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El canciller Héctor Timerman viajará mañana con destino a Nueva York para trabajar sobre la creación de un marco legal para los procesos de reestructuración de deuda en el seno de las Naciones Unidas. La propuesta argentina logró un gran respaldo de la comunidad internacional, pero no es el primer planteo que el país hace en ese sentido. Para la economista Noemí Brenta, “la necesidad de un marco regulatorio es absoluta”.

La especialista consideró que esta iniciativa se plantea hoy porque cambió el tipo de financiamiento de los países y porque los deudores ya no son los mismos. “Las mayores deudas están acumuladas en los países de la Eurozona”, explicó a Infojus Noticias. Y dijo que antes “el grueso del financiamiento externo era a través de los bancos” mientras que ahora “se centra en la emisión de bonos soberanos”.

Para la experta, la transformación en el modo de endeudamiento de los países abrió la puerta a que “pequeños grupos compren bonos vencidos y los traten de ejecutar por su valor nominal cuando el país entra en default”. Ante la aparición de los fondos buitre, “surge la necesidad de una doctrina y de un marco regulatorio nuevo”, explicó. Y advirtió que “los fondos buitre no nacieron de la nada, son hijos de la lógica de un sistema dominado por las finanzas internacionales”.

“Los buitres hoy forman parte de este sistema y son legales, por eso tienen acogida en los tribunales”, dijo Brenta. Y los definió como “la armada del status quo, son parte del terrorismo económico”. La economista recordó que los paraísos fiscales “están dentro del propio territorio británico y estadounidense, o son países que eran colonias o semicolonias de los países centrales”, e insistió en que allí tienen base “los grandes capitales, incluso surgidos de la ilegalidad”.

Consenso global por un orden financiero

El ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió al proyecto de regulación en la cumbre del G-20 en Australia, y consideró que “se necesita instrumentar un mecanismo internacional que solucione diferendos, pero que además permita que los ataques de los fondos buitre, que han sido feroces y lo van a seguir siendo, no puedan reproducirse”. En consonancia con el análisis de Brenta, aclaró que “esto implica un fuerte compromiso de todos los países del G-20 para no darles cabida y no darles incluso mayor poder de daño”.

“Estamos en una situación en la que hay países que no pueden pagar”, explicó Kicillof. Señaló que “donde hay una reestructuración hay un enjambre de buitres esperando para hacer un negocio como el que hicieron en Ecuador, en el Congo, en muchísimos países”. Y explicó que “en toda reestructuración de deuda aparece esta cuestión de la litigiosidad” de la que los fondos buitre sacan provecho.

Brenta dijo a Infojus Noticias que “como cambió el modo de endeudamiento de los países, es necesario una doctrina y un marco regulatorio nuevo”. Explicó que cambiaron los países que son deudores, porque la relación entre la deuda y la capacidad de pago de los países emergentes o periféricos “pasó a ser muy sostenible”, mientras se acumuló la deuda de los países de la Eurozona.

“Por eso esos países hoy se están inquietando, ahora los que corren peligro son ellos”, afirmó la especialista. Dijo que “están en riesgo de entrar en default y que su deuda caiga en las garras de estos especuladores”. Y resaltó que “tienen pánico porque estas deudas son mucho más grandes que lo que pueden pagar”.

La economista dijo que la iniciativa de un marco legal internacional para regular el endeudamiento “tiene un consenso político estratégico y es beneficioso para retomar el crecimiento y que las condiciones de endeudamiento sean más previsibles” y planteó que la utilidad de estos mecanismos “dependerá de hasta dónde se meta el cuchillo: las reformas tienen que ser profundas y reequilibrar el poder en favor de las fuerzas productivas”.

La doctrina Drago

No es la primera vez que el mundo escucha la voz argentina en el tema del endeudamiento de los países soberanos. A principios del siglo pasado ya había instalado una doctrina internacional sobre los límites en la exigencia de las deudas. Lo que comenzó como una carta poco ilustre para pedir la intervención de los Estados Unidos se convirtió en una doctrina jurídica en favor de la soberanía de los países.

Inglaterra, Alemania e Italia se habían aliado en un bloqueo naval a Venezuela a comienzos del siglo XX. El país del Caribe había acumulado una deuda impagable, y las potencias europeas exigían el cobro mediante una intervención militar. Por entonces regía la “doctrina Monroe”, una declaración estadounidense de que los asuntos de América debían dirimirse sin intervención de potencias extranjeras. Con esa afirmación, el país del norte también se erigía en guardián de los territorios de todo el continente.

Luis María Drago, como canciller de Julio Argentino Roca, envió una carta a los Estados Unidos exigiendo su intervención en el conflicto venezolano. Pero la respuesta fue que mientras no se cediera territorio en favor de los europeos, no iba a interceder para proteger la “inconducta” de los venezolanos. A pesar del contexto y de la negativa, la doctrina Drago fue incluida en la Conferencia de Paz de La Haya en 1907, de la que surgió un convenio sobre la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de deudas contractuales.