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En 15 escuelas de la ciudad de Buenos Aires se reciben los reclamos por los problemas con el sistema de inscripción online. El ministerio de Educación tiene hasta el 2 de febrero para resolverlos, según se acordó en la audiencia judicial que se realizó los días 26 y 30 de diciembre pasados en  el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Número 8.Además, el GCBA hace cinco años que incumple dos sentencias judiciales que lo obligan a resolver la falta de vacantes en el nivel inicial.

 “Ayer recorrimos algunas de las escuelas y vimos que están funcionando. Hicimos algunas observaciones como por ejemplo que la constancia de trámite que se da es muy precaria y que en los frentes de los establecimientos no hay avisos que pongan en conocimiento de que es un lugar para recibir reclamos”, relató a Infojus Noticias, Mario Kestelboim, defensor general de la ciudad. El defensor consideró que los funcionarios del gobierno están trabajando para resolver “el desastre” que fue la inscripción.

“Sobre lo que queremos llamar la atención es sobre el distinto trato que ha dado el ministro de Educación a la situación del colegio Guido Spano. Está bien que Bullrich se haya ocupado pero no tuvo la misma vara con respecto a la escuela pública. La inscripción online ocasionó 17 mil chicos sin vacantes. Él fue convocado tres veces por la Justicia y en todos los casos mandó funcionarios en su representación. En el caso del conflicto con el colegio privado Guido Spano recibió a los padres personalmente. Queremos señalar el distinto trato. No está mal que los reciba, al contrario, pero no coincide con el trato que le dio a la escuela pública”, agregó Kestelboim.

Después de la audiencia judicial del 26 de diciembre el gobierno aceptó abrir 15 puestos de atención personal durante enero y febrero, uno en cada comuna. Se comprometió a darle publicidad en los diarios de circulación nacional. Los reclamos deben tener una respuesta en un plazo máximo de 15 días corridos y para el 2 de febrero todas las solicitudes deben tener respuesta.

En octubre de 2013 el Ministerio de Educación porteño anunció que para el ciclo lectivo 2014 la inscripción se haría a través de internet. En ese momento el gobierno aseguró que el sistema asignaría las vacantes de manera más eficaz que el sistema presencial y que respetaría las prioridades para el ingreso que establece el reglamento escolar. A los pocos días del anuncio aparecieron las primeras críticas.

El 24 de octubre la Defensoría General de la ciudad presentó un recurso de amparo, pedía que una medida cautelar suspendiera la inscripción porque no estaba garantizado que pudiera garantizar una inscripción sin conflictos. El juez Osvaldo Otheguy negó la solicitud porque afirmó que le faltaba información e hizo una serie de requerimientos al gobierno. La inscripción siguió adelante. A principios de diciembre cuando las familias comenzaron a recibir los resultados de la asignación de vacantes el conflicto estalló. El sistema on line no había respetado los cupos directos que les corresponden a los hermanos e hijos del personal ni otras prioridades de asignación.

La Defensoría general junto con la Unión de Trabajadores de la Educación y las familias afectadas se presentaron nuevamente a la Justicia con amparos individuales y colectivos que piden que se garantice el derecho a la educación de los niños y jóvenes y se respete el reglamento escolar. La justicia resolvió de manera favorable al menos dos de esos amparos ordenando al ministerio de Educación que resuelva las inscripciones respetando el reglamento. Finalmente, el juez Otheguyconvocó a una audiencia pública en la que el gobierno se comprometió a resolver la situación.

La falta de vacantes en lactarios y guarderías, sin solución

Un aspecto importante del conflicto por la asignación de las vacantes para el ingreso al sistema educativo público de la ciudad de Buenos Aires no tendrá solución. Según reconoció el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en el nivel inicial hay 2000 vacantes menos de las necesarias. Hace casi cinco años que la Justicia le ordenó al gobierno porteño que resuelva la falta de infraestructura que impide el ejercicio del derecho a la educación desde los 45 días reconocido por la Constitución de la ciudad.

La falta de vacantes en jardines maternales, de infantes y preescolar no tiene que ver con el sistema de inscripción online. Se trata de un problema de infraestructura que el Gobierno de la ciudad no resuelve a pesar de que se trata de un derecho establecido en la Constitución local. En el marco de una causa judicial que empezó en 2007 hay dos sentencias -de primera y de segunda instancia- que obligan al gobierno a resolver la falta de lugares. Permanecen incumplidas.

Según consta en el acta de la audiencia judicial del 26 de diciembre de 2013 “el GCBA informa” que en el nivel inicial “tienen 23.000 vacantes y 32.000 inscripciones. En sala de lactarios, sala de 1 y sala de 2 las vacantes son insuficientes. Hay 2000 vacantes faltantes.”

El artículo 24 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires dice que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. Es decir, que no es obligatorio para las familias enviar a sus hijos a la escuela hasta que cumplen cinco años pero sí es responsabilidad del Estado asegurar y financiar la educación desde el nivel de lactarios.

Ante el incumplimiento de esta responsabilidad y la consiguiente denegación de derechos de los ciudadanos, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició en 2006 una causa en la justicia porteña. Pidió una acción de amparo para que el GCBA cumpla con su obligación.

El 13 de agosto de 2007 hubo una sentencia favorable de primera instancia que obligaba al GCBA a iniciar las obras de infraestructura que permitieran resolver el problema. Según consta en la causa los años anteriores, el gobierno había subejecutado el presupuesto asignado a educación. El GCBA apeló. El 19 de marzo de 2008 la  Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificó la sentencia. Para febrero de 2011 el GCBA seguía sin resolver la falta de vacantes.

En ese momento ACIJ logró en febrero de 2011 la firma de un acuerdo por el cual el gobierno se comprometió a construir 24 establecimientos educativos y a presentar un plan para resolver la totalidad de vacantes necesarias. Según el acuerdo, las obras debían estar listas para fines de 2012. Ese plan se cumplió parcialmente, como consecuencia miles de chicos siguen sin vacantes.

Según un relevamiento de ACIJ “a diciembre de 2013 sólo finalizó 14 obras de las 24 comprometidas, que generaron 3581 vacantes en el nivel inicial. Producto de este incumplimiento, en marzo de 2013, las listas de espera dejaron el saldo de más de 6320 niñas y niños sin acceso a la educación de nivel inicial”. ACIJ también informó que la Dirección de Infraestructura Escolar subejecutó su presupuesto al menos desde 2010 en porcentajes que van entre el 20 y el 52 por ciento.