Infojus Noticias

La audiencia por el caso de Víctor Saldaño, el único argentino condenado a muerte en el mundo, se realizó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de Washington D.C. Hasta allí viajaron el abogado de Saldaño, Juan Carlos Vega, y el representante de la Cancillería argentina, Javier Salgado. “El planteo que hicimos, con todos los fundamentos, fue que la CIDH, en el nuevo período de sesiones especiales que comienza el próximo 20 de octubre, tome una decisión de fondo, que es equivalente a una sentencia”, dijo a Infojus Noticias Vega después de salir del encuentro.

Vega explicó que es una “audiencia especial que concedió la Comisión ante un pedido en conjunto que hemos hecho las víctimas, porque yo represento a Víctor y a Lidia Guerrero, su mamá, y la Cancillería argentina”. Vega agregó que el proceso planteado ante la Comisión, que fue iniciado en el año 1999, es un caso y no una denuncia, como las que se suelen tratar allí y que fue admitido como tal.

 “Pedimos que se declare la responsabilidad de Estados Unidos en la violación de los derechos humanos de Saldaño por haber permitido discriminación racial en su caso”, aseguró Vega. El planteo apunta “al derecho que tiene un hombre de una minoría racial a ser juzgado como si fuera un blanco de ojos azules y que habla inglés. Es decir, WASP (blanco, anglosajón y protestante, por sus siglas en inglés). Esta es la riqueza que tiene el planteo ante la CIDH, la discriminación racial con que opera el sistema judicial más garantista y más perfecto, a mi juicio, que es el norteamericano, pero que es un sistema que trabaja con doble estándar”.

El abogado cordobés, que lleva adelante el caso de Saldaño desde 1998, agregó que también pidieron que “se declare la responsabilidad en la tortura, por haber mantenido a Víctor durante 19 años en el ‘corredor de la muerte’ y que se ordene su inmediata salida de allí” y se lo coloque en una institución psiquiátrica.

Como representantes de la CIDH, en la audiencia, estuvieron Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión, Elizabeth Abi-Meshed, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, abogada de la institución y que es quien se encarga del Grupo de Litigio ante la Corte. Vega agregó que todo el planteo fue realizado con el “total apoyo del Estado argentino” y agregó también que los representantes de la CIDH “se comprometieron a dar una respuesta”.

En un diálogo anterior con Infojus Noticias, Vega destacó que el caso de Saldaño “tiene la particularidad de que nosotros nunca hemos defendido su inocencia, ni tampoco hemos atacado jurídicamente la pena de muerte, como defensores de derechos humanos que somos y frente al horror moral que nos genera. Hemos dicho: ‘Estados Unidos tiene la pena de muerte y es su legalidad. Y con respecto a Saldaño, él participó en un crimen atroz. Nunca lo hemos negado’”, explicó.

“Estábamos borrachos y fue un accidente”

Saldaño tiene 43 años y está condenado a la pena de muerte desde 1996. En noviembre de 1995 junto a un amigo mexicano, Jorge Chávez, protagonizaron un asalto y mataron al comerciante Paul King, en Plano, Texas. “Nosotros nunca decidimos nada. Estábamos borrachos y fue un accidente. Qué sé yo… Fue una locura, porque yo siempre había trabajado honestamente, toda mi puta vida, y el loco que estaba conmigo, también”, describió Saldaño al diario El País, de España, al recordar el día que marcó su destino.

Las condenas, sin embargo, no fueron las mismas. A Saldaño le tocó la pena de muerte; Chávez, en cambio, recibió perpetua. “Nunca se pudo precisar el grado de participación criminal que había tenido cada uno”, describió Vega. El juicio se hizo en julio de 1996. En el proceso, pesó el informe del perito psicólogo Walter Quijano, que midió la “peligrosidad futura” de los acusados y consideró que el hecho de ser latino tornaba a Saldaño más peligroso.

En 2000, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró nula la sentencia a muerte, dictada en 1996 por un tribunal de Texas. Argumentaron que se utilizaron criterios de discriminación racial, haciendo a lugar a la apelación de la defensa. Pero en un segundo juicio, Saldaño recibió la misma pena. Con el planteo de la discriminación, la defensa logró llevar el caso hasta la Corte Suprema, una vez más. En 2004, el máximo tribunal le dio la razón. Luego del proceso, en Texas se sancionó una ley por la que no se puede condenar a persona alguna por su origen, raza o religión. “Se llama ‘ley Saldaño’”, apuntó Vega.

Para el abogado, la discriminación puede ser “un discurso político o una realidad jurídica”. “En el caso de Saldaño, está probado judicialmente. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que nos da la razón. Esto es otra particularidad del caso Saldaño. No es un discurso, no es un relato político de un argentino que vive en la periferia del mundo”, completó.

CD/LL/RA