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El megajuicio por delitos de lesa humanidad conocido como “Juicio a Jueces”, en Mendoza, entró en un receso hasta el 11 de febrero. En la última audiencia, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, continuó con su alegato, que ya ocupó cuatro jornadas en el debate.  La relación entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales fue el eje.  “La justicia no sólo que no investigó sino que montó una farsa en hacer oficios que nunca se profundizaron. Y muchas veces se resolvía que no había delitos en los casos, es decir, dictaminaban sin investigar que no se podía hacer nada. Esa conducta consolidó una impunidad, que se perpetuó en la democracia porque la mayoría de estos jueces y fiscales fueron los jefes de la corporación judicial”, dijo a Infojus Noticias el abogado querellante por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MED), Carlos Varela Álvarez.

En los pasillos judiciales se especulaba que Peñaloza iba a solicitar las penas, pero no concluyó y el tribunal, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, decidió pasar a un cuarto intermedio para después de la feria judicial, a partir del 1 de febrero del próximo año. El fiscal Dante Vega pidió al Tribunal y a las partes que se busquen mecanismos para que los alegatos tengan un desarrollo menos extenso, ya que calificó de inédito lo que sucede en Mendoza. “Aquí no se permitió la unificación de los alegatos de las diferentes querellas, como sí se hizo en el juicio de la ex ESMA”, dijo. 

Un juicio singular

El juicio, que comenzó el 17 de febrero de 2014, es inédito: además de juzgar a policías, militares y la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado contempla, por primera vez en la provincia, los ataques sexuales que sufrieron las ex detenidas y secuestradas, como un delito independiente de otros delitos como torturas y secuestros.

Son juzgados 31 imputados contra 200 víctimas, entre ellos, el ex camarista Otilio Romano; otros ex magistrados que prestaron funciones en la última dictadura, como Luis Miret y Guillermo Petra Recaberren; y el ex juez federal Rolando Carrizo. El punto común de la acusación a los ex funcionarios judiciales es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos. Hay testigos, además, que vieron a algunos de ellos en los centros clandestinos de detención.

El listado de imputados también lo integran Ricardo Benjamín Miranda Genaro; Amando Osvaldo Fernández Miranda; Luis Alberto Rodríguez Vázquez; Juan Agustín Oyarzabal Navarro; Alcides Paris Francisca Beccaria; Dardo Migno Pipaon; Paulino Enrique Furió Etcheverri; Ramón Ángel Puebla; Carlos Horacio Tragant Garay; Eduardo Smaha Borzuk; Mario Alfredo Laporta Chielli; Miguel Ángel Ponce Carrera; Juan Carlos Ponce Ochoa; Héctor Rubén Camargo Granda.

Lo completan Armando Hipólito Guevara Manrique; Pedro Modesto Linares Pereyra; Marcelo Rolando Moroy Suárez; Miguel Ángel Tello Amaya; Felix Humberto Andrada Ferreira; José Antonio Fuertes Fernández; Diego Fernando Morales Pastrán; Oscar Alberto Bianchi Bartell; Julio Héctor La Paz Calderón; Pablo José Gutierrez Araya; Antonio Indalecio Garro Rodríguez; Rubén Darío González Camargo; y José Antonio Lorenzo Constantino.

“Los jueces garantizaron la impunidad”

La conducta de los cuatro ex jueces imputados, que se negaron a promover investigaciones pese a las pruebas existentes y a la constante aparición de nuevos elementos aportados por familiares de detenidos–desaparecidos, quedó en evidencia durante la intervención del representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También quedó al descubierto, de acuerdo a los dichos de Peñaloza, que no es posible que desconocieran lo que estaba sucediendo en el marco de la represión disfrazada de lucha antisubversiva.

Entre los casos más importantes –que llegan a 100 y 130 por querella–, Peñaloza destacó los hábeas corpus presentados por familiares de Luis Alberto Granizo y Néstor López Fornés, ambos desaparecidos y posteriormente asesinados, y cuyas causas fueran archivadas por los ex jueces Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Max Petra Recabarren y Evaristo Carrizo. Los consideró como “emblemáticos y que ejemplifican el acuerdo de impunidad armado entre las fuerzas de seguridad y los ex magistrados”. Granizo fue detenido antes del golpe militar, cuando caminaba por la calle. Era la mañana del 8 de noviembre de 1975 e iba a llevarle dinero a su hermana.  Veinte días después, apareció con cuatro tiros en la cabeza y calcinado al costado del camino del Campo Las Lajas, centro clandestino de detención dependiente de la fuerza aérea.

A Néstor López Fornés, mientras tanto, lo secuestraron el 12 de diciembre de 1975 de su domicilio, ante los ojos de su esposa y sus dos hijos. Los captores vestían uniforme de la policía mendocina. “Lo buscamos en la comisaría y todos los lugares pero negaron su detención”, dijeron sus familiares cuando declararon en el juicio.  Quince días después, el cuerpo de Néstor apareció con los ojos vendados y acribillado por once disparos.

Ambos tenían una activa participación en el gremio gastronómico de Mendoza. La noticia sobre la  aparición de los cadáveres salió en la prensa  y sus familiares tramitaron hábeas corpus ante el Juzgado Federal. En su alegato, Peñaloza dijo que “existió prueba directa y comprobadas causales de muerte”; sin embargo, Miret y Romano rechazaron los recursos judiciales y, sin procurar la menor investigación, archivaron la causa. Éstos son, dijo, “los casos en los cuales comienza a sellarse el acuerdo de impunidad entre los magistrados y los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad”.

Además, destacó que las particularidades de la megacausa radica en que cuatro de los imputados –Romano, Miret,  Petra Recabarren y  Carrizo– son ex funcionarios de la Justicia Federal sobre quiénes pende “la hipótesis desarrollada en la acusación y la ampliación respectiva” de que “existió delito en su accionar, tuvieron conocimiento de sus consecuencias y participaron de la estructura de poder brindando impunidad a los autores directos”.

En este punto detalló que, para la investigación en casos de desaparición de personas, refirió a los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), donde “se daba expresa indicación a los magistrados de entonces sobre cómo proceder ante los recursos de hábeas corpus, tras advertir falencias en la tramitación de numerosos casos”. 

Por último, sobre los ex magistrados, dijo que después de la última dictadura “procuraron garantizar la impunidad sostenida en el tiempo”, y realizó un repaso por cada una de las causas que integran la acusación.