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El cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad  en San Salvador de Jujuy empezó esta semana, en el que están imputados 15 ex militares, agentes retirados de la policía provincial y federal, y personal del Servicio Penitenciario Provincial. Todos están acusados por el secuestro y la desaparición de 17 militantes del Partido Comunista de Tumbaya -localidad ubicada a 45 kilómetros de la capital, en la Quebrada de Humahuaca- y de San Salvador de Jujuy, entre agosto y diciembre de 1976.

La convocatoria para al inicio del debate oral fue tan masiva, que en el Rectorado de la Universidad Nacional (UNJ) -donde se desarrolla el juicio-, tuvieron que habilitar una segunda sala para los integrantes de los organismos de derechos humanos, familiares, amigos y público general.

En la apertura del proceso se leyó el requerimiento de elevación a juicio y la acusación de la fiscalía y las querellas. Las defensas formularon sus pedidos, planteos de oposición y recusación, que fueron rechazados por el Ministerio Público Fiscal, las querellas y luego por los jueces María Cristina Cataldi, Héctor Juárez Almaráz, Federico Díaz y Ernesto Clemente Wayar, integrantes del Tribunal Oral Federal.

Había expectativa por la declaración en teleconferencia de Rafael Braga, detenido en Marcos Paz. El represor fue condenando a perpetua en 2012, durante el primer juicio de lesa de Jujuy. Pero, por falta de tiempo se pospuso para la próxima audiencia.

Por el momento está previsto que las audiencias sean de media jornada, a pesar de que se habían pedido tres días completos por semana. “Un informe del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa" plantea la necesidad de celeridad del proceso por el impacto que tiene en las victimas. De todas formas el Tribunal por ahora manifiesta que no puede fijar más días de audiencias” explicó Pablo Pelazzo, Fiscal del Ministerio Público a Infojus Noticias

El cuarto juicio de lesa en la provincia

Se trata del cuatro juicio oral por los crímenes de terrorismo de Estado cometidos en la provincia de Jujuy donde, y surgió de una ragmentación de casos relacionados con los ya juzgados en 2012, primer juicio que condenó a represores y genocidas  en esa provincia. Las querellas estaban conformadas desde 2006, pero el juez Olivera Pastor entorpecía y paralizaba las causas vinculadas a los crímenes del terrorismo de Estado. Ante denuncias de organismos de DDHH y dos manifestaciones masivas, debió renunciar a su cargo. El juez Federico Poviña quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy. Fue quien impulsó las investigaciones, procesamientos y elevaciones a juicio. El magistrado utiliza  otros criterios y tiene en cuenta la sistematicidad del accionar represivo, "por esa atomización no pueden juzgarse la totalidad de los crímenes cometidos por cada imputado. Podemos tener 10 juicios más por distintos tramos de las mismas causas, lo que va en contra de la economía procesal y beneficia la impunidad.” explicó a Infojus Noticias María José Castillo, abogada querellante por el caso del Secretario General del Partido Comunista en Jujuy, Vicente Cosentini.

Durante las audiencias declararán 120 testigos, y la Fiscalía pidió incorporar 40 declaraciones realizadas en los juicios anteriores. Castillo dijo que “hay varios testigos, hijos y familiares de las víctimas, que van a declarar por primera vez. Con estos testimonios podremos acercarnos más a la realidad de lo ocurrido, tenemos expectativas. En juicios anteriores hubo relatos que aportaron mucha información”.

A su vez, Pelazzo explicó que con este debate se busca “desentrañar como fue la persecución y detención de los 17 militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya y en San Salvador de Jujuy, de los cuales ocho siguen desaparecidos” y agregó que “esperamos obtener información sobre otros responsables dentro del circuito de la Quebrada –en los penales de Volcán, Humahuaca y San Salvador- donde mantuvieron en cautiverio y torturaron a los integrantes del grupo de Tumbaya”.

Las 17 almas rojas “nuna puka”, así nombrados por HIJOS por la militancia de estos en el Partido Comunista (PC) y por el paisaje de Tumbaya son: los hermanos Paulino y Cresente Galeán; Rosalino Ríos; Elías Juan Toconás; Manuel Ismael Vivas; Vicente Juan Cosentini; Rosa Santos Mamaní; Américo Macrobio Vilca, que continúan desaparecidos. Mientras Emilio Ábalos; Santiago José Abán; José Nemecio Flores; Remigio Ángel Guerra; Pablo Roberto Lacsi; Gerónimo Lamas; Pedro Pablo Ramos, Santiago Ramos y Carlos Eulogio Villada, fueron detenidos y luego liberados.

Los imputados

Del total de imputados que tenía esta causa en sus inicios, sólo 14 llegan a ser juzgados en esta oportunidad, de los cuales “la mayoría están procesados en otras causas pero aún no fueros juzgados, y algunos es la primera vez que están imputados en una causa de lesa humanidad” informó Pelazzo.

Cinco de los procesados asisten a este debate en libertad, entre los que se encuentran Federico Colmenares y  Félix Batalla, chofer y acompañante de uno de los vehículos que salieron del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti hacia el Aeropuerto “Horacio Guzmán” el 15 de diciembre de 1976, quienes pueden tener información respecto de lo que sucedió ese día, en que salieron 2 camionetas y varios vehículos del Servicio Penitenciario de la capital de Jujuy. Catalino Soto, Jorge Ernesto Mendoza -alias “El Gaucho Martín”- y Melanio Portal -que fue declarado prófugo y por quien se demoró el inicio de este debate-, también están sin prisión preventiva.

Los ex militares Rafael Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, que fueron condenados a prisión perpetua en 2012 en el primer debate oral en esa provincia, serán juzgados por su accionar en diferentes tramos y causas vinculadas a las que fueron sentenciadas en aquella oportunidad, sin embargo con este proceso no se abarcan todos los crímenes que se les imputan por estos casos.

El resto de los imputados son: Alberto Callao, del Ejército; Armando Hugo Ruiz, Raúl Armando Claros, Siro Lucas Goyechea y Juan Carlos Vaca –ex policías de Jujuy- que están detenidos. Carlos Gutiérrez –del Ejército- y Ramón Herrera -del Servicio Penitenciario- tienen el beneficio de la prisión domiciliaria.

JB/LC