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El empresario boliviano José Luis Sejas Rosales –vicepresidente de la Cámara de Transportes de Santa Cruz de la Sierra- maneja una flota de más de 90 camiones cisterna que utiliza para enviar mercadería desde Bolivia hacia Argentina. Entre 2011 y marzo de 2015 Gendarmería interceptó nueve de sus vehículos que llevaban cocaína. En el Juzgado Federal de Orán se abrieron nueve expedientes separados en los que se procesó a los choferes de los camiones. El empresario fue imputado en uno solo como “partícipe necesario”. El viernes pasado, la Cámara Federal de Salta revocó el procesamiento y designó al frente de la causa un nuevo juez que deberá investigar si Sejas Rosales es el líder de una organización transnacional.

La resolución lleva las firmas de los camaristas Jorge Luis Villada y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quienes hicieron lugar a un pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Los magistrados sostuvieron que  el juez de Orán, Raúl Reynoso, “incurrió en un supuesto de arbitrariedad”. Los principales argumentos son que “solo enunció cuestiones genéricas” sin detallar la participación del empresario y que no investigó “su posible vinculación en otras causas” de su propio juzgado.

La Cámara resolvió que el juez federal N°1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, quede al frente del expediente. La primera medida será resolver la situación procesal de Sejas Rosales. En su planteo, la Procunar había pedido que se lo impute por el delito de contrabando agravado de estupefacientes y contrabando doblemente agravado por el tráfico de sustancias peligrosas para la salud.

“Hay nueve causas distintas y a Sejas Rosales se lo procesó solamente en una”, explicó a Infojus Noticias una fuente judicial. “No es lo mismo que se trate de un solo hecho que de nueve. Puede existir un chofer infiel, pero al ser nueve podemos entender que Sejas Morales es el organizador de una empresa criminal dedicada al transporte de droga de Bolivia a Argentina”, agregó.

El viernes 26 de mayo los dos jueces de la Cámara Federal de Salta escucharon durante casi una hora y media al fiscal federal de Orán, Eduardo Villalba, y el titular de la Procunar, Diego Iglesias. Los representantes del Ministerio Público justificaron el pedido para que se aparte de la causa al juez Reynoso y se unifique la causa con otras tres que están en trámite –en cuatro ya hubo condena- en las que está involucrada la empresa Corporación de Transportistas Asociados CRETA SRL de Sejas Rosales.

Una empresa familiar

Los fiscales señalaron a Sejas Rosales como el jefe de una organización que la que también formarían parte la esposa, Carmen Ana Vargas de Sejas, socia de la empresa Creta SRL, y sus tres hijos.

El menor de ellos, José Luis, alias “Papo”, es el gerente Transland Cargo. El nombre y el número telefónico del joven figuraba en la agenda de varios de los camioneros detenidos. Antes de entrar en territorio Argentino, los vehículos pasaban varias horas en uno de los talleres que Trasland Cargo tiene cerca de la frontera, donde le realizaban el service y les cargaban combustible.

Los otros dos hermanos, Oliver Alexander y Alejandra Sejas Vargas, figuran como titulares de al menos dos de los camiones contratados por Creta SRL que intentaron cruzar la frontera con cocaína. Cada vez un camión eran interceptado por las fuerzas de seguridad Argentina, Papo y Oliver Alexander se presentaban en el Juzgado para pedir la devolución. Siempre acompañados del abogado Ramón Antonio Valor.

La ruta de la cocaína

La causa que involucra a Sejas Rosales se inició el 14 de febrero de 2014. Ese día, personal del Escuadrón 61 de Gendarmería detuvo en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, un camión con acoplado que había partido de Santa Cruz de la Sierra y tenía como destino la ciudad de Santiago de Chile, previo paso por las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

El perro antidrogas “Horco” olió uno de los tanques de nafta, en el que había “una sustancia líquida color marrón” que pesaba 600 kilos. El estudio demostró que era cocaína líquida. Luego de un proceso de solidificación se la volvió a pesar: 10 kilos.

El chofer Félix Fernando Claure Castedo quedó detenido y el vehículo quedó bajo custodia judicial. Al camionero se lo acusó de “tentativa de contrabando de importación de estupefacientes calificado por su destino comercial”. El hombre declaró que el dueño del camión, Freddy Pérez, le había ordenado que “solo cargara diésel en el tanque que estaba conectado, que el otro estaba lleno y que no lo tocara”.  

Cuando lo citaron a indagatoria, Sejas Rosales explicó que el camión cisterna transportaba 35 mil litros de alcohol etílico –como sostenía la declaración de Tránsito Aduanero-. Reynoso imputó al empresario boliviano como “partícipe secundario” y le dictó la excarcelación.

Como cada vez que uno de los camiones de la empresa quedaba en manos de la Justicia, el abogado Ramón Antonio Valor se presentó en el Juzgado de Orán. Explicó que el alcohol transportado pertenecía al ingenio Guabira SA y que la empresa Creta SRL era responsable del producto, por lo que pidió la devolución de la mercadería que debía ser entregada en Chile.

El 20 de febrero de 2014 el juez Reynoso autorizó la entrega de la carga y pidió que se tomaran muestras. Oliver –hijo del empresario- cargó la mercadería en otro camión cisterna y volvió a Bolivia. Tiempo después, cuando se peritó una muestra de la carga, se descubrió que en lugar de alcohol etílico había tolueno, un químico utilizado como precursor en la producción de cocaína. Para ese entonces, los 35 mil litros estaban en poder de Sejas Rosales en Bolivia.

El entonces titular de la Procunar, Adolfo Villate, denunció otra irregularidad. El abogado Valor, además de intervenir en la causa como defensor de Sejas Rosales, lo había hecho como conjuez cuando el juez Reynoso estuvo de licencia.

Otros casos similares

A partir de este caso, la Procunar descubrió que en el Juzgado de Orán había otras ocho causas en las que se había incautado cocaína en camiones del  conglomerado de empresas de Sejas Rosales. En todas ellas se acusó a los camioneros. Cuatro de ellos recibieron condenas de hasta 5 años y 5 meses.

Para los investigadores, Sejas Rosales utilizaba los camiones de su empresa para enviar cocaína desde Santa Cruz de la Sierra hacia Argentina “mediante la utilización de sus propias empresas, camiones cisternas y choferes, sin correr riesgo alguno, ni pérdidas, toda vez que los vehículos incautados en todos los casos resultan recuperados. El negocio parece redondo, pues sólo genera ganancias y los riesgos procesales únicamente lo corren los conductores de los vehículos”, planteó Villate en su recusación, que luego fue defendida por su reemplazante Diego Iglesias.

La Procunar pidió además que se impute a la esposa del empresario, Carmen Ana Vargas, a tres hijos de la pareja (José Luis, Olver Alexander y Andrea Alejandra) y a otras dos personas por los delitos de contrabando agravado de estupefacientes y contrabando doblemente agravado por el tráfico de sustancias peligrosas para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos falsos ante el servicio aduanero.

SO/RA