Habilitan a juicio oral la causa de Tandanor
El astillero fue privatizado de forma fraudulenta en 1992. Ahora la Corte Suprema de Justicia liberó el camino para que los acusados de defraudar al Estado puedan defenderse en juicio oral. Lo hizo luego de confirmar un fallo de Casación que indicaba la causa como no prescripta.
La historia de muchas causas puede contarse a través de las dilaciones que sufren camino a la consecución de Justicia. La empresa Tandanor –Talleres Navales Dársena Norte–, fue privatizada en 1992. El grupo que se hizo cargo del astillero, Indarsa, pagó la primera cuota y no pagó más; recién siete años después pidieron la quiebra de la empresa. Mientras tanto, parte de las propiedades de los talleres navales fueron vendidas: perdieron la Planta 1 en una venta fraudulenta a la empresa Irsa. Ahora la Corte Suprema de Justicia liberó el camino para que los acusados de defraudar al Estado puedan defenderse en juicio oral.
El 23 de febrero 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 declaró prescripta la causa y sobreseyó a los empresarios Alejandro Bofill, Nachat Samman, Gerardo Donato, Delia Lanfranco, Juan Ives Illán Álvarez de Toledo, Miguel María de Larminat y Juan Andrés Vlastó, además de al ex representante del Estado en el directorio de Tandanor: Eduardo Tesoriere y a los ex ministros Erman González y Oscar Camilión. El fallo fue apelado por el fiscal federal Marcelo Colombo, por el abogado de Tandanor José Luis Fabris, y por los abogados de la Oficina Anticorrupción Claudia Sosa y Patricio O’Reilly.
Por eso intervino la Cámara Federal de casación Penal que dejó sin efecto la prescripción de la causa en 2012 argumentando que: “el atento repaso de las actuaciones indica que la circunstancia de que el proceso se haya extendido doce años obedece a cuan compleja resultaron las actuaciones” y que “la complejidad del caso no puede divorciarse del considerable número de personas que resultan sospechadas de participar el hecho ilícito ventilado”.
Ahora, por segunda vez, la Corte insiste con que los ilícitos en perjuicio del Estado en la venta de Tandanor deben ser investigados y juzgados. En efecto, ya había rechazado apelaciones de todos los imputados contra el fallo de Casación –argumentado de forma sólida–. El rechazo del planteo lleva las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
Tras la insistencia del abogado de Bofill y Nacht Samman, Jorge Anzorreguy, para que la Corte Suprema revisara su fallo, la Corte respondió: “las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por ello, se desestima la presentación”.
Los delitos imputados –entre otros, administración fraudulenta en perjuicio del erario público, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público–, tienen una pena de seis años. La suma defraudada al Estado se estima en más de 45 millones de dólares. Fin de fiesta para otro capítulo del menemismo.
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