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Para el fiscal Carlos Gonella detrás de las críticas a la procuradora Alejandra Gils Carbó hay un claro telón de fondo. "Todos los pasos importantes que da son cuestionados por representantes de facciones políticas y económica poderosas. También existe un sector conservador en el Poder Judicial que se resiste a los cambios", señaló  en una entrevista que publicó el diario Tiempo Argentino.

En ese sentido, el fiscal remarcó que la denuncia que analiza el juez Rodolfo Canicoba Corral y que frenó en plena feria judicial el nombramiento de 16 funcionarios del Ministerio Público posee "un correlato político". "Sin ninguna duda hay un correlato político en esa denuncia. Estamos ante una reacción de un sector del sistema judicial que históricamente se dedicó a criminalizar a los sectores vulnerables", observó.

Gonella, que es investigado por el juez Claudio Bonadío por "presunta violación de secretos" al haber difundido desde su cuenta de Twitter información judicial publicada en el sitio oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación en relación a treinta personas vinculadas al lavado de activos del narcotráfico, calificó a esa causa como "un escándalo político y jurídico que puede generarle un problema institucional a Argentina en el plano internacional".

"Con esa denuncia se afecta la libertad de expresión y la libertad de acceder a la información pública. Se criminaliza a los fiscales que investigamos el lavado de dinero a escala global", apuntó.

Y al respecto, aportó: "Estamos hablando de un caso en el que hay un empresario (Valentín Temes Coto) condenado a 20 años de prisión por el delito de narcotráfico. Tras la sentencia investigamos un red que opera en el país desde hace cuatro años. Lo hicimos siguiendo los protocoles del GAFI, y recibimos una denuncia".

Como Gonella se negó a presentarse a declarar en esa causa, Bonadío lo declaró en "rebeldía", y denunció penalmente a su jefa, Gils Carbó por respaldar la postura del fiscal. "No nos olvidemos que estamos frente a un juez que es seriamente cuestionado por sus inconductas. Acumula más de 60 denuncias en su contra por cuestiones de todo tipo", recalcó.

En cuanto al procesamiento que le dictó el juez Marcelo Martínez di Giorgi por intervenir en el caso del empresario Lázaro Báez afirmó que se trata "de una medida arbitraria y fuera del sistema de derecho". Y agregó: "Es un procesamiento que se basa en un relato mediático y en las denuncias de sectores que utilizaron políticamente el caso. No hay pruebas. Por eso lo apelamos. Existen testimonios que confirman que nunca di la orden de excluir a Lázaro Báez de una investigación porque nunca recibí un requerimiento en ese sentido".