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El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, impuso medidas cautelares y les quitó los pasaportes al ex inspector de Policía Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, “capitán Muñecas”. El magistrado les prohibió salir del país después de tomarles indagatoria, mientras se tramita su extradición a Buenos Aires.

Pacheco y Muñecas Aguilar, ex mandos policiales españoles franquistas, tienen una petición de extradición de la Justicia argentina, que los reclamó para juzgarlos por delitos de torturas cometidos en los últimos años del franquismo. En la indagatoria, el juez les informó de los hechos por los que los reclama Argentina- torturas cometidas entre 1971 y 1975 contra trece personas en el caso de “Billy el Niño”, y una persona en el caso del ex guardia civil, en 1968- y les preguntó si aceptaban ser entregados. Tanto González Pacheco, de 67 años, como Muñecas, de 74, se negaron a ser extraditados a Argentina.

En consecuencia, el magistrado Pablo Ruz retiró a ambos los pasaportes y les prohibió salir de España mientras se tramita su extradición a Argentina. De ese modo, acordó su libertad provisional tras imponerles la obligación de realizar comparecencias semanales en su juzgado o en el más cercano a su domicilio y de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio en el que puedan ser permanentemente localizados.

González Pacheco y Muñecas Aguilar, que se ocultaron el rostro con una bufanda, anteojos negros y una gorra a su salida del tribunal, son investigados por la jueza argentina María Servini de Cubría, que el 18 de septiembre dictó una orden de captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a los niños robados a sus familias durante la dictadura franquista.

El juez acordó la libertad provisional para los dos con las medidas cautelares que había solicitado el fiscal: retiro del pasaporte, prohibición de salir de España, la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado y obligación de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se reformara su situación. El objetivo es que no puedan sustraerse a la acción de la justicia mientras se decide si se procede a su extradición.

Sus respectivos abogados, en el trámite de rechazo a las medidas cautelares impuestas, destacaron que “están perfectamente localizables en España, donde tienen arraigo”, y argumentaron que las imputaciones que se les formulan estarían prescritas y afectadas por la Ley de Amnistía de 1977.

Sin embargo, la posición de la Fiscalía respondió a evitar que los dos reclamados pudieran fugarse mientras se resuelve su extradición.  En ese sentido, el juez les impuso las citadas medidas cautelares para " impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial internacional". En los autos de imposición de dichas medidas, el magistrado recordó que el delito de torturas es castigado tanto en Argentina (con una pena de entre 8 y 25 años de prisión), como en España (con hasta 6 años de cárcel), y que los dos reclamados se han negado a ser extraditados, lo que hubiera acelerado la entrega.

Además, señaló que continúa vigente la orden de detención internacional dictada por la jueza María Servini de Cubría contra ambos el pasado mes de septiembre. Aunque la Fiscalía no pidió prisión para ninguno de ellos, Ruz destacó al respecto que los dos tienen arraigo familiar, social y de residencia en España.

Tras la decisión del juez Ruz, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que acuerde, en los próximos meses, si procede o no la extradición. Si no la concede, sería una decisión vinculante para el Gobierno, pero si autoriza la entrega, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra y podrá no llevarla a efecto.