Infojus Noticias

El fiscal general del jury al José María Campagnoli, Adolfo Villate, sostuvo que el problema de salud de la jueza María Cristina Martínez Córdoba fue motivado por las “presiones” que recibe de los medios. Su descompensación obligó a postergar los alegatos finales de la acusación y la defensa, previstos para hoy en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal donde se lleva adelante el proceso contra el funcionario suspendido.

Según informaron fuentes judiciales, Martínez Córdoba sufrió un pico de presión arterial y por eso solicitó la suspensión de la audiencia, que se realizará este lunes en el juicio político donde se intenta determinar si Campagnoli incurrió en mal desempeño de sus funciones.

"Este problema de salud que tuvo la jueza Martínez Córdoba es motivado por la gran presión de los medios y las redes sociales. A través de tuits se difunden los teléfonos de su casa y, de esta manera se la insta a que vote de tal o cual manera", aseguró Villate en declaraciones a la agencia Télam.

Además, Villate señaló que junto a las “presiones públicas” como las del programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, se produjo un ataque en las redes sociales con una serie de “tweets amenazantes". En varios de ellos dieron detalles de la vida de la Martínez Córdoba, publicaron los teléfonos de su lugar de trabajo instando a llamarla e incluyeron mensajes intimidantes.

La mayoría de ellos fueron lanzados por militantes pro Campagnoli desde perfiles conformados con usuarios ficticios como @ValitaJV -que sigue, por ejemplo, al perfil de Luis Abelardo Patti- y le advirtió: “Haga bien su trabajo, sea digna y podrá caminar por la calle”, escribió.

Otro perfil aparentemente ficticio pero muy activo –emitió 32 mil tuits desde junio de 2010- es el de @julyanaarduain, que le dijo: “María Martínez Córdoba cuando salgas a la calle nos vamos a acordar de vos”, y adjuntó una foto de ella con una leyenda pidiendo: “Si te lo Kruzas en la Karnicería pedile ke reKa-pacite y VOTE a FAVOR del Pueblo = Campagnoli”.

Pero entre esa treintena de mensajes enviados por militantes del fiscal suspendido hay una que sorprende más que las otras y es la del secretario de Campagnoli, Ignacio Rodríguez Varela, hijo del ministro de Justicia de la última dictadura militar, Alberto Rodríguez Varela. Desde su cuenta de Twitter (@IgnacioRodrigu1), el 21 de junio, escribió “Dra. Martínez Córdoba: #Campagnolli fue por una década Secretario de Menores y por 14 años Fiscal de Menores de Saavedra/Núñez/V.Urquiza”. Pero aunque decidió borrarlo lo retuitiaron siete veces.

La decisión de suspender la audiencia hasta el lunes 30 de junio a las 10, lleva la firma del presidente del tribunal, Daniel Adler y de los vocales, los representantes de abogados Francisco Panero y Adriana Donato, y Ernesto Kreplak, Juan Octavio Gauna y Rodolfo Ojea Quintana, designados por el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y el Senado Nacional, respectivamente.

También se postergó la "incorporación por lectura" de los testimonios de las jueces de instrucción María Gabriela Lanz y Wilma López y del fiscal federal Guillermo Marijuan, que se iba a realizar hoy previo a los alegatos.

El juicio de remoción de Campagnoli fue promovido a instancias de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Al suspendido fiscal se le atribuye haber cambiado el objeto procesal de una causa en la que el financista Federico Elaskar pasó de denunciado por administración fraudulenta a supuesta víctima de una extorsión.

Campagnoli, según los fiscales Marcelo García Berro y Adolfo Villate, habría retenido esa causa, cuando, por razones de competencia, correspondía que fuera investigada por Guillermo Marijuan.

Otros cargos contra Campagnoli son un "abuso de autoridad" en la fiscalía de Saavedra y asumir una actitud "desafiante" contra Gils Carbó, cuando se le quitó una subrogancia en otra repartición del ministerio público fiscal.

La defensa de Campagnoli, a cargo de los abogados Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, argumenta, en cambio, que el suspendido fiscal fue sometido a un jury por investigar al empresario Lázaro Báez.