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El ex juez Manlio Torcuato Martínez, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, comenzará a rendir cuentas ante la Justicia a partir del miércoles. El ex funcionario está acusado de no investigar y encubrir crímenes además de abuso de autoridad, privación ilegal de libertad y asociación ilícita todo en el marco del terrorismo de Estado.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán, que para este juicio estará compuesto por María Alicia Noli, Hugo Norberto Cataldi y José Fabián Asis, dará inicio a las audiencias a partir de las 9.30. Ese día, el fiscal General Subrogante, Leopoldo Oscar Peralta Palma y el Fiscal ad hoc Pablo Camuña, expondrán la acusación sobe el ex juez para después abrir el debate a los testigos. Como representantes de las querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las víctimas, actuarán Bernardo Lobo Bugeau, Pablo Gargiulo, Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison. El imputado estará asistido por los defensores oficiales Adolfo Edgardo Bertini y Vanessa Lucero.

Para los acusadores Martínez actuó "garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

Martínez está procesado en la denominada causa "Romero Niklison", que trata sobre la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los militantes de la organización Montoneros, María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una casa de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán.

En el inicio de la causa, el fiscal Carlos Brito acusó a Martínez por su inacción para investigar a los ejecutores de estos esos delitos y señaló que el ex juez, así, cumplía con una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión ilegal en la provincia y garantizar la impunidad de los perpetradores. El propio imputado reconoció haber estado presente en el lugar el día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la existencia de un "enfrentamiento" pese a las evidencias en contrario.

Según analizaron los acusadores, el entonces juez pudo haber ordenado al menos 20 medidas de prueba pero decidió no hacerlo. Además de esto, se le imputa haber dispuesto la persecución penal del propietario de la casa en la que se ejecutó la masacre, Miguel Romano. La investigación demostró que Martínez sometió a Romano a un interrogatorio sin asistencia de un defensor y después lo secuestró en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y lo entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía tucumana, Roberto Heriberto Albornoz , alias "Tuerto". Romano estuvo detenido de forma ilegal durante más de un año y luego fue sobreseído por Martínez con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo.

Para el debate están previstos 62 testigos y después de la apertura del miércoles, las audiencias seguirán el 30 de octubre, 6, 7 y 13 de noviembre siempre a partir de las 9.30.