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Pedro Cornelio Federico Hooft tiene la particularidad de cosechar al mismo tiempo encendidos apoyos y rechazos.  Sus defensores destacan sus posiciones de avanzada en bioética, que incluyen la autorización a una mujer con una enfermedad terminal para no recibir tratamientos invasivos. También ponderan sus posiciones a favor de los derechos de los internos de la cárcel de Batán mientras fue juez penal de Mar del Plata, en la primera mitad de los noventa. Sus detractores lo denunciaron penalmente en 2006 e impulsan ahora un juicio político que podría destituirlo. Señalan que se convirtió en juez provincial durante la última dictadura y que pagó ese favor con una suerte de “zona liberada” judicial para el mayor secuestro masivo de abogados de la historia argentina: la Noche de las corbatas.

Nació en 1942, en la ciudad holandesa de Utrech. Seis años después, con el régimen nazi derrotado, llegó a la Argentina junto a sus padres y hermanos. Y en 1964 obtuvo la ciudadanía argentina, según detalla el blog “Hooft la verdadera historia”, que construyó y administra su familia. Ellos, al igual que el juez, que está suspendido en sus funciones, aseguran que existe un complot en su contra. En él estarían trabajando varias víctimas de la última dictadura, los organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos, que son los que impulsaron la denuncia penal hace ocho años. El expediente no avanzó por las recusaciones y rechazos de Hooft a presentarse a declarar.

Hooft llegó a vivir a Mar del Plata en 1960 y cursó sus estudios en la Universidad Católica. Sólo allí se podía estudiar Derecho en los sesenta. Primero se graduó como escribano y luego como abogado, con “Medalla de oro”. Más tarde se convirtió en profesor de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eran, por aquellos años, dos casas de estudios separadas: una privada y católica, la otra pública y gratuita.

Entre ambas universidades transcurrió parte de la historia caliente de los setenta marplatenses. Parte de esa historia es la que está cruzada en la vida de Hooft y es lo que se discute en la Justicia Penal y, también, en el jury que podría destituirlo. En Derecho hicieron pie los jóvenes estudiantes que se sumarían a Concentración Nacional Universitaria (CNU). De allí pasaron a Humanidades, entre 1970 y 1971, donde la mayoría de los estudiantes empezaba a cuestionar la forma de enseñanza académica y los horarios de cursada.

La noche de las corbatas

Esa disputa terminó mal: los militantes de la CNU irrumpieron a balazos en una asamblea de estudiantes donde perdían la batalla discursiva. Mataron a Silvia Filler de un tiro en la cabeza. No murieron más estudiantes sólo porque no les dieron en los puntos vitales: otros tres jóvenes tuvieron heridas de bala. Pero ese crimen no calmó las aguas sino que aceitó la politización creciente de los estudiantes marplatenses. Hubo movilizaciones para reclamar el avance de la causa judicial y varios militantes de la CNU terminaron detenidos y condenados. Los defendió el abogado Horacio Raimundo Hooft, hermano de Pedro Cornelio, quien por entonces era fiscal de Primera Instancia en la Justicia marplatense.

Entre los abogados de las víctimas o en las asambleas callejeras y movilizaciones había varios hombres que serían arrasados entre junio y julio de 1977, en la Noche de las corbatas: Jorge Candeloro, Hugo Alais y Salvador Arestín. Las otras víctimas fueron los abogados Norberto Centeno –que había trabajado con Candeloro-, Tomás Fresneda, y José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. También secuestraron a los abogados Camilo Ricci y Carlos Bozzi pero ambos fueron liberados y, al igual que Verde y su esposa, sobrevivieron.

Ese megaoperativo represivo comenzó con el secuestro de Candeloro y su esposa, Marta García, en Neuquén. Los tuvieron casi veinte días allí y luego los llevaron a Mar del Plata: donde habían ordenado el secuestro. El padre de Jorge, Nicolás Candeloro, presentó un hábeas corpus por el matrimonio ante Hooft, que tras el golpe de Estado dejó de ser fiscal y fue nombrado juez provincial. Hooft archivó el habeas corpus antes de tener la respuesta del Ejército. Y después, no lo reabrió cuando desde esa fuerza lo notificaron por escrito que Candeloro había sido “abatido”. Tampoco avisó a la familia.

Justamente en esos documentos se encuentra parte de la prueba documental que podría llevarlo a la destitución.

La respuesta que el Ejército le envió a Hooft fue incluida en la causa por el Juicio a las Juntas Militares. Sobre su incorporación al expediente, que se realizó a través del fiscal Carlos Strassera, da cuenta el diario La Razón del 12 de junio de 1985. También el diario La Voz señaló la existencia de ese elemento de prueba: “La Fiscalía presentó como prueba una nota del Ejército donde se informa a un juez de Mar del Plata que el abogado Jorge Candeloro, asesinado en un centro clandestino de detención y torturas, fue muerto en un enfrentamiento”. Precisa que la nota es de del jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Pedro Barda, y que el destinatario es Hooft.

Esa prueba –creen los abogados que llevan adelante la acusación- tiene más peso que las declaraciones de Strassera, quien lo calificó como un “campeón de los derechos humanos”. Se trata de un documento que no es nuevo, que habla sobre los “incumplimientos funcionales” del magistrado, “que definen su actuación en casos concretos”, agregan. Esa prueba no es la única –el expediente desaparecido sobre el crimen de Centeno o los comprobantes sobre el destino de Juan Bourg, también “hablan”- pero es una de las más claras. No es un documento nuevo ni una evaluación o concepto a favor o en contra. Allí puede leerse la actuación del magistrado, su comportamiento ante un grupo de hombres y mujeres secuestrados.