Franquismo: la ONU pidió a España que colabore con Argentina
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas le pidió a España que utilice “los estándares internacionales para llevar verdad, justicia y reparación”. La directora de Amnistía Internacional Argentina apoyó el pedido. La instrucción de la causa por los crímenes del franquismo está a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas le pidió a España que utilice “los estándares internacionales para llevar verdad, justicia y reparación” a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil en España. Fuentes judiciales creen que el pedido está dirigido a que colabore con Argentina en la investigación judicial, que ya alcanzó a 150 víctimas. “Ya es tiempo que el gobierno español cumpla con sus obligaciones internacionales, juzgando a los responsables y colaborando con la justicia argentina”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En el informe, Naciones Unidas destacó que “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”. En concreto, el plazo propuesto para que el gobierno español presente un cronograma en el que se indiquen las medidas de colaboración judicial es de 90 días.
El texto de Naciones Unidas incluye un gran número de recomendaciones dirigidas a los jueces, entre ellas, que se abran investigaciones de oficio de manera exhaustiva e imparcial más allá del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas.
En este sentido, Amnistía Internacional mostró su preocupación por el efecto que provocó la sentencia al único juez español que abrió una investigación por los crímenes del franquismo. Por tal motivo, desde Naciones Unidas insisten en que después de dicha sentencia “prácticamente ningún juez continuó o profundizó ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas”.
La organización consideró positivo el documento de la ONU, que dejó en claro que “la reforma sobre jurisdicción universal aprobada recientemente por el Gobierno español no puede ser una excusa para impedir que se abran investigaciones”, o para no colaborar en las que ya están siendo impulsadas, como la de la justicia argentina. Para Amnistía Internacional, “esa reforma supuso un duro golpe en la lucha contra la impunidad y un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos”.
En Argentina, la instrucción de la causa está a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. El 14 de abril de 2010, un grupo de familiares directos de víctimas de la sangrienta dictadura franquista radicó la denuncia. La presentación es extensible a decenas de miles de personas asesinadas desde el comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939) hasta el 15 de junio de 1977. La querella denunció a oficiales militares alzados de la falange española, en lo que "constituyó un plan sistemático generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma republicana".
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