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El desafío político e institucional es que las herramientas para combatir el lavado de dinero cumplan sus objetivos. Sobre esa base, el sistema judicial debe cambiar y modernizarse y para ello es necesario un nuevo Código Procesal Penal, que facilite la investigación y castigo de la criminalidad económica, que es compleja y sofisticada. “Frente a la criminalidad económica se hace imperioso atacar los bienes”, sostuvo el subsecretario de Política Criminal del  Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena, al completar las líneas centrales del encuentro que comenzó hoy, y finaliza mañana, para capacitar e informar a funcionarios y operadores de bolsa sobre la prevención del lavado de activos.

“Frente al delito organizado, al delito complejo de la criminalidad económica que no reconoce fronteras ni legislación, se hace imperioso atacar los bienes. Y hay que atacar los bienes para desfinanciar las organizaciones criminales. A eso está orientada la estrategia de la UIF y de todas las áreas que están involucradas en esta temática”, señaló Mena en la apertura de la “Jornada sobre Prevención en Lavado de Activos y la Cooperación Internacional”, que organizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Embajada de Francia.

Mena destacó el proceso de adecuación de la normativa para prevenir el lavado de activos, que se hizo a partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que permitió salir de la “lista gris” del organismo. Se trata de una estructura compuesta por 34 estados y dos organizaciones internacionales, que se creó en 2000. “Nos planteamos un plan de acción ambicioso y nos decían que estábamos mintiendo pero en la última reunión del GAFI reconocieron nuestro trabajo”, indicó.

“La modificación del Código Procesal Penal no es una medida aislada sino que forma parte de esta estrategia de combatir la criminalidad económica de una manera más eficiente. El diagnóstico actual muestra que el sistema  penal argentino, que tiene interpretaciones jurídicas excesivas y los jueces y los fiscales no logran comprender cómo abordar estos temas, la reforma procesal penal viene a echar luz sobre eso. El diagnóstico es aterrador”, afirmó Mena ante más de doscientos asistentes, entre funcionarios, abogados y operadores de bolsa.

Mena, como lo hizo también el coordinador de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, sostuvo que Argentina tiene una “justicia que es lenta e ineficaz”. Y subrayó: “En el 99 por ciento de los casos está abocada a combatir la criminalidad torpe, la criminalidad burda, el delito que se encuentra casi sin querer. Y ése es el único delito que pasa por el sistema penal”.

El titular de la UIF, José Sbattella, detalló que los cambios legislativos realizados desde 2009 permitieron pasar de tener 350 instituciones o personas físicas adheridas al sistema de prevención a 35 mil. “Están conectadas on line y deben reportar operaciones sospechosas o inusuales y por eso pasamos de 1500 reportes estamos en 40 mil”, detalló.

“Ahora debemos minimizar el riesgo. Todo este desafío empieza desde que estamos en una situación normal en el GAFI y requiere una organización social superior, tanto en el Estado como  en  el sector privado. Es un sistema de policía público y privado”, explicó Sbattella y definió: “Se combate contra un esquema de poder que llamó la atención en el mundo hace veinte años”.

Al abrir la reunión, casi en la presentación, el primer consejero del Embajador de Francia, Marc Flattot,  felicitó al Gobierno nacional porque el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, fue electo vocal por las Américas del Comité Ejecutivo de Interpol. Es el resultado “del reconocimiento al dinamismo argentino en la cooperación internacional” y también destacó la “salida de la lista gris” GAFI.

Después de esa apertura, que completaron Mena y Sbattella, el asesor de la UIF, Pablo Chena, detalló los procedimientos para descubrir y fundamentar ante la Justicia la existencia de una red delictiva. Utilizó como ejemplo el caso del narcotraficante colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, que investigó la UIF y permitió desmantelar una organización criminal y embargar bienes por 620 millones de pesos en Argentina y 500 millones de dólares en Colombia.

La pesquisa incluyó el seguimiento de la estructura económica, que incluía 35 sociedades comerciales y 98 personas físicas, y la forma en la cual circulaba el dinero para generar un  proceso de blanqueo. El resultado, además de los bienes embargados, se tradujo en 27 procesados –diez de ellos detenidos-  por lavado de dinero y 16 procesados -12 de ellos detenidos- por narcotráfico. “Para esta tarea es muy importante el intercambio de información entre las UIFs de los distintos países y de los organismos de cada país”, destacó Chena.

El cierre de esa primera etapa fue para Gonella, quien llegó un poco apurado y terminó de organizar su presentación sobre la hora.  “Disculpen la demora pero estábamos haciendo una cuevita por eso llegué tarde”, dijo mientras conectaba su disco rígido portátil a la computadora. Fue el prólogo de una presentación donde abordó un caso testigo de lavado de activos que conectaba a Argentina con Europa pero que estuvo plagado de críticas al sistema judicial.

"Los responsables de estos delitos son profesionales,  que viven en barrios privados y gozan de cierto prestigio social.  No son percibidos socialmente como delincuentes y por eso las cárceles están llenas de pobres. En eso la justicia tiene una deuda”, sostuvo Gonella antes de detallar la estructura de la Procelac y explicar cómo funcionan algunas organizaciones criminales.