La procuradora general de la Nación y la titular del Ministerio Público de la Defensa asistieron ayer a una audiencia con los integrantes de la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. La Comisión tiene en estudio cinco proyectos de ley para poner en marcha el Código aprobado por el Congreso.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, asistió ayer a una audiencia con los integrantes de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. En ese marco, la funcionaria expresó que es “necesaria una base legal y material para superar la inercia de un Código Procesal Penal ya perimido”. La titular de la Defensoría General, Stella Maris Martínez, también respaldó la iniciativa del oficialismo al afirmar que se trata de un “logro muy importante”.
Las funcionarias fueron convocadas por la Bicameral que tiene en estudio cinco proyectos de Ley que servirán para poner en marcha de manera definitiva el nuevo Código Procesal Penal, sancionado por el Congreso el año pasado. En el salón Azul del senado, Gils Carbó aseguró tener una “opinión favorable” del proyecto impulsado por el oficialismo, aunque reclamó algunas reformas.
Entre otras, mencionó que el Fiscal Coordinador de Distrito debe ser del lugar donde se llevó a cabo el delito para que “siga el trámite”. Sobre los fiscales de distrito, elogió que vayan a ser “27, uno por cada provincia y cinco para la provincia de Buenos Aires”. “El proyecto tampoco define quién va a ser el fiscal revisor cuando una causa vaya al archivo”, puntualizó la procuradora, para luego pedir que se “establezca una rotación”.
Asimismo, reclamó que debe crearse una sección especial dentro del Ministerio Público Fiscal para investigar los delitos de apropiación de menores que “debe funcionar hasta tanto se descubra el último nieto recuperado”.
Gils Carbó sostuvo que cuando se hizo cargo de la Procuración realizó un “relevamiento” para conocer las “limitaciones legales” a las que se veía sometido el Ministerio Fiscal, entre las que señaló la “indecisión” sobre si el delito era perseguido por las fuerzas policiales o por los fiscales.
“El modelo de Ley vigente fue dejado atrás por la mayoría de las provincias de la Argentina que adoptaron el sistema acusatorio y que es el mejor modelo para combatir al crimen organizado”, reconoció. En ese sentido, reveló que “el Ministerio Público Fiscal se prepara para asumir el sistema acusatorio desde hace dos años”, tras lo cual mencionó que “la lucha contra el crimen organizado” dio “golpes organizados contra la corrupción policial que estaba asociada al narcotráfico”.
También la Defensoría
Antes que la procuradora, fue el turno de la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, agradeció que en la Ley Orgánica de la Defensoría General se incluya como parte de su trabajo a “los derechos humanos” porque “somos defensores penales, pero nuestra defensa es integral”. Martínez ponderó, que la Ley establezca la “autarquía financiera” de la Defensoría “con un presupuesto fijo del 0,60 por ciento del Presupuesto Nacional”. No obstante, la Defensora General opinó que el Defensor de Coordinación creado por la nueva Ley Orgánica “tiene demasiadas funciones” y, por lo tanto, “se va a meter en el trabajo de los otros defensores”.
“Es un proyecto positivo para el Ministerio de la Defensa. Va a significar un paso adelante y va a consolidar una defensa independiente”, sentenció. La Comisión Bicameral continuará con las audiencias el próximo martes, con la presencia de funcionarios de la Justicia y de representantes del gremio de judiciales.
TELAM/JC