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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último intento de la ex funcionaria menemista, María Julia Alsogaray, para que se considere prescripta la causa en la que está siendo enjuiciada por la cesión irregular de tierras de la ex ENTel. El máximo tribunal del país declaró “inadmisible” un recurso de queja presentado por su defensa oficial.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Juan Maqueda y Enrique Petracchi consideraron "inadmisible" el recurso presentado por la defensa oficial de Alsogaray, a cargo de Pamela Bisserier, y confirmó lo resuelto por la sala IV de la Cámara de Casación.

Alsogaray está siendo enjuiciada por el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 6 que juzga la supuesta transferencia irregular de 214 hectáreas que pertenecían a la ex ENTEL y quedaron en manos de la empresa Telecom, en los ‘90. Parte de esas hectáreas pertenecen hoy al country Santa Bárbara de Tigre.

El TOF 6 rechazó el pedido de prescripción que luego de ser apelado llegó a la Cámara de Casación Penal. En febrero de este año Casación rechazó un recurso de queja interpuesto por Alsogaray y en marzo de este año también declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto. Entonces la defensa de María Julia recurrió al “recurso de queja” para poder llegar a la Corte Suprema que el 15 de julio pasado este fue declarado inadmisible por el máximo tribunal del país.

Un per saltum que no fue

En junio pasado la Corte Suprema también rechazó un per saltum (o salto de instancia) para que el máximo tribunal tratara recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal y el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital. Pero la Corte consideró que la presentación realizada por la ex secretaria de Estado e interventora de la liquidada ENTel "no constituía acción o recurso alguno que habilite la competencia ordinaria" de la Corte Suprema.

Un juicio que continúa

La cesión irregular de tierras propiedad de la Ex Entel está en pleno juicio por estos días. El martes pasado los jueces José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Juan Giudice Bravo escucharon a los testigos -abogados que trabajaron para la licenciataria y asesores legales de Entel durante la privatización- Máximo Bonchil, Fernando Borio, Mariano Grondona (h), Carlos Mairal y Mariano Gutiérrez.

Según informa el sitio Fiscales.gov.ar, durante esta última audiencia Mariano Grondona (hijo) detalló las falencias que había en los inventarios de la compañía. “Se aclaró en el contrato que había documentos desactualizados e incompletos” y agregó que “no se daba fe de los inventarios”. “Consultaba con Alsogaray, ella era la autoridad”, sostuvo Grondona, aunque aclaró que percibía una distanciamiento entre la ex funcionaria y el ministerio que comandaba Roberto Dromi.

“Todavía no tengo en claro de lo que se me acusa. Soy totalmente ajena al circuito de decisiones", dijo ante el tribunal que la enjuicia María Julia en su última declaración indagatoria. Además, adjudicó al entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi y al en ese momento ministro de Economía, Antonio Erman González, la responsabilidad de la reapertura irregular del contrato de privatización.

Las condenas de María Julia

Maria Julia en 2004 fue condenada a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito a raíz de la cual ya estuvo detenida y la justicia remató su petit hotel de cuatro pisos en el barrio de Recoleta para restituir al Estado la suma de 3,2 millones de pesos.

En abril del 2013 la condena fue cuatro años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La última de las condenas es la más reciente. En abril de este año fue condenada a cuatro años por el delito de administración fraudulenta, delito cometido en el marco de la privatización de la exENTEL.

De los cuatro juicios terminados, María Julia suma tres condenas pero permanece en libertad porque las sentencias se están en proceso de apelación y no están firmes. Aunque en otra causa fue absuelta en un juicio por defraudación en el plan de manejo del fuego cuando fue secretaria de Medio Ambiente, por prescripción de la acción penal.