Infojus Noticias

Una mujer de 28 años llegó a la guardia del Hospital Fernández con un aborto en curso y horas después de ser asistida fue detenida, tras una denuncia de las médicas que la atendieron. Ante la demanda, un grupo de agentes se presentó en el Fernández y la trasladó a la comisaría 53ª, donde la dejaron presa durante diez horas, pese a que todavía estaba con pérdidas. La mujer recurrió a la Defensoría General de la Nación, que elevó una queja expresando que se habían violado varios de sus derechos. El juez que intervino declaró nula la denuncia. 

El dictamen presentado por la defensora general fue elevado al director del hospital Fernández, a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, a la Cámara del Crimen y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. "Para hacerle saber lo que había ocurrido cuando las médicas hicieron la denuncia y el secretario ordenó que se realice el procedimiento”. “Nosotros como organismo no denunciamos, porque la única que tiene el derecho de hacerlo es la joven víctima. Nos pronunciamos porque la defensora oficial delegada nos dio intervención”, dijo Martínez a Infojus Noticias. Y planteó que es importante que trascienda el caso para generar seriamente una capacitación, porque “hubo una vulneración de los derechos de la mujer y una violencia obstetricia que no deseamos que ocurra otra vez”.

Rosana Elizabeth Buffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, decidió denunciarla a la policía, tras suponer que la paciente había utilizado pastillas para provocar la interrupción del embarazo, Rosana Elizabeth Buffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, decidió denunciarla a la policía. En respuesta, un grupo de agentes se presentó en el Fernández, detuvo a la mujer y la trasladó a la comisaría 53ª, donde la dejaron presa durante diez horas, pese a que continuaba con pérdidas.

Martínez dijo que “el pedido es por la capacitación de todas las personas para que esto no vuelva a ocurrir. La jueza de la Corte Carmen Argibay percibió la gravedad del tema e incorporó la temática en los cursos de jueces y funcionarios. No es cuestión de decir que es la culpa de las médicas, sino de la falta de protocolo de actuación, porque los médicos no deben tener miedo”.

Según la legislación vigente, el conocimiento de hechos posiblemente delictivos en el marco de la atención médica deben quedar bajo el amparo del secreto profesional, y está prohibido realizar la denuncia.

“Hay sentencias de tribunales superiores de las 24 provincias, confirmando el derecho al secreto médico y la prohibición de denunciar que tienen los médicos. Lo que está claro es la prohibición. Lo que no está claro es justamente esto otro: cuál es el delito que comete un funcionario que viola esta prohibición”, contó Luciana Sánchez, integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad).

Según declaró en el expediente la agente policial que se comunicó con el juzgado, la orden de llevar detenida a la joven la habría dado el secretario de la dependencia de justicia, Juan Sebastián Schabas Madueño. Una vez en la comisaría, la joven fue llevada a una celda donde permaneció detenida durante diez horas aproximadamente, en malas condiciones y todavía con pérdidas, momento en que el juez Luis Alberto Zelaya, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13,  dispuso su libertad.

Desde la Defensoría confirmaron que la mujer contó que las médicas que la atendieron le hicieron comentarios condenatorios y que como castigo le habrían indicado una dosis menor de medicación anestésica, aunque luego la enfermera encargada le dio finalmente la dosis completa.

“Según entiendo acá hubo un legrado sin anestesia y esa es una práctica que la OMS dijo que no se debe usar más. Para peor sin anestesia”, dijo Sánchez y agregó que “el legrado se usaba cuando no existían las prácticas abortivas por pastillas. Por casos similares de legrado sin anestesia tenemos varias denuncias, en distintos lugares del país de médicos que lo siguen haciendo. Estos casos deben ser encuadrados como torturas, porque son hechas por funcionarios públicos y son iguales a lo que hacían en la ESMA”.