Infojus Noticias

La oficina del fiscal federal Miguel Palazzani está casi vacía. En las bibliotecas no hay libros -ni siquiera de formación jurídica- el teléfono que está sobre el escritorio no tiene cable y en medio de la entrevista un hombre sobriamente trajeado irrumpirá para avisarle que siguen buscándole una computadora. Una planta fina y alta y la bandera argentina son todo lo que el fiscal tiene en su nuevo despacho del microcentro porteño que da a un patio interno.

El jueves por la noche le avisaron que quedaría al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en reemplazo de Abel Córdoba. Pero en esta entrevista con Infojus Noticias no hablará sobre su nuevo rol institucional sino sobre la medida histórica tomada en el Consejo de la Magistratura. Por una apretada mayoría, el Consejo no ratificó las subrogancias de los jueces federales de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, los magistrados que habían frenado virtualmente todas las causas por complicidad civil durante la última dictadura cívico militar.

- ¿Cómo definirías en pocas palabras lo que pasó el jueves en el Consejo?

- El Consejo de la Magistratura asumió su rol constitucional, y a partir de las denuncias que se le venían haciendo, resolvió asegurar la efectiva tutela judicial a los ciudadanos de Bahía Blanca; especialmente a las víctimas del Terrorismo de Estado. Por otro lado, quedará el proceso disciplinario contra Ulpiano Martínez (por varias denuncias por mal desempeño en su cargo), que ejercerá su derecho de defensa a partir del 14 de agosto, e irá por otro carril. Y además, ayer las víctimas Eduardo Hidlago, Alejandra Santucho y Laura Conte, pudieron hablar adelante del pleno del Consejo, algo que simbólicamente fue impactante.

- ¿Qué importancia institucional tendrá?

- La importancia institucional es enorme, porque detrás quedó una historia de impunidad muy pesada en Bahía Blanca, que se quiebra con el primer juicio en 2012 (con jueces que no eran de Bahía Blanca), con una fiscalía que viene librando la batalla junto con los organismos, desde Hugo Cañón –con una época muchísimo más difícil-, heredada por Abel Córdoba, que produjo el rompimiento histórico del juicio en 2012, y retomada por nosotros (él y el fiscal José Nebbia) en 2013, pudiendo avanzar sobre las responsabilidades civiles, que fueron las que detonaron esta reacción de la corporación judicial y de los poderes reales de Bahía Blanca.

- ¿Esas cartas no se habían jugado con el juzgamiento de los militares?

- Exacto. Hubo resistencias, pero se fueron venciendo como en otros puntos del país. Lo que pasó acá no es nada muy distinto a lo que pasa en el resto del país. Como el caso Blaquier: operadores judiciales actuales juegan un rol ahora visible, con el disfraz argumental que quieras. Lo importante de las causas es que vamos con el lenguaje que hay que ir, que es el lenguaje de las pruebas. Y eso es irrefutable. Y genera cada vez más incomodidad, en esos operadores judiciales, de justificar lo injustificable. Cada vez tienen que caer en lugares de argumentación más ridículos. En Bahía Blanca la maniobra fue quizás la más burda: apartamiento, cesantía, persecución personal, familiar y profesional al juez (Álvaro) Coleffi, que había avanzado, como medida de disciplinamiento del propio poder judicial, denuncias penales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, denuncias que todavía tenemos. Y también salió el Colegio de Abogados a respaldarlos, y el diario la Nueva Provincia, siempre como soporte discursivo para los desprevenidos, esmerilando, debilitando, horadando. Ese trabajito con todos los recursos periodísticos –y de los otros- lo saben hacer bien.

- ¿Qué pasas con esas causas penales?

- Son denuncias hechas con argumentos ridículos, que son lugares de extorsión, en definitiva. Porque están ahí, son una espada de Damocles, no tienen fundamentos pero pueden provocar allanamientos, escuchas, o lo que fuere. No casualmente el Colegio de Abogados sale a apoyarlos con el discurso republicano de la independencia judicial, y las causas de denuncias de Martínez y Fernández Moreno están en manos del vicepresidente segundo y tercer del Colegio de Abogados. Haber sacado todo eso a la luz es otro mérito de este proceso.

La maniobra completa

“Lo de Pontet fue grotesco, porque la Cámara de Apelaciones no podía nombrarlo y lo hace, y ante el planteo nuestro ni se animó a decidir y lo elevó ante el Consejo de la Magistratura. Pero no sólo es la designación de Pontet: es la maniobra que termina con la designación de Pontet, que dicta de inmediato la falta de mérito de (Vicente) Massot (director de La Nueva Provincia)”, dice Palazzani.

- ¿Qué pasos se siguieron?

- Nosotros alertamos la maniobra cuando comenzó todo, cuando la Cámara aparta a Coleffi de todas las causas por delitos de lesa humanidad de manera administrativa y sin dar ninguna razón. Ahí empieza toda la historia: por agosto de 2014. Coleffi estaba avanzando con el obispo Vara, con Massot, y ahí hubo una inquietud: había que sacar la falla del sistema.

Pero no les alcanzó con eso. Había que disciplinar. Rescataron una causa de filtraciones que no le interesaba a nadie (es la investigación contra Juan Suris por narcotráfico) porque estaba todo definido, lo acusan de pasar información a la prensa. Y entra a jugar otro personaje, que estaba excusado de todo esto, que es el camarista federal Néstor Montezanti, ex personal civil de inteligencia de la dictadura. El 30 de diciembre de 2014 retoma la superintendencia en causa de lesa humanidad y lo termina cesanteando a Coleffi en tiempo récord. Único caso en la historia de la jurisdicción. Y en el medio de todo, la designación de Pontet que le dicta el sobreseimiento a Sierra y a Massot. El final de la maniobra: página completa de La Nueva Provincia, con foto, diciendo ‘Coleffi procesado’ en la causa de las escuchas.

- ¿Qué va a pasar ahora, que el Consejo de la Magistratura  decretó que su nombramiento de Pontet fue irregular?

- Yo creo que esos sobreseimientos son nulos de nulidad absoluta. Todo lo que hizo Pontet fue nulo, porque tal la grosería que ameritaría que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto respecto de los camaristas de Bahía Blanca que designaron a Pontet en el marco de toda esta maniobra. Aunque está apelada por la vía recursiva normal, también vamos a pedir la nulidad en los próximos días.

- ¿Si la nulidad prospera Massot podría ir preso?

- Si, claro. Los delitos de los que se lo acusa son los más graves que contempla el Código Penal.

La disputa por el sentido

La sesión del jueves en el Consejo de la Magistratura fue muy intensa, y la votación final muy cerrada. Habló la madre de Plaza de Mayo, Laura Conte, que aseguró que los vuelos de la muerte habían comenzado en aquella ciudad portuaria del sur bonaerense. Lo sabía, detalló, porque su hijo desaparecido, Augusto María Conte, fue secuestrado mientras hacía la colimba en esa ciudad. También hablaron Estela Carlotto y Alejandra Santucho, que vio desde una casa vecina cómo asesinaban a sus padres y cuya hermana Mónica fue acribillada siendo una niña de 14 años. Y el ex detenido y hermano de un desaparecido, Eduardo Hidalgo. También se oyó al ex secretario judicial de Ulpiano Martínez, Mario Fernández Moreno, que volvió a cargar contra Palazzani y Nebbia. Cuando llegó la hora de la verdad, la definición sobre la legitimidad de las subrogancias estaba empantanada en seis votos para cada bando. El desempate quedó en manos de la presidenta del Cuerpo, Gabriela Vásquez, adherente de la lista celeste del Colegio de Abogados que (al igual que la lista bordó) había respaldado a Martínez y a Pontet en un comunicado. Y nombró como subrogante al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

¿Cómo va a impactar lo que sucedió el jueves en la familia judicial y las corporaciones en Bahía Blanca?

- Ha sido un momento histórico, un quiebre. Lo que no creo es que se queden de brazos cruzados. Estamos investigando a los personajes enquistados en los lugares donde se ejerce el poder en esa ciudad. El Poder Judicial, las corporaciones de la sociedad civil, y un diario histórico, fundante de la subjetividad bahiense durante muchos años. Yo creo que estamos ante una disputa cultural, porque los mismos actores del poder judicial son los que forman abogados en la Universidad Nacional del Sur. Y son los mismos que ocupan otros espacios de poder y de producción de sentido. Esos lugares todavía están colonizados por ese sector que representa La Nueva Provincia, en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.