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La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la decisión del juez federal Alejandro Catania de archivar la causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico que involucra a los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, condenados en España por ingresado un avión con 944,5 kilos de cocaína, de 83 por ciento de pureza. Ahora, la continuidad o no de esta investigación quedó en manos de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Enrique Hornos, Marcos Grabivker y Nicanor Repetto.

“Ya sea por falta de capacidad operativa o por motivos que no se explican, hay resistencia del juez y en general la justicia argentina no está acostumbrada a seguir el camino del dinero en sus investigaciones”, dijo a Infojus Noticias el titular de la UIF José Sbattella.

El reclamo de la UIF es de larga data. Esta causa se inició en enero de 2011, cuando los hijos del fallecido brigadier José Antonio Juliá -jefe de la Fuerza Aérea durante la primera presidencia de Carlos Menem— fueron apresados cuando aterrizaron en el aeropuerto El Prat, en Barcelona, tras despegar de Buenos Aires. “Llevaban un cargamento estimado en 32 millones de euros”, precisó Sbattella.

La denuncia realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quedó radicada en el juzgado de Catania por el delito de contrabando, pero se rechazó ampliar la mira sobre los bienes de los Juliá.

“Para transportar casi una tonelada de cocaína tuvieron que montar una potente estructura en nuestro país, pero el juez y el fiscal se resisten a investigarlos por lavado de dinero. Lo que implicaría investigar los lazos familiares y relaciones de los Juliá”, apuntó el titular de la UIF.

En la presentación ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal el titular de la UIF además solicitó que el organismo sea tenido como querellante. Algo que ya había requerido en agosto de 2012, cuando presentó un informe con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a los imputados, pidiendo se investigue el lavado de activos y medidas cautelares para proceder al embargo, el decomiso y la inhibición general de los bienes.

En octubre de ese mismo año el juez Catania desestimó esa línea en la investigación. Rechazó a la UIF como querellante y le informó que en la causa se investiga solamente el delito de contrabando, y que las maniobras de lavado serían anteriores al hecho. Además rechazó investigar a familiares y otras personas con vínculos con los Juliá que fueron nombrados por el organismo a cargo de Sbatella, pero no estaban involucradas en la pesquisa inicial.

En abril de este año la decisión de Catania fue confirmada por la Sala B de la Cámara. Pero le ordenaron al fiscal Miguel Schamun revisar las actuaciones para determinar si debían o no abrir una línea de investigación sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El fiscal consideró que no tenía elementos suficientes para imputar a las 15 personas sobre las que produjo informes la UIF, pero abrió una investigación preliminar que tuvo corto derrotero. En mayo, el juez dio por clausurado el asunto y archivó parcialmente la causa. La UIF nuevamente apeló la medida, y ahora queda en manos de la Cámara penal zanjar la cuestión.

“No resulta lógico pensar que el contrabando de esa cantidad de cocaína es un acto aislado, y no el producto de una compleja red de narcotráfico y que, como todo delito complejo, requería de una faceta de lavado de activos para la concreción última del negocio”, concluyó Sbattella.

En España los hermanos Juliá fueron condenados a 13 años de prisión y multados por 100 millones de euros -tres veces el precio en el mercado negro de la carga decomisada-  por el delito de tráfico de estupefacientes por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Barcelona. El funcionario agregó como dato preocupante que tras la codena, tanto en Estados Unidos como en Uruguay los Juliá recibieron sanciones económicas para el recupero de activos, mientras que en Argentina ni siquiera se ha investigado la ruta del dinero.