logrado un apoyo sustantivo para respaldar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda", explicó Capitanich.