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En una entrevista publicada por el diario Página 12, la jefa del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, calificó como “una causa armada” la que acusa al fiscal Gonella. Dijo, en este sentido, que “cuatro testigos, que son nada menos que los secretarios de la fiscalía de Guillermo Marijuán, declararon que no recibieron orden de Gonella de excluir a Lázaro Báez de ninguna imputación”.

“En base a la información producida también por Gonella fue que Marijuán luego pudo imputar a Báez”, indicó.
Gils Carbó enfatizó “el sesgo” de que “solo acusen a un fiscal y no a otro”, e hizo hincapié en que “se produce justo cuando se reforma el Código Procesal hacia un sistema acusatorio”.

“No es cualquier reforma: desconcentra el poder absoluto que tenía el juez de instrucción y se orienta a dar una total transparencia al proceso penal. Hasta hoy vivimos procesos oscuros y largos. En un sistema acusatorio el fiscal, el defensor y la víctima llevan sus pruebas y se muestran en una audiencia pública”, explicó.

Además dijo que otra “hipótesis” es que “la persecución sea por la actividad del propio fiscal Gonella”, que investiga delitos de lavado de dinero, que incluyen “cuentas suizas, irregularidades en el BNP Paribas”, entre otras, como las investigaciones sobre “las cuevas y los delitos cambiarios que sirvieron a la manipulación del valor del dólar, que siempre fue un gran negocio para quienes quieren obtener ganancias sin producir”.

“Otra de sus investigaciones apuntó a las conexiones argentinas de José Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular español que terminó preso. La denuncia de Gonella fue desestimada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi”, añadió.

“Algunos grupos de poder quieren disciplinar al que lucha contra el lavado de dinero para que no investigue más”, sentenció Gils Carbó, y citó como ejemplos de grandes estafas sin condena a “la entrega de recursos naturales no renovables, el vaciamiento de la aerolínea de bandera, el sobreendeudamiento del país con dólares que encima no vinieron para el desarrollo, el quiebre del sistema bancario, el vaciamiento del patrimonio social de la Argentina”.

Por otra parte, dijo que "el nuevo paradigma debiera ser uno donde la corrupción judicial sea atacada”,en referencia a los cambios en el Consejo de la Magistratura. “El Consejo  estaba paralizado. Como fiscal general hice graves denuncias contra jueces. No eran investigados, siguiendo con un corporativismo peligroso para la sociedad. Ese corporativismo partió del grupo corporativo de jueces que ocupan sitios en el Consejo. Tengo esperanza de que esa situación cambie a partir de la nueva presidencia del organismo”, detalló. Y habló de “mantener un alerta”, ya que “debería haber mayor interés político en examinar más la conducta de jueces que son corruptos".

“Hay gente que aparece como abanderada de la lucha contra la corrupción y no tiene la misma conducta en materia de delitos económicos”, dijo la procuradora, para recordar que “en la dictadura casi nadie hablaba de que los jueces debían ser independientes. En los ‘90 tampoco”. Y concluyó que la cuestión a discutir no es sólo "la independencia” de los jueces sino “la dependencia respecto de los poderes fácticos y corporativos”.