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Sin la presencia del suspendido juez provincial Pedro Hooft, que sufrió un ACV al término de la jornada en que escuchó la declaración Marta García, los abogados de la acusación pidieron su destitución. “Llegamos hasta esta instancia a pedir esto porque Hooft se amparó en sus fueros para no ir a declarar las siete veces que fue citado en la causa penal que se tramita en paralelo a este jury y que lleva ocho años”, dijo el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén.

Durante las dos horas del alegato acusador, Alén y César Sivo subrayaron que en la tramitación de las causas por los secuestros de desapariciones de los abogados de la “Noche de las corbatas” está la prueba sobre la colaboración de Hooft con la última dictadura. La defensa, que encabezó Héctor Granillo Fernández, hizo todo lo contrario: sostuvo que no había prueba suficiente, habló de la trayectoria de su defendido y dedicó buena parte de la hora y media de su exposición a cuestionar las declaraciones de García, viuda de Jorge Candeloro y principal testigo contra Hooft.

“Hay elementos más que suficientes para determinar que Pedro Cornelio Federico Hooft, en rol como juez penal, incumplió los deberes y eso lo convierte en autor responsable”, afirmó Alén al abrir el alegato de la acusación. La sala estaba en completo silencio, como lo estuvo durante toda su exposición. Lo único que se filtraba en el salón del primer piso del Palacio de Justicia bonaerense era el sonido de una radio abierta. Eran los militantes de la agrupación Rodolfo Walsh que reclamaban la destitución del magistrado y habían pegado figuras humanas con los nombres de los abogados desaparecidos en las rejas del edificio.

Tal como ocurrió a lo largo del proceso, que comenzó hace casi dos meses, Alén centró el reclamo en el megaoperativo que se inició con el secuestro del matrimonio Candeloro en Neuquén y que tuvo su pico entre el 6 y 8 de julio de 1977 en Mar del Plata. En esas 48 horas secuestraron a Camilo Ricci, Hugo Alais, Salvador Arestín, Norberto Centeno, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y su esposa, Mercedes Argañaráz, embarazada de cuatro meses. La faena continuó por una semana más y sumó trece personas.

Dijo que en varias causas por privación ilegítima de la libertad, Hooft no hizo lo que establecía la legislación vigente. Incluso en la dictadura –precisó Alén- los magistrados debían instruir las causas para intentar esclarecer los hechos. Señaló las distintas notas publicadas en el matutino marplatense La Capital donde se detallaban las reuniones mantenidas por Hooft con el jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Barda, tras los secuestros. “Si las noticias periodísticas decían que Hooft se entrevistó con Barda antes de la liberación de Ricci –quien salió libre dos días después de su secuestro y nunca habló del tema- y, como dijeron los testigos Carlos París y Rubén Junco, todos sabían que los secuestradores eran los militares ¿Por qué no hizo gestiones por Alais?”, preguntó.

Además, sostuvo que esa “diferencia” de gestiones posibilitó distintos resultados. "Ramiro y Martín Fresneda –el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación- no volvieron a ver a sus padres ni conocen a su hermano. Sobre eso también debe responder Hooft", enfatizó Alén en uno de los dos tramos del alegato donde levantó el tono de voz.

Esa primera parte, Alén anticipó lo que profundizaría Sivo: “Pudo hacer pero no quiso hacer. Decidió no hacer. No podía desconocer quién tenía a los abogados porque se lo dijeron dos testigos que declararon aquí, porque el Colegio de Abogados pidió entrevistas con Videla y porque el tema estaba en la tapa de todos los diarios”.

“Candeloro se transformó en un desaparecido porque Hooft no pidió su cuerpo”

La sala seguía en silencio. El espacio destinado al público estaba dividido en dos sectores. En la misma mitad donde se sentaron los abogados de la acusación estaban la jefa del bloque de senadores bonaerenses del FPV, Cristina Fioramonti, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial, Fernanda Raverta. Junto a ellas había otra media docena de legisladores. También estaba Marta García, que se sentó en segunda fila. Del otro lado, en la misma mitad de los defensores, se sentó la familia de Hooft.

Sivo hizo pie en la prueba documental sobre el secuestro de Candeloro y García. Puntualizó que el hábeas corpus fue archivado sin la respuesta del Ejército y que cuando ésta llegó diciendo que el abogado había sido “abatido” no pidió su cuerpo. Tampoco reclamó detalles sobre el destino de Marta García, quién había sido secuestrada junto a él, en junio de 1977. “Jorge Candeloro se transformó en un desaparecido porque Hooft no pidió su cuerpo. No buscó su cuerpo ni le avisó la familia de su muerte. El padre de Candeloro siguió presentando hábeas corpus hasta 1979 y lo siguió buscando hasta 1980”, indicó.

El cierre del alegato quedó en manos de Alén. Dijo que no era una buena señal para la sociedad impedir que se haga justicia en casos de delitos de lesa humanidad, que eso no contribuía a la seguridad. “La resolución puede, tal vez, postergar que Hooft comparezca ante la Justicia Federal pero quienes trabajamos en derechos humanos hemos demostrado que tenemos paciencia. Por eso, en nombre de los organismos de derechos humanos, de las víctimas y en nombre del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Derechos Humanos, a la cual represento, pido que Hooft sea destituido”, cerró. Luego vinieron los aplausos, todos de la misma mitad de la sala.

Para la defensa, el jury es un “cuento chino”

La segunda parte de la audiencia fue para la defensa. Granillo Fernández insistió en que su defendido era inocente y destacó su trayectoria. Para eso citó varias frases de los distintos testigos de concepto que aportó y que habló sobre la tarea de Hooft en otros casos, la mayoría vinculados a presos por delitos comunes en conflicto con la Policía Bonaerense.

También explicó que existía una denuncia por un caso de “corrupción” y mencionó la teoría del complot contra Hooft pero no detalló razones ni objetivos de esa trama que habría unificado a los organismos de derechos humanos con la Secretaría del área y con García, que ya en 1984 nombró la visita de Hooft a la comisaría cuarta. En aquella declaración, hecha ante la Comisión sobre la Desaparición de Personas (Conadep), también habló sobre los incumplimientos funcionales por los que se juzga ahora a Hooft.

Además, en la declaración en el Juicio a las Juntas, García incorporó como prueba vía el fiscal Julio Strassera la documentación sobre la que se basa buena parte del jury: el habeas corpus rechazado y la respuesta del Ejército. Ambos materiales los obtuvo en el juzgado de Hooft cuando fue a tramitar la pensión, en 1980, cuando la dictadura cívico-militar mantenía intacto su poder.

Granillo Fernández negó que Hooft visitara los centros clandestinos de detención pero reconoció que iba a la comisaría cuarta a ver a los presos por delitos comunes. “Eso es un cuento chino, lo mismo que Hooft priorizó a Ricci en su influencia con los militares”, sostuvo el abogado y destacó que Hooft comulgaba con la doctrina social de la Iglesia. Esa definición lo emparenta con Ricci, un hombre apegado al catolicismo. Junto a Bozzi fue el único sobreviviente de los secuestros ocurridos entre el 6 y el 8 de julio de 1977, en Mar del Plata.

También pidió que sea imputado por falso testimonio el ex conscripto Roberto Brien, quien declaró que Eduardo Cincotta, miembro de Concentración Nacional Universitaria (CNU), llamaba a la Base Naval de Mar del Plata en nombre de Hooft.

Granillo Fernández cerró su exposición casi como la comenzó, asegurando que era un montaje y que no había pruebas y se llevó sus aplausos. Eso es lo que terminarán de analizar los integrantes del jurado, que el lunes próximo darán un veredicto. Si resuelven que la prueba presentada por la acusación prueba su connivencia con la dictadura podrían destituirlo y eso abrir la puerta para que avance la causa penal sobre los crímenes ocurrido contra un grupo de abogados laboralistas en 1977.