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El titular de la Fiscalía Federal N°5 de la Capital Federal, Leonel Gómez Barbella, impulsó la investigación a funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos la decana Mónica Pinto, por los delitos de administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la suscripción de convenios de servicios de la unidad académica con instituciones privadas y estatales desde 2012.

La denuncia fue formulada por una abogada y judicializada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la denuncia, la investigación se funda en la posible utilización de fondos derivados de Convenios de Asistencia Técnica y Capacitación para el financiamiento de actividades partidarias del radicalismo universitario y enriquecimiento personal, al menos desde 2012 hasta la actualidad.

Los fondos en cuestión superarían los 140  millones de pesos solo en 2014, y provendrían del pago de honorarios por la prestación de servicios técnicos encargados por terceros a la Facultad. La denuncia señala que los fondos no habrían estado sujetos a ningún tipo de control. Y se añade que no sería posible "acceder y consultar los listados de los individuos y/o entidades que en definitiva resultan beneficiarios de estos contratos.

Además de Mónica Pinto, también fueron denunciados el vicedecano, Alberto Bueres; el secretario de administración, Carlos Bedini; el secretario de extensión universitaria y bienestar estudiantil, Oscar Zoppi, y el subsecretario académico, Lucas Bettendorff.

El fiscal Gómez Barbella sugirió al juez Luis Rodríguez una importante cantidad de medidas de prueba y señaló que, según lo que se desprende de la denuncia, “las autoridades de la Facultad distribuirían las cuantiosas sumas de dinero entre personas de su entorno, que se encuentran vinculadas y/o que son seleccionadas, en base a criterios poco transparentes como puede llegar a ser afinidades políticas, familiares y/o amiguismos”.

La denuncia impulsada por la Procelac quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo de Rodríguez y el fiscal a cargo de la investigación es Gómez Barbella, que espera la decisión del magistrado quien deberá determinar si hace lugar al pedido y a las medidas requeridas.

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