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Este miércoles la Cámara de Diputados convertirá en ley el proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y el Ministerio Público. En la misma sesión tratará también la iniciativa de exteriorización voluntaria de capitales para inversión en el sector energético e inmobiliario, también llamada “ley de blanqueo”. Ambos cuentan con media sanción del Senado.

El proyecto de blanqueo repite las condiciones aprobadas en 2009 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero establece que los capitales volcados al mercado interno serán dirigidos a la inversión en YPF, o al sector de la construcción y las transacciones inmobiliarias. Se espera que cerca de 5 mil millones de dólares pasen a pagar tributos en forma regular, dinero que hasta hoy no ha sido declarado.

El proyecto de ingreso democrático e igualitario es el último que resta aprobar de los seis que presentó el Poder Ejecutivo en el paquete de reformas judiciales. Los primeros en ser sancionados fueron el de creación de tres Cámaras de Casación y el de regulación de las medidas cautelares. Siguieron el de creación de un registro público de causas de libre consulta,  el de publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y el de reforma del Consejo de la Magistratura.

Con el ingreso por concurso público se busca terminar con las prácticas de la “familia judicial”,  y privilegiar la idoneidad técnica de los aspirantes. El proyecto pone en pie de igualdad a aquellos cuya trayectoria se ha desarrollado fuera del Poder Judicial y realizaron tareas vinculados a la Justicia. Además, impide el ingreso de quienes hayan participado de la última dictadura cívico militar.

El proyecto de ingreso democrático había sido aprobado por la Cámara baja previamente, cuando se trataron los proyectos de publicidad de las declaraciones juradas y de publicación de los fallos y resoluciones. A partir de una carta de la Junta de presidentes de cámaras, canalizada por Ricardo Lorenzetti, se incorporó la posibilidad de que cada juez designe de forma directa a dos colaboradores letrados, sin su pase a planta permanente. Ese cambio es el que deberá ser refrendado por los diputados.

Con la reforma se desencadenó un amplio debate sobre la democratización de la Justicia, objetivo planteado por el gobierno nacional desde comienzos de año. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anticipó las reformas en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1º de marzo. Desde entonces,  aún sin conocer el texto de los proyectos, la oposición rechazó las propuestas. El 8 de abril se hicieron públicos los proyectos, en un anuncio de la presidenta en el Museo del Bicentenario.

La reforma ha tenido apoyo de diversos sectores de la sociedad. Desde colectivos de discusión jurídico política como Justicia Legítima se celebró el comienzo de un debate a nivel nacional que se venía dando en los pasillos de los tribunales y de las universidades. Asociaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales también hicieron aportes a los proyectos, sumando legitimidad a las reformas propuestas.