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Cuando su hijo de 16 años no llegó a su casa del barrio 12 de Octubre  en Lomas del Mirador la mañana del 31 de enero de 2009, Mónica Alegre lo buscó por todos lados. Recorrió las comisarías, los hospitales y las salitas cercanas. Uno de los lugares en los que preguntó por el “Negrito”, como le decía ella, fue en el Hospital Santojanni. Allí le dijeron que no estaba. Que sólo había entrado un muchacho atropellado. El chico accidentado era su hijo: Luciano Arruga. Ella no lo supo hasta este mediodía. Lo habían atropellado cerca de General Paz, luego lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. El crimen no puede despegarse de la sombra del accionar de la policía bonaerense: frente a las calles donde ocurrió el accidente hay una garita que no actuó ese día y el último día de su vida Luciano fue visto en un destacamento policial de La Matanza. Por la desaparición fueron acusados ocho policías: fueron desplazados en 2013, aunque no llegaron a ser procesados. Con la exhumación del cuerpo, que aún no fue decidida por la Justicia, comenzará a develarse cómo murió Luciano y que pasó la noche de su desaparición.

El hallazgo lo confirmó esta tarde Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La conferencia de prensa fue el inicio de un luto que se atrasó casi seis años. En algún momento uno de los presentes esbozó un aplauso. Ninguno lo acompañó: no había nada que festejar.

La versión policial señala que la madrugada del primer día de febrero de 2009 un joven de 21 años llamó a la policía para denunciar un accidente. Había atropellado a un chico que cruzaba apurado por la vía rápida en General Paz y Emilio Castro. Al accidentado lo trasladaron hasta el hospital de Mataderos en una ambulancia del SAME. Lo operaron y no sobrevivió a la intervención. Murió a las 8 de la mañana del 31 de enero. El cuerpo de Luciano estuvo en la morgue judicial hasta el 11 mayo de 2009, cuando lo enterraron en el cementerio de Chacarita. No tenía documentos. Por eso, lo anotaron como NN.

El 9 de febrero, tras la autopsia, le tomaron las huellas digitales. Quedaron registradas en un expediente judicial que se tramita en el Juzgado de Instrucción 16 de la ciudad de Buenos Aires. Por el accidente hubo un juicio: el conductor que lo atropelló fue sobreseído por la jueza Laura Bruniard. Las pericias determinaron que manejaba a una velocidad normal.

La primera sospecha que apunta al encubrimiento policial es por qué Luciano cruzó desde Capital hacia provincia, la avenida General Paz por la vía rápida en lugar de hacerlo por el puente, un camino más seguro. "No cierra con decir que un pibe cruzó la calle y lo atropellaron. Hay que saber la verdad", dijo hoy Vanesa Orieta, la hermana.

La identificación del cuerpo se logró luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. Primero, lo rechazó el Juzgado Federal Número Uno de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas. Luego, la Justicia federal de San Martín. La familia apeló y la causa llegó por primera vez a los Tribunales de Comodoro Py: la Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido” a Luciano. El fallo de Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky fue contundente. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, trabajaron para la búsqueda.

El Ministerio de Seguridad dispuso la revisación de la totalidad de los libros matrices de la Policía Científica para encontrar cuerpos que no estuvieran identificados. “Se realizó un informe pericial que cruza las huellas tomadas de Luciano en diciembre de 2008 con las del cadáver NN”, explicó Verbitsky. Pero el cuerpo de Luciano todavía no fue exhumado. Según fuentes judiciales consultadas porInfojus Noticias esa será la primera medida que pedirá el juez Salas. Luego, se analizará la autopsia para evaluar si hubo torturas previas a la muerte.

Torturas en la comisaría

A Luciano los policías del destacamento de Lomas del Mirador ya lo habían torturado en 2008. La hermana lo escuchó gritar cuando lo fue a buscar a la dependencia de la calle Indart 106. Los testigos de la causa cuentan que la noche de su desaparición Luciano pasó por esa misma delegación policial. Algo que no quedó registrado, porque se comprobó que el ingreso de detenidos fue adulterado. La familia denunció siempre que Luciano era hostigado por los policías porque se negaba a robar para ellos.

"Hubo desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos, que es insatisfactoria. Ni para la familia ni para el CELS cierra el caso", dijo el titular del organismo. A su lado estaban sentadas Mónica y Vanesa. Hacía dos horas que se habían enterado de que Luciano estaba muerto. Mónica escuchó en silencio hasta que en un momento no aguantó más y se desmayó. “Mi vieja se descompuso porque tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Ahora confirmó que está muerto”, dijo Vanesa con el micrófono en la mano.

Verbitsky insistió en no perder el foco en la responsabilidad de la policía bonaerense: "La aparición del cuerpo marca el inicio de la verdad y de las responsabilidades implicadas en su desaparición. La familia ha sido maltratada por el encubrimiento".

La familia y sus amigos esperaron cinco años y ocho meses para tener esta mínima certeza. Durante este tiempo su mamá y su hermana empujaron el pedido de Justicia y la causa judicial con marchas, conferencias de prensa y movilizaciones. Primero el expediente tuvo irregularidades, después estuvo estancado. Durante cuatro años la causa estuvo caratulada como “averiguación de paradero”. Recién el 9 de enero del año pasado el legajo pasó a manos del juez federal Salas y se recaratuló como “desaparición forzada”. “Estos seis años demuestran el desprecio de la sociedad y la Justicia con los jóvenes pobres como Luciano Arruga. Esto no hubiera ocurrido si Luciano hubiera desaparecido en Palermo”, dijo Verbitsky.

Esta tarde en la mesa central también estaban Paula Litvachky del CELS y los abogados de la causa, Juan Manuel Combi y Maximiliano Medina. Estuvieron presentes los familiares de otras víctimas de violencia institucional: Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lezcano; Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón y Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra. También estaba el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, que encabeza la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

Cuando terminó de hablar el titular del CELS, Vanesa pidió la palabra. Con la fortaleza que la caracteriza habló. "Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia. Vencimos. Eso es lo primero viene a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad, vencimos con el caso de Luciano", dijo. "A mí me falta terminar de completar la etapa previa de este proceso de investigación, que se termina cuando se determine que ese cuerpo es mi hermano. Si es así logramos el objetivo: lo encontramos. Ahora vamos a descansar", agregó. “Los pobres tenemos derechos. Necesitamos hacer el duelo, es justo y necesario, dijo la joven.

Una historia de violencia

La muerte de Luciano comenzó a nacer en 2007. Fue con las movilizaciones para reclamar un nuevo destacamento policial, que había motorizado la agrupación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi). Eran las movilizaciones para pedir “seguridad”, a secas, sin mayores profundidades. Lograron tener una dependencia propia, bajo la órbita de la Comisaría 8 de La Matanza, y allí se fue reuniendo el grupo policial que reclutaba adolescentes pobres para salir a robar en zonas previamente liberadas. Eran todos menores de edad. A Luciano le ofrecieron sumarse pero se negó. Lo detuvieron varias veces.

Luciano tenía 16 años y vivía en el barrio 12 de Octubre, una villa pequeña organizada por pasillos y casitas de material. Los barrios de enfrente son de clase media. Algunas casas tienen más de una planta y garaje con autos de alta gama. En ese otro territorio se incubó  Valomi, fogoneada por Gabriel Lombardo, que impulsó la candidatura de Francisco de Narvaez en la zona. Lombardo también participó del corte de cinta que dejó inaugurado el nuevo destacamento, en Indart 106.

Ahí reunieron los policías que reclutaron, bajo amenaza de muerte, jóvenes pobres para robar en barrios de clase media. Completaban así una suerte de círculo perfecto: reclamo de mayor seguridad por parte de las capas medias, organizaban los robos, daban cobertura policial y generaban nuevos pedidos de mayor seguridad. El esquema les aseguraba –además del enriquecimiento personal- un sistema de fortalecimiento circular y creciente que les garantizaba mayor poder territorial con hombres y armas.

Luciano fue detenido al menos dos veces. Una vez fue el 22 de septiembre de 2008. Ese día lo golpearon casi delante de Vanesa y Mónica Alegre, su mamá. Ellas primero escucharon sus gritos, luego vieron los golpes en el cuerpo de Luciano y, por último, la amenaza que le soltó un policía delante de ellas. La segunda vez fue el 31 de enero de 2009 y no apareció más. Hay dos testigos que aseguraron que lo vieron tirado en el piso, muy golpeado, casi muerto. Ese día hubo ocho policías de guardia, según consta en el libro de actas del destacamento.

Hasta llegar al juez Salas la causa se movió en un pantano jurídico. La fiscal Roxana Castelli no tomó en cuenta las denuncias de la familia y finalmente fue apartada en 2009. Estuvo acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento. A todos ellos, Vanesa los había señalado como sospechosos de la desaparición de Luciano. El CELS, la APDH de La Matanza y los familiares denunciaron a la fiscal pero la causa siguió avanzando por un pantano. También señalaron a la fiscal Celia Cejas, que había intervenido los teléfonos de la madre y la hermana de Luciano. Estaba convencida de que ellas sabían dónde estaba.

Mientras tanto, el destacamento siguió funcionando durante dos años. Eso sucedió pese a que una pericia demostró que los libros de los detenidos habían sido adulterados: nombres tachados y utilización de corrector. Tampoco importó que los perros rastreadores señalaron que Luciano había estado en el destacamento, en un patrullero y en un terreno cercano.

Finalmente, el 1 de febrero de 2013, los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron pasados a disponibilidad. Todos ellos habían sido apartados en 2010 del destacamento de Lomas del Mirador pero reubicados, por decisión del entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, en otras jurisdicciones.

Junto con el reclamo de justicia y la aparición de Luciano o de su cuerpo, los familiares habían pedido resignificar el destacamento donde se sabe que Luciano pasó sus últimas horas. Sobre el fin del 2013 acamparon durante setenta días frente al edificio y lograron que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, le cediera a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) el inmueble. Allí se construirá un espacio de la memoria.