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Hace dos semanas, durante un almuerzo frente a 76 ejecutivos en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el magistrado Raúl Reynoso –a cargo del Juzgado Federal de Orán, en Salta– alertó sobre la situación límite del narcotráfico en las fronteras del norte del país y deslizó una supuesta indiferencia de Buenos Aires sobre el problema. “Hay tanto vecino nuevo narco, (que Orán) es una comunidad colombiana en Salta”, dijo con sarcasmo, en el 51° Coloquio 51 de IDEA, el encuentro que reúne a empresarios, funcionarios judiciales y principales dirigentes políticos del país. Hoy, por orden del juez federal Julio Bavio y a pedido del fiscal Eduardo Villalba y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el despacho de Reynoso, acusado de liderar una organización criminal que cobraba coimas para dejar en libertad a sospechosos de narcotráfico. Con él, otras siete personas fueron imputadas y cinco de ellas ya fueron detenidas.

En Mar del Plata, el magistrado estuvo acompañado por otro dos oradores: Guillermo Marconi, coordinador del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar), y la entonces candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal, gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires.

“Fue un trabajo conjunto de varios meses con el Fiscal Federal Eduardo Villalba, en el cual se analizaron distintas causas que tramitaban en el Juzgado Federal de Orán y las que se advertían numerosas irregularidades”, dijo el titular de la Procunar, Diego Iglesias.

Los roles en la organización

El juez Bavio citó a su par Reynoso a declaración indagatoria el miércoles 11 de noviembre, en su juzgado (federal N°1) de la capital salteña, acusándolo —preliminarmente— de los delitos de “asociación ilícita”, “cohecho”, “exacciones ilegales” y “prevaricato”. El magistrado llegará a esa declaración en libertad por los fueros que le confieren su cargo. Quienes quedarán detenidos son las restantes personas, sospechadas de recibir plata de los narcos para quitarles de encima los problemas con la ley: los abogados penalistas María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Elanio Gaona, René Gómez y Lucinda María Segovia; un empleado de confianza del juzgado de Reynoso, Miguel Ángel Saavedra; y un civil, que actuó como intermediario, de nombre Diego Aquino.

En el pedido de indagatorias, firmado por los fiscales Villalba e Iglesias, se precisó que “Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero”, mientras que “los letrados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S., gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional”, dice el escrito, llamando a los imputados por sus iniciales.

El papel de Saavedra “y otros empleados” era el de recaudar. ”Eventualmente, trasladaban el dinero o las dádivas e, incluso, en ciertas oportunidades se encargaban de realizar operaciones comerciales tendientes a traspasar los bienes a nombre de otras personas con el propósito de impedir la detección de sus anteriores titulares. Seguidamente, redactaban algunas de las resoluciones judiciales que firmaría el jefe de la asociación y desarrollaban tareas logísticas". El civil Aquino garantizaba “la entrega del dinero producto del delito amparados en sus actividades extrajudiciales”.

Los fiscales —cuyos argumentos y pruebas fueron valorados por el juez— concluyeron que el modus operandi se cristalizaba “mediante el dictado de las resoluciones contrarias a derecho que Reynoso, como titular del Juzgado Federal de Orán, suscribió en todos los casos a cambio de dádivas o dinero”.

La punta del ovillo

El caso testigo que puso bajo la lupa de la justicia al juez Reynoso fue el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales —vicepresidente de la Cámara de Transportes de Santa Cruz de la Sierra—, que manejaba una flota de 90 camiones cisterna para trasladar mercadería desde Bolivia hacia la Argentina. Fue a partir de una denuncia del abogado David Leiva, que también patrocina a víctimas del terrorismo de Estado.

El primer camión de Sejas Rosales fue decomisado en Salvador Mazza por el Escuadrón 61 de Gendarmería, el 14 de febrero de 2014. Había salido de Santa Cruz de la Sierra y, después de atravesar varias provincias argentinas, tenía como destino la ciudad de Santiago de Chile. En indagatoria, Sejas Rosales dijo que el camión cisterna transportaba 35 mil litros de alcohol etílico. Reynoso lo imputó como “partícipe secundario” y le dictó la excarcelación. El 19 de febrero, el abogado del empresario Ramón Antonio Valor (que luego fue apartado porque había sido conjuez cuando Reynoso se ausentaba del juzgado) dijo en una presentación que el cargamento era de la empresa Creta SRL, y pidió la devolución de la mercadería que debía ser entregada en Chile. Al día siguiente, con velocidad asombrosa, Reynoso concedió el pedido y Sejas Rosales autorizó a su hijo Oliver Alexander Sejas Vargas para que concretara el retiro. El cargamento fue trasvasado a otro camión y se dejaron dos litros para una pericia. El peritaje químico dio como resultado que los 35 mil litros eran de tolueno, un precursor utilizado para la fabricación de estupefacientes, pero la carga ya estaba en suelo boliviano, con Sejas Rosales.

A partir de este caso, la Procunar descubrió que en el Juzgado de Orán había otras ocho causas contra la misma empresa por incautaciones similares, entre 2011 y 2015, todas en expedientes distintos, ninguna relacionada entre sí. En todas ellas, se acusó a los camioneros.

En el almuerzo de IDEA, dos semanas atrás, frente al empresariado nacional y extranjero, Reynoso contó alarmado sobre los 30 mil expedientes que colapsan su juzgado y se preguntó: “¿Cómo puedo ponerle foco a la lucha contra el narcotráfico?”. Los hombres trajeados lo escucharon mientras degustaban un salmón con ensalada. La gobernadora electa coincidió, habló sobre el problema del paco y apuntó a la necesidad de no naturalizar el consumo: "La sociedad está aceptando que un porro no es algo malo", se escandalizó Vidal.

Ahora, el magistrado que tenía en mira la lucha contra el narcotráfico deberá responder ante la justicia.

LB/LL