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El gobierno argentino  presentó esta tarde un escrito en el juzgado del juez neoyorquino Thomas Griesa, en el que le solicitó el restablecimiento de la medida suspensiva (stay) que le permita cumplir con el pago de los  próximos vencimientos ante los ahorristas que ingresaron a los canjes de deuda y, simultáneamente, iniciar negociaciones con los fondos buitre.

El escrito, presentado a las 14.40 (hora local, las 13.40 en Nueva York) ante el juzgado de Griesa, sostiene que "la República Argentina tiene la voluntad de negociar de buena fe y respetuosamente solicita una medida suspensiva de las medidas cautelares que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo denegociaciones, informó al agencia Télam.

 “Es esencial que el juez otorgue esta medida suspensiva para que Argentina pueda continuar pagando a los bonistas que entraron en la reestructuración” de los bonos en default, señaló esta tarde el ministro de Economía, Axel Kicillof.

“Argentina quiere pagar al cien por cien de los bonistas en condiciones equitativas, justas y legales”, subrayó el ministro Kicillof al sostener la argumentación central del pedido que se hará ante el juez de Nueva York. Esas tres últimas palabras –equitativas, justas y legales- fueron reiteradas tres veces en la breve conferencia de prensa que ofreció en el Ministerio de Economía.

Si se aplica la sentencia de Griesa, los fondos buitres NML Capital, Aurelius y otros –el 1 por ciento de los bonistas- podrían embargar los fondos que gire la Argentina a Estados Unidos para pagar al 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron a las reestructuraciones ofrecidas por la Argentina. Eso ocurriría el próximo 30 de junio, cuando llegue el momento de cancelar el pago de los títulos reestructurados en 2005 y 2010.

Las condiciones equitativas, justas y legales, que solicita el Gobierno, son las que permitirían avanzar en una negociación con ese 1 por ciento de los tenedores de bonos que no aceptaron ninguno de los dos canjes. Se trata de un grupo de fondos de inversión que compraron títulos de riesgo en el mercado y a precio de remate, y luego iniciaron el proceso judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El ministro Kicillof fue claro al explicar que esas tres condiciones de negociación no sólo tienen que ver con un problema de política económica local sino que es lo que establece la legislación vigente. Es que hacerlo por fuera de esos límites implicaría violar la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) que establece que no se puede pagar en mejor plazo y monto que lo que se acordó en las dos reestructuraciones de deuda.

Además, la negociación se propone teniendo en cuenta que pagar los 1.500 millones de dólares al contado que reclaman los fondos buitres habilitaría primero el reclamo del seis por ciento de los bonistas que no ingresaron a los canjes ni plantearon acciones legales. Eso generaría demandas por más de 15.000 millones de dólares, entre capital e intereses. Después, daría lugar al reclamo de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración, que incluyó una quita de la deuda del 65,6 por ciento.

 “Podría darse la paradoja de que por una sentencia legal, que favorece al 1 por ciento de los bonistas no se le pague al 92,4 por ciento”, señaló Kicillof casi al cierre de su exposición, que se realizó en medio de una jornada donde el mercado financiero valoró positivamente la decisión del Gobierno de pagarle a todos los bonistas: los títulos subieron hasta 18 por ciento.

El planteo que llevan los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP buscará frenar el avance que ya iniciaron desde el fondo NML, que la semana pasada solicitó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York levante el “stay” –la medida de no innovar aplicada- y deje el camino libre para los embargos.