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Para que exista un prófugo, hay una red que permite sostenerlo en la clandestinidad con dinero, vivienda y documentación apócrifa. La Justicia Federal investiga quiénes y cómo, consiguieron que tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) imputados por delitos de lesa humanidad, permanezcan  en la clandestinidad durante años. La investigación empezó a partir de una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella y que tomó curso en la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata a cargo de Pablo Larriera.

Según el escrito del fiscal en el que acepta la competencia, se apunta a Fernando Federico Delgado, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, todos ellos imputados en causas por  violaciones a los derechos humanos vinculadas a crímenes de lesa humanidad. De los tres  militantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), sólo Delgado sigue prófugo, mientras que Otero y Viglizzo lo estuvieron durante un largo tiempo, pero ya fueron capturados.

La CNU nació en 1968 como una fuerza de choque dentro de la derecha peronista y en 1975 se convirtió en una herramienta del Estado. Dependía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de las Fuerzas Armadas.

Averiguar de qué manera los prófugos pudieron obtener los recursos económicos y financieros que les permitieron solventarse durante los años en que se mantuvieron en la clandestinidad –en el caso de Delgado se sostiene hasta hoy– es la intención de la Justicia con el fin de desbaratar la red que, se presume, no tendría que ver con vínculos individuales, sino con una estructura interrelacionada.

Larriera pidió a al Juzgado que se libre un oficio a la UIF, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, al Registro Público de Comercio, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que den todo tipo de información vinculada a los imputados para armar un perfil patrimonial de cada uno de ellos y las posibles estructuras financieras de las que puedan ser parte. En el escrito Larriera pide: “se dicten las medidas cautelares correspondientes a los fines de bloquear los flujos económicos que operan con la única finalidad de lograr y mantener la impunidad de los crímenes de lesa humanidad imputados”.

Los detenidos y el prófugo

Los tres imputados tenían pedido de captura nacional e internacional por parte del juez Federal Santiago Inchausti. Cualquier dato sobre su paradero cotizaba 100 mil pesos. Según el expediente de la causa 13.793, caratulada “Averiguación de delito de acción pública (C.N.U.)”, Otero está acusado de integrar una asociación ilícita conducida por el ex fiscal Gustavo Demarchi para cometer distintos delitos como los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi. La situación de Viglizzo es similar. Según analizó la Justicia, es uno de los ideólogos de la CNU junto con el ex fiscal Gustavo Demarchi, que también está detenido en la misma causa.

Fernando Federico Delgado, es un marplatense que formó parte de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) y que integró el aparato represivo del Estado durante la última dictadura cívico militar. La justicia ordenó su captura el 14 de mayo del año pasado por su participación en el secuestro del periodista y ex titular del sindicato de prensa marplatense, Amilcar González, el 25 de marzo de 1976.