Franquismo: presión internacional para que España extradite a los imputados
Luego de la medida adoptada por la jueza María Servini de Cubría, quien dispuso que Interpol concrete el "arresto preventivo" a 20 personas por los crímenes del franquismos, Amnistía Internacional pidió que España colabore con la decisión.
Sol Vazquez
La organización Amnistía Internacional celebró la decisión de la Justicia argentina, que ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el franquismo y el comienzo de la transición española. La jueza federal María Servini de Cubría dispuso que Interpol concrete el "arresto preventivo" a 20 personas por los crímenes del franquismo. La decisión contempla que, luego de las detenciones, se los extradite a la Argentina con miras a tomarles declaración indagatoria, entre ellos a los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
La magistrada hizo lugar a un pedido hecho la semana pasada por el fiscal de la causa, Ramiro González, luego de que ambos viajaron a España para tomar declaración a sobrevivientes, familiares de víctimas y recopilar documentación.
En este marco, y entre otras organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional pidió al gobierno español que colabore expresamente con la justicia argentina, como lo establece Naciones Unidas, para la extradición de los 20 imputados.
La organización internacional de derechos humanos reiteró que "es fundamental que España coopere con Argentina y cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas, para que se puedan llevar adelante los interrogatorios y que la causa avance". España se negó a colaborar el año pasado en la extradición solicitada por Argentina de Juan Antonio Gonzalez Pacheco, Billy el Niño y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar.
"Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohíbe y condena, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, sometimiento a trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad", expresó Amnistía en un comunicado de prensa.
A la hora de argumentar su postura, la organización citó un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que presentó un duro documento en el que lamentó la situación de impunidad existente en España, "donde no existe ninguna investigación judicial en curso ni ninguna persona condenada". Destacó, además, los obstáculos que el propio Estado está poniendo a las familias de las víctimas.
En este sentido, el informe aseguró, que "desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometida durante la Guerra Civil y la dictadura". Dijo también que "estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil. El Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado global, coherente y permanente".
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