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La Cámara del Crimen ordenó investigar a cuatro efectivos de la Policía Metropolitana acusados de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por la detención de un vendedor ambulante quien, tras permanecer en poder de los uniformados, debió ser trasladado a un hospital público para recibir curaciones por las heridas que presentaba y que no tenía antes de ser arrestado.

La Sala Cuarta del tribunal reabrió así una investigación que había sido cerrada contra Claudio Daniel Herrera, Roberto Damián Suárez, Juan Emilio Tejerina y Nicolás Caballero. La causa se inició a raíz de “la denuncia formulada por Carlos René Childe, quien refirió que el 14 de noviembre del año pasado, cuando se encontraba ofreciendo como vendedor ambulante paños de limpieza en la vereda de la Estación Retiro del ex Ferrocarril Belgrano”.

En esa circunstancia “se le presentaron, cerca de las 11 de la mañana, varios inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (que tenían colocadas pecheras con la inscripción ‘Espacio Público’) para manifestarle que dicha actividad comercial era ilegal y por ende le sería decomisada su mercadería”. El vendedor ambulante “se negó por entender que no estaba cometiendo infracción alguna, al carecer de un puesto fijo de venta”.

Esa situación derivó en “la convocatoria  de al menos diez agentes de la Policía Metropolitana, siendo que uno de ellos, de apellido Suárez, le manifestó a Childe que se procedería a secuestrar los productos que ofrecía y se le iniciaría una causa por resistencia a la autoridad, tras lo cual, junto a otro efectivo, lo esposaron, golpeando fuertemente su cabeza al ser tirado contra el piso”.

Del expediente surge que el vendedor ambulante fue subido “a una camioneta perteneciente a dicha fuerza de seguridad y lo trasladaron hasta el frente de la Plaza San Martín”, donde –según la denuncia- “fue golpeado en distintas partes del cuerpo por cuatro o cinco uniformados”. Como consecuencia de ello, relató Childe, fue “conducido a la guardia del Hospital Bernardino Rivadavia con motivo de las lesiones que presentaba” y finalmente, “cerca de las 17.15 ingresó a la Comisaría Comuna 4ª de la Policía Metropolitana y a las 21.730 fue dejado en libertad”. Salió de la seccional con múltiples lesiones y excoriaciones que aquella mañana, cuando salió a ganarse la vida, no padecía.

En primera instancia, los metropolitanos fueron sobreseídos porque “los elementos colectados no permiten tener por demostrada la existencia de una extralimitación en las facultades de dichos agentes policiales puesto que debieron hacer uso de la fuerza mínima indispensable para reducir al querellante, debido a la férrea resistencia que opusiera desde el inicio del procedimiento”.

Pero los camaristas Carlos Alberto González y Alberto Seijas advirtieron que el vendedor ambulante fue “trasladado hasta la plaza San Martín en un vehículo de la fuerza, siendo imposible conocer lo ocurrido allí dentro al no contarse con testigos presenciales ni tampoco otras probanzas que acrediten los extremos denunciados”.

“Es deber de los Estados no sólo garantizar la dignidad de las personas sujetas a su control durante la detención, sino que existe un deber de dar explicaciones sobre lo que sucede con los detenidos y una especial función de garantía por parte del Estado en el resguardo de derechos con motivo de la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad. Teniendo en cuenta la escasa visibilidad que suelen tener este tipo de hechos, resulta imprescindible que los casos de abuso policial que logran ingresar en los cauces institucionales, sean investigados adecuadamente de acuerdo a los estándares constitucionales”, subrayaron los jueces.

Sostiene el fallo: “los elementos de cargo colectados son suficientes para tener por conformado el grado de sospecha requerido para convocar a los imputados a prestar declaración” indagatoria. Y agrega que “las filmaciones reservadas dan cuenta de que la aprehensión del querellante se produjo alrededor de las 12:05 y su traslado a la Plaza San Martin ocurrió entre las 12.08 y 12.09, formalizándose su detención mediante la pertinente acta y lectura de derechos a las 12.20, pese a lo cual la camioneta de la Policía Metropolitana en la que fuera trasladado permaneció allí estacionada por un lapso mayor a una hora, retirándose recién a las 13.21. Por último, se determinó su ingreso a la guardia del Hospital Bernardino Rivadavia a las 14.30, sin haber pasado antes por ninguna dependencia policial”.

“La excesiva permanencia de Childe en el interior del vehículo policial no encontraría, en principio, justificación alguna en tanto tras la aprehensión debía ser trasladado inmediatamente a la comisaría o al hospital de ser necesario”, advirtió el fallo de la Cámara.

Los policías metropolitanos serán investigados. Pero el vendedor ambulante quedó desvinculado de la causa que le iniciaron por los “paños de limpieza” que ofrecía en la estación ferroviaria. “De la causa iniciada contra el denunciante y que motivara su detención, se dispuso su sobreseimiento el pasado 3 de febrero por expreso pedido del Ministerio Público Fiscal”.