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El periodista José María Muñoz vociferaba por radio Rivadavia convocando a la gente a la Plaza de Mayo. El día anterior, 7 de septiembre de 1979, la selección juvenil de fútbol se había consagrado campeona en Japón y había que festejarlo, pero también todos debían ir a la plaza para demostrarle “a los señores de la Comisión de Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar”. Muñoz hacía referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo de la OEA que había llegado al país dos días antes.

La comisión recogió denuncias de desapariciones forzadas al mismo tiempo que éstas tenían lugar en todo el país. Cientos de organismos civiles, políticos, sindicales, patronales y religiosos emitieron comunicados sobre la visita mientras los funcionarios militares justificaban el accionar de los años anteriores. Hoy habrá un homenaje a 35 años de esa visita en la Procuración General, del que participarán la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el comisionado y relator para Argentina de la Comisión, Paulo Vannuchi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el legislador por la Ciudad de Buenos Aires Jorge Taiana, y la directora de Memoria Abierta, Valeria Barbuto.

Una visita en pleno exterminio

La visita duró dos semanas: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. En ese tiempo la CIDH recolectó alrededor de 5.000 denuncias, aparte de las 3.000 recabadas por organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo y la Comisión de Familiares Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, entre otros. En la sede de la OEA, que los militares amenazaron con allanar, llegó a haber cuatro cuadras de cola para presentar denuncias, incluso el mismo día en que, a pocos metros, la multitud se congregaba en Plaza de Mayo.

La Comisión expresaba su preocupación por asesinatos y desapariciones durante su misma visita, como la muerte del ex diputado peronista Armando Croatto y el dirigente de Montoneros Horacio Mendizábal, acribillados en Munro por efectivos de seguridad disfrazados de civil. También recibía reportes sobre la ‘aparición’ de personas desaparecidas tiempo antes en diferentes puntos del país, y hasta recibió un informe del Ministerio del Interior sobre la cantidad de presos políticos desde noviembre de 1974: eran 1.438.

Reacciones airadas

La comisión no fue bienvenida por todos. El arzobispo de San Juan, monseñor Idelfonso Sansierra, censuró la visita y aseguró que el gobierno no está obligado a aceptar a nadie que “hurgara” cómo se estaba actuando. El provicario castrense, monseñor Bonamin (de cuyo diario íntimo Infojus Noticias publicó fragmentos), instó a la comisión a que examinara bien “todos los derechos humanos, los que a ellos les parecen bien, sin olvidar los demás, por ejemplo el derecho que tenemos nosotros a la defensa legítima, individual y colectiva, el derecho que hemos ejercido a defendernos…”.

El diario La Nación, por otra parte, fue el único que se negó a reunirse con la comisión y lo invitó a considerar “el estado de disolución en que se encontraba el país en 1976, cuando por ineptitud y corrupción de los funcionarios y la acción de grupos terroristas, el Estado había perdido el control del uso de la fuerza, lo que ponía en peligro su propia existencia, tras la cual no sería posible hablar de derechos humanos”. Varias veces durante las dos semanas que duró la visita se repitió una misma escena: fotógrafos capturaban las largas colas de denunciantes y, ante la negativa a dar su nombre o el medio para el que trabajaban, se los obligaba a velar sus rollos, algo que no siempre cumplían.

Mientras algunos miembros de las Fuerzas Armadas se reunían con la comisión, otros se mostraban públicamente en desacuerdo. El general Levingston, presidente de la Revolución Argentina, distribuyó un documento donde esperaba que la comisión estuviera “en condiciones de comprender la diferencia entre la agresión marxista que sufrió la Argentina y sus secuelas y las situaciones de opresión en la cual los gobiernos de esencia totalitaria someten a sus opositores”. El general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, dijo que “el veredicto final que ellos se formen es su problema. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que pasó en la Argentina y de lo que es ahora, y con eso a los argentinos nos basta, pues no necesitamos recomendaciones exteriores”.

El propio general Benjamín Menéndez, a cargo del III Cuerpo del Ejército, responsable de la represión en Córdoba, se reunió con la comisión para luego expresar que estaba “dolorido por haber tenido que hablar de temas argentinos `con extranjeros´”, además de resaltar que habían recabado “falsas denuncias, provenientes de malos argentinos”. Finalmente, el Superintendente de Seguridad Federal, coronel Agustín Arias Duval, negó la existencia de fuerzas paramilitares y admitió que, por un celo en el cumplimiento del deber, pudieron haberse cometido “algunos excesos”.

Lo que vieron, lo que no

La CIDH estuvo en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario. Visitó varios centros clandestinos, entre ellos el que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Años después, se comprobó que había sido parcialmente desmantelado para evitar la investigación. La visita de la CIDH arrojó algo de luz sobre el terrorismo de estado en la argentina, uno de los más feroces de la región, aunque llegó cuando el grueso del exterminio ya había sido realizado. Recordarla es recordar también la temprana militancia de los organismos de derechos humanos que ocuparían un lugar central en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta hoy.