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El gobierno porteño, a través de Dirección General de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, emitió una disposición que obligaba a los trabajadores a pedir autorización para realizar asambleas gremiales y realizarlas fuera del horario laboral. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que hoy realizó una audiencia al respecto.

“Estaba en una reunión social cuando se acercó una mujer de 70 años. Me dijo que había concurrido a un Banco Ciudad pero estaban tapadas las cajas porque había asamblea”. Así quiso justificar el funcionario macrista, Carlos Alberto Lelio, titular de la Dirección General de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del gobierno porteño (dependiente del Ministerio de Modernización), la Disposición DI.2012-40 que intenta “limitar” la actividad sindical.

 “Lo que quisimos hacer fue armonizar el derecho de los trabajadores con el de los ciudadanos” explicó Lelio durante la audiencia realizada en la sede que máximo tribunal de la ciudad tiene en la calle Cerrito al 700. La disposición a la que hace referencia establece entre otras cosas, que los trabajadores del estado (de la ciudad) deben pedir autorización  72 horas antes para realizar una asamblea y esta sea evaluada para “no entorpecer el normal funcionamiento de las tareas”.

Ante esto, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) demandó al gobierno porteño por la prohibición de realización de asambleas en lugar de trabajo. Presentó ante el TSJ una acción declarativa de inconstitucionalidad que ahora realizó la audiencia. La jornada comenzó con el intento del mismo Lelio de suspender la misma ya que presuntamente desde el gobierno de la Ciudad están en negociaciones con los gremios por este tema y la disposición había sido suspendida. La suspensión fue aceptada por el representante fiscal, Luis Cevasco (fiscal general adjunto de la ciudad) pero los jueces del tribunal no lo aceptaron ya que la “norma sólo está suspendida por sus efectos”.

El primero en tomar la palabra fue Diego Morales, del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) que se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) en el expediente. Tras explicar que en el caso se trata una “cuestión central en la libertad sindical”, Morales sostuvo que “las reuniones en los lugares de trabajo son elementales” y la disposición está “afectando una norma de carácter federal”. Así, el representante del CELS,  ubicado en el medio de la sala de audiencias ubicada a un costado de la entrada principal del edificio, sostuvo que la disposición “está poniendo un límite y la posibilidad de prohibición”.

Horacio García, apoderado de la CTA, realizó un recuento de la legislación para el caso y luego fue concreto: “el ejercicio del sindicato sólo puede ser reglamentado por las leyes dictadas por el Congreso”. “Los derechos de reunión y asamblea”, continúa García, “fueron abiertamente soslayados con la disposición 40/12”, dijo. Por lo que pidió a los jueces declaren la inconstitucionalidad de la misma.

Por su parte, el Fiscal General Adjunto porteño, Luis Cevasco se mostró próximo a la posición del gobierno de la ciudad al considerar que “no existe colisión normativa” y que se trata sólo de “algunas pautas” que “no limitan, ni cercenan la libertad sindical”. “Parece una exageración”, concluyó el fiscal sobre la presentación de la central de trabajadores.

Luis Lozano, Ana María Conde, Inés Weinberg de Roca, Alicia Ruiz y José Casas, integrantes del máximo tribunal porteño, escucharon atentamente las exposiciones y tomaron nota. Ahora dentro de los 80 días deberán tomar una resolución final.