El fiscal antilavado presentó hoy la apelación contra el juez federal Claudio Bonadio. Remarcó la “arbitrariedad” en el comportamiento del magistrado. En la presentación, la Defensa Pública Oficial entendió que toda restricción “no sólo resultaría ilegal sino que atiende a un efecto meramente punitivista”. Y que “viola el principio de igualdad y de inocencia".
El fiscal antilavado Carlos Gonella presentó hoy la apelación contra la medida del juez federal Claudio Bonadio que lo declaró en rebeldía por no presentarse ayer a la indagatoria a la que fue citado, en el marco de la denuncia de la jueza María Gabriela Lanz por violación de secretos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El titular de la Procelac, expresó en declaraciones radiales que él está a derecho como siempre y apuntó a Bonadio: “Estoy convencido que ya tiene el procesamiento escrito”.
El defensor oficial Gustavo Kollmann, que brinda patrocinio letrado a Gonella, fue quien apeló ante la Cámara de Apelaciones la resolución de Bonadío. En la presentación, la Defensa Pública Oficial entendió que toda restricción “no sólo resultaría ilegal sino que atiende a un efecto meramente punitivista” y “viola el principio de igualdad, de inocencia y el derecho a la libertad durante el proceso”. Y que, además, coloca al juez que la decretó “en una conducta que incluso sería violatoria de las inmunidades previstas para la función” de fiscal general que ejerce Gonella.
En la impugnación, el titular de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Capital Federal señaló que la resolución del juez Bonadío “restringe arbitrariamente el derecho a la libertad ambulatoria” del fiscal Gonella y destacó que su defendido “ha permanecido siempre a derecho en las presentes actuaciones desde que tomó conocimiento de las mismas, razón por la cual no se encuentra en situación de rebeldía”.
Además, la apelación aclara que Gonella “se presentó el día y hora citados por derecho propio a través de un escrito, ratificando que se encontraba a derecho pero señalando que al mantenerse las condiciones de hecho y de derecho vigentes es que no se presentaría para llevar a cabo la audiencia indagatoria”. La Defensa Oficial también hizo mención que Gonella cumple a diario sus labores en dependencias de la Procuración General de la Nación, como así también reside junto a su familia en la ciudad de Buenos Aires
“Siendo ello así –continúa el defensor oficial- resulta arbitrario e infundado sostener que Gonella ha incomparecido ‘sin graves y legítimos impedimentos’”. "Estamos ante un juez parcial y arbitrario"
“Nos hemos presentamos ayer a las 9 con mi defensor público ante el juez ratificando que estamos a derecho, pero haciéndole saber que no nos íbamos a prestar al acto de indagatoria porque existen tres decisiones pendientes de decisión por instancias judiciales superiores”, explicó Gonella en declaraciones a radio Vorterix. Y agregó que los recursos presentados ante tribunales superiores fueron para cuestionar el “accionar arbitrario del juez: no nos ha dado acceso a la prueba, no le ha permitido a mi defensor participar de testimonios que se han tomado por lo que pensamos que estamos ante un juez parcial y arbitrario como ha sido arbitraria la decisión de ayer”, explicó.
“No están dadas las condiciones para presentarme a una indagatoria hasta que estas cosas se resuelvan. La ley me da el derecho de recurrir y hasta tanto no estén resueltas las apelaciones no vamos a comparecer a la indagatoria”, dijo Gonella.
Tres planteos pendientes de resolución
Gonella hizo especial hincapié en la necesidad de que se terminen las instancias de apelaciones y recursivas antes de presentarse a indagatoria. “He recusado al juez Bonadio por cuestiones que me involucran a mí personalmente. Hay tres planteos pendientes de resolución. La recusación no está firme porque hemos presentado un recurso de Casación, si me llegan a dar la razón todo lo actuado por este juez es nulo”, explicó.
Además, para graficar la mirada que tiene sobre Bonadio dijo: “Es una ingenuidad pensar que si me siento a dar las explicaciones a un juez que se caracteriza por sus arbitrariedades, me va a escuchar. Estoy convencido que ya tienen el procesamiento escrito. Me ha declarado rebelde cuando yo no estoy rebelde, no es mi situación yo me presenté ayer en Comodoro Py y después estuve en mi despacho trabajando y estuve hablando en los medios todo el día, por lo tanto mi situación no se ajusta a la figura de rebeldía que la ley prevé”.
La juez que impusa la denuncia
La jueza Lanz, impulsora de la denuncia que motivó la causa, está imputada en una investigación por lavado de dinero del narcotráfico. Su pareja, Valentín Temes Coto, fue condenado a 20 años de prisión por el envío de tres toneladas de cocaína a España camuflado en cargamentos de manzanas. Gonella y el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff imputaron a treinta personas del entorno de Temes Coto. La denuncia se publicó en el portal Fiscales, de la Procuración General, y Lanz denunció que la divulgación de esa información es ilegal.
“La denuncia en sí es un disparate. Lo que se publicó fue el pedido de indagatoria de la jueza y de treinta personas más por vínculos con un narcotraficante condenado a 20 años de prisión. Por publicar esa información en un portal de noticias oficial del Ministerio Público se está criminalizando a los fiscales que investigan el lavado. Se nos criminaliza por difundir información de investigaciones sobre lavado en la que hay funcionarios públicos”, remarcó Gonella y apuntó a Bonadio como responsable de que una denuncia de ese tenor haya prosperado: “Es un disparate y esta denuncia debió haber sido descartada de plano. La primera gran arbitrariedad de este juez es haber hecho que esta causa prospere”.
En este mismo sentido, Gonella recordó la jurisprudencia que acompaña y protege el derecho a la información y la necesidad de que los actos de los funcionarios públicos sean dados a conocer. “Hay fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que garantizan el derecho a la información. Los funcionarios tenemos muy poco margen de privacidad y tenemos que ser sometidos, no solo a que se nos investigue judicialmente sino a que esa información sea brindada a la prensa”, concluyó.