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Su significado es Rights Upon Future Offers.Es una cláusula que impide a la Argentina mejorar la oferta de los dos canjes a los bonistas que no aceptaron las propuestas de reestructuración de deuda. Esta condición vence en diciembre de 2014. El Gobierno argentino busca evitar que se dispare esta cláusula porque –como explicó el ministro Axel Kicillof- “implicaría  un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles”. Por su parte, los fondos buitre sostienen que es imposible que la cláusula RUFO se dispare y así lo remarcaron en la página web del Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés), su principal equipo de lobbie.  Ante ese planteo, Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO.

Un país entra en default cuando declara que no pagará la deuda externa,  sus liquidaciones o intereses porque no está en condiciones de afrontar ese gasto. La última vez que Argentina pasó por esto fue en 2001. Ayer era la fecha de vencimiento para el pago a los bonistas reestructurados en 2005 y 2010 que tienen bonos Discount. Argentina hizo ese pago, pero el juez Thomas Griesa congeló el dinero hasta que resolver la situación de los fondos buitre. Entonces, al no ejecutarse el pago,  la calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P) rebajó la nota de la deuda argentina de CCC- (es la calificación 19 en una escala de 22) a SD ("Selective default" en inglés). La característica de selectivo corresponde a que el cese de pagos está vinculado sólo a una serie de bonos. Este sería el paso previo a una calificación de default. En estas condiciones, Argentina niega haber entrado en cesación de pagos y acusa al juez Griesa de una situación "inédita" y "sin precedentes”. "Decir que Argentina está en default técnico, es una patraña absoluta", dijo Jorge Capitanich.

Es una medida cautelar que busca suspender la aplicación del fallo del juez Thomas Griesa que congeló el pago de 539 millones hecho por Argentina a los acreedores reestructurados. Jorge Capitanich ratificó el reclamo de la Argentina de avanzar en una reapertura del canje o en la instalación de un stay, ya que "la cláusula Rufo podría disparar una multiplicidad de juicios contra la Argentina", y además "la justicia de Estados Unidos no es confiable", dijo.

Es el encargado de pagar a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda por Argentina en 2005 y 2010. En su cuenta del Banco Central, el Gobierno depositó a fines de junio 539 millones de dólares. El fallo del juez Thomas Griesa congeló el depósito. Hoy en un comunicado, el BoNY confirmó que no efectuará el pago por bonos reestructurados de la deuda argentina situación que provocó que el país cayera en "default selectivo" según la calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P). El ministro de Economía, Axel Kicillof dijo en relación a esto: "Ese dinero está ahí, evidentemente si era un default no estaría ahí".

En 2005  y después en 2010 se realizó un proceso de canje de los bonos de la deuda externa caída en default. El 92,4 por ciento de los bonistas aceptó ingresar en esas reestructuraciones. A estos se los denomina holdin.  Los holdout son el resto, entre los que están los fondos buitre (tienen aproximadamente el uno por ciento de los bonos). Los fondos buitre se distinguen del resto de los holdouts porque compraron los bonos cuando la Argentina ya había ingresado en default y con el único objetivo de judicializar su cobro.