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“La justicia argentina cumple una obligación internacional al iniciar este proceso”,  explicó a Infojus Ana Messuti, abogada querellante por crímenes de lesa humanidad del franquismo, que se investigan en la Argentina. “La jurisdicción es universal porque los delitos como el genocidio son internacionales”, subrayó desde España. Y explicó que existe una coherencia y continuidad entre los juicios contra los represores de la dictadura militar argentina y la querella presentada contra ex funcionarios de Franco en el juzgado de María Servini de Cubría. Ahora se prevé que un contingente de víctimas vuele a Buenos Aires a fin de mes para prestar declaración directamente ante la jueza.

 

Servini de Cubría instruye en Buenos Aires la causa abierta a raíz de la querella que se presentó por "delitos de genocidio yo lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. Abarca el periodo entre julio de 1936, fecha de la sublevación militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. La causa fue abierta en Argentina en virtud del principio de justicia universal y a ella se unieron muchas víctimas del franquismo después de que el juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso, fuera inhabilitado el año pasado.

 

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno español que no obstaculice la investigación. También varios partidos españoles de izquierda solicitaron la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, en el Parlamento español para que explique la posición del Gobierno de España en este asunto.

 

Ayer la jueza iba a escuchar a los primeros tres querellantes por crímenes de lesa humanidad durante franquismo. A último momento una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores español llegó a la embajada argentina en Madrid, pidiendo que se detuviera el proceso. El argumento decía que se estaba incumplimiento un tratado bilateral de cooperación y asistencia jurídica entre ambos países. Lo que pasó ayer, reflexionó Messuti, “revela la importancia que tiene para España obstaculizar este proceso. A las víctimas ya le cerró las puertas el Supremo Tribunal y al juez Baltasar Garzón le cerraron la boca en 2009.”

 

A su vez, Servini explicó que había recibido un llamado a las 8 y media de la mañana. Faltaba solo media hora para que se diera inicio a las videoconferencias. La jueza explicó que estaba en su despacho “a fin de recibir las declaraciones testimoniales” y que recibió “un llamado del embajador argentino en España, Carlos Bettini”. El gobierno español hacía saber su descontento y malestar por el procedimiento que se utilizaría para recibir los testimonios. Dijeron que no cumplía “con las formas establecidas” y advirtieron que “de realizarse las videoconferencias podrían declarase nulos los testimonios y afectar los derechos de los ciudadanos españoles” Y ponía sobre aviso que ese mismo ministerio realizaría una queja “por escrito”. 

 

Hoy, la abogada querellante explicó que la interpretación que se había hecho del procedimiento era equivocada. “El tratado es de asistencia y cooperación entre dos jurisdicciones. Nosotros no pedimos asistencia al Estado español porque el consulado es territorio argentino y el juzgado es argentino, por lo tanto es una sola jurisdicción”.     

 

La historia de los aplazamientos había empezado el 25 de abril cuando los querellantes, que estaban citados por la jueza María Servini de Cubría, llegaron al consulado argentino y nadie los esperaba. Les dijeron que no habían recibido ninguna noticia de las diligencias. Los abogados tuvieron que realizar gestiones desde Buenos Aires para poder lograr una nueva fecha de audiencia. Se la fijó para ayer. 

 

“Los declarantes recibieron la suspensión horriblemente”, contó Messuti. “Aunque es gente muy curtida en este tipo de trato por la justicia española.” Estaba la hermana de Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por la dictadura franquista. Acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, Puig Antich fue ejecutado en marzo de 1974 por el verdugo titular de la Audiencia de Madrid. La abogada contó que “Merçona, la hermana, estaba muy emocionada por declarar ante un juez y decir cómo habían asesinado a su hermano con ese método de la Edad Media”.

 

También se esperaba el testimonio de Fausto Canales, de 83 años, hijo de Valerio Canales, desaparecido en 1936. Después de la noche del 20 de agosto de ese año, cuando fue secuestrado de su casa por un grupo de falangistas, Fausto no volvió a ver a su padre. Se supone que pertenece al grupo de “las fosas”, nombre con el que se conocen los enterramientos colectivos de fusilados del primer franquismo. “Tenía 6 años cuando quedó huérfano –contó la abogada-. Y tuvo que ir a mendigar a otro pueblo porque en el suyo nadie le daba nada por ser hijo de un rojo”

 

El último en declarar iba a ser Pablo Mayoral, que fue torturado y condenado a muerte por el consejo de guerra de Madrid, el 11 de septiembre de 1975. Esperó su ejecución durante un año hasta que finalmente fue liberado. “Intentamos que los testimonios pudieran mostrar todo el franquismo –explicó Messuti–. Y eso requirió una preparación previa muy importante. Ahora no sabemos cuánto tiempo tendrán que esperar hasta declarar frente a la jueza”. 

 

Está previsto que un contingente de víctimas del franquismo vuele a Buenos Aires a fin de mes para prestar declaración en el juzgado de Servini. Aunque está en duda como se hará con las personas mayores, a las que podría costarles realizar el viaje en avión. 

 

La semana pasada la jueza recibió más de cinco mil firmas en apoyo a la querella interpuesta en Argentina. “Estamos tranquilos porque tenemos acompañamiento  institucional. Muchos diputados españoles nos apoyan y en el País Vasco hay cuarenta ayuntamientos que se mostraron solidarios con la querella. Vamos abriendo la brecha de la impunidad poco a poco”, concluyó Messuti.