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“A mi viejo lo quiero,/lo vengo a alentar/en las buenas/Y en las malas mucho más”. Ese fue el cantito más escuchado en la marcha realizada hoy frente a Tribunales por los “Hijos y Nietos de Presos Políticos”. Entre banderas argentinas y alguna amarilla y blanca del Vaticano, alrededor de 300 personas de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Corrientes y otras provincias manifestaron su disconformidad con los juicios de lesa humanidad. La mayoría tiene algún familiar detenido por haber cometido diversos delitos y crímenes durante la última dictadura cívico militar.

“Decimos que son presos políticos porque esto responde a un plan sistemático, una política de Estado mal llamada de derechos humanos”, dijo a Infojus Noticias Sergio Miranda. Su padre Ricardo Miranda, de 80 años, está preso en Mendoza. “Ninguno de los que llega al banquillo de acusados tiene posibilidad de absolución”, agregó. Miranda padre fue condenado a perpetua en marzo pasado por el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza. Lo consideró responsable a él y a otros seis ex integrantes de la policía mendocina y del Ejército de delitos “cometidos en el contexto internacional de genocidio", según el fallo. Y los enviaron a una cárcel común.

“Nuestros viejos se enfrentan a condenas puestas de antemano donde se condena a cadena perpetua sin importar como hayan actuado o el rol que cumplían en el momento, por testimonios en los que reconocen a los imputados ‘por el perfume’, ‘por los zapatos’, o lo hacen hablando de fechas imposibles por cambios de destinos o incluso porque el imputado se estaba casando ese mismo día”, escribieron los nietos e hijos en su web.

La conocida militante defensora de los ex militares de la dictadura, Cecilia Pando, estuvo también para acompañar a sus amigos. “Esta manifestación la hacen hijos y nietos de presos políticos del país, ya sean hijos de militares, de policías, de penitenciarios. Lo que piden es que haya juicios justos, cosa que en estos momentos no hay; carecen de nulidad. A los presos se les violan todas las garantías constitucionales. Se les aplica la ley en forma retroactiva, se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos”, intentó argumentar. Lo que no dice Pando es que los juicios se ajustan a derecho, que los acusados tienen todas las garantías legales y que los procesos son un ejemplo en todo el mundo.

Las palabras que más se escucharon en la manifestación fueron: “Presos políticos”; “juicio justo”; “derechos humanos”. En la página de la agrupación de nietos e hijos se puede leer: “Que nunca más haya abusos por parte del Estado”. Toda una terminología asociada históricamente a la extensa lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos, precisamente quienes siempre exigieron que tuvieran lugar estos juicios. Esto no supone conflicto alguno para los miembros de Hijos y Nietos de Presos Políticos, porque, como explica su vocero Aníbal Guevara,  “los derechos humanos son universales, no discriminan”.

Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, fue el primer funcionario civil de alto rango condenado por crímenes de lesa humanidad. Su cuñada, Elvira Walker, le dijo a Infojus Noticias que Smart  “está preso por haber sido ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nada más. Él no ha participado de ninguna de las cosas de las que se lo acusan; son todas inventadas”.

Smart fue condenado a perpetua a fines del año pasado, junto a otros 22 acusados. Fue en el juicio por el llamado Circuito Camps. Los delitos fueron definidos como genocidio. Smart fue encontrado culpable del homicidio de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, y por 57 privaciones ilegítimas de la libertad.

Los familiares de detenidos en causas de lesa humanidad -alrededor de 2000 personas- alegan que muchos de ellos son mayores de edad y no tendrían que estar en la cárcel. “Las cárceles están preparadas para la gente joven, para la gente menor. No están preparadas para los adultos”, dijo Miranda. Y explicó que sus familiares “están en una cárcel común pero no son personas comunes por su edad, ni por su formación. El objetivo de la cárcel es reinsertar a los internos y estas personas ya están insertas, no hay ningún fin que cumpla la prisión ahí”.