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“Había miembros del directorio del ente regulador que no sabían de telecomunicaciones, y hasta creería que no sabían ni discar”, disparó el testigo Raúl José Otero en el quinto juicio que afronta la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray por la presunta transferencia irregular de 214 hectáreas que pertenecían a la ex ENTEL. Las tierras quedaron en manos de la empresa Telecom, a principios de los ’90. Otero fue uno de los siete testigos convocados para aportar su testimonio hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº 6.

En el proceso también están imputados Ricardo Jaime Fox, ex gerente de contralor y auditoría de la ex ENTEL; y Gustavo Albano Abreu, que firmó la escritura de transferencia de los terrenos en nombre del Estado Nacional. Varios testigos señalaron a Fox como “un colaborador cercano” de la ex interventora de la telefónica estatal.

Otero fue el primer testigo en declarar. Entre el ’89 y el ’92 estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones, y después pasó a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Antes, se había desempeñado como administrador general de ENTEL. Es ingeniero en telecomunicaciones. Su desembarco primero como asesor de gabinete de la Secretaría de Comunicaciones y luego su designación como secretario tuvieron que ver con que nadie en esa dependencia tenía conocimientos técnicos de esa temática.

Otero está jubilado. Tiene 78 años y un severo problema de audición. Tuvo que ponerse de pie y acercarse hasta el estrado para poder escuchar las preguntas del tribunal, integrado por José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Juan Giudice Bravo. El abogado querellante, de la Oficina Anticorrupción, Juan Carlos Duré, se sentó a apenas un metro de Otero para interrogarlo, y lo mismo tuvo que hacer la fiscal Sabrina Namer. En varias oportunidades debieron repetirle las preguntas.

Humberto Garuti, el segundo testigo, también tenía problemas para escuchar, pero bastó con subir el volumen de los parlantes. También ingeniero en telecomunicaciones, estuvo a cargo de la Gerencia de Transformación Empresaria de ENTEL hasta que se realizó la adjudicación de las partes a las distintas empresas licenciatarias. Se jactó de haber sido de los pocos funcionarios del área que no pasó a integrar el directorio de ninguna empresa privada. Golpeó la mesa con el puño cerrado y protestó: “hasta me deben plata”.

Garuti participó en la confección de los pliegos de transferencia de equipos y componentes que serían traspasados a las empresas licenciatarias, pero negó haber intervenido en cualquier cesión de bienes inmuebles. Cuando le acercaron expedientes de aquella época en los que se reseñaba la transferencia de tierras de las distintas instalaciones de ENTEL y Radio Nacional, se mostró sorprendido y dijo que era la primera vez que los veía. “Estoy curioso de estos documentos”, sostuvo mientras los revisaba.

Tres condenas, pero en libertad

Con cuatro juicios terminados, María Julia fue condenada en tres oportunidades, pero continúa en libertad porque las sentencias están siendo revisadas por instancias superiores. En 2004, la condenaron a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito. Por esta causa estuvo detenida y la Justicia remató su petit hotel de cuatro pisos en el barrio de Recoleta. Fue para restituir al Estado la suma de 3,2 millones de pesos.

En abril del 2013 fue condenada a cuatro años de prisión. Fue por hechos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La tercera condena la recibió el 21 de abril por parte del TOF 6. Fue por el delito de administración fradulenta, pero en ese caso por la firma de contratos de fin de obra durante la misma privatización de la ex ENTEL.

El único juicio en el que resultó absuelta fue cuando la juzgaron por defraudación en el plan de manejo del fuego cuando fue secretaria de Medio Ambiente. La absolvieron por prescripción de la acción penal.

A mediados de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un pedido de la ex funcionaria menemista para que se archive la causa de los terrenos, (parte de esas hectáreas pertenecen hoy al country Santa Bárbara de Tigre). Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda calificaron de "inadmisible" el recurso presentado por la defensora oficial de Alsogaray, Pamela Bisserier.