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El entonces titular del Juzgado 5 de Lomas de Zamora, Federico Nieva Woodgate, se entrevistó con el preso político Ángel Alberto Georgiadis en la Unidad Penal 9 de La Plata. Angelito le contó de la violenta requisa que habían sufrido dos días antes, el 13 de diciembre de 1976. Dos meses después, el magistrado autorizó al Ejército a retirar al detenido para un interrogatorio “en jurisdicción militar”.  Los militares lo torturaron y lo mataron. Esta mañana, el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que debe resolver el pedido de destitución de Nieva Woodgate -actualmente fiscal general de Morón-, pidió que se incorporen nuevas pruebas y aceptó citar a una veintena de testigos, entre familiares y compañeros de detención de Georgiadis.

“Es sencillo: a Georgiadis lo sacaron de la Unidad 9 con un oficio para tomarle declaración indagatoria en el Regimiento 7 de Infantería que lleva la firma de un coronel. Y la indagatoria solo la puede tomar un juez, aunque sea un juez militar. Nieva Woodgate recibió el oficio y lo autorizó”, explicó a Infojus Noticias el abogado Marcelo Enrique Ponce Nuñez, que representa a María Teresa Piñero de Georgiadis, esposa del militante asesinado.

En la audiencia de hoy, el jurado decidió extender el plazo para resolver si deja en funciones o aparta a Nieva Woodgate. Además, pidió que se incorporen dos causas completas. La primera es la investigación judicial por las torturas en la Unidad 9. “Hay un acta de comparecencia que demuestra que el juez fue a visitar a Georgiadis tres días después de la requisa. Él estaba todo golpeado. El juez se enteró de las lesiones y no hizo nada” explicó Ponce Nuñez.

El segundo expediente

El segundo expediente, que está en manos del juez federal Daniel Rafecas, investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. “De esa causa van a surgir aproximadamente 140 hábeas corpus” que Nieva Woodgate rechazó durante la dictadura, explicó el abogado.

Uno de los habeas corpus lo había presentado Antonio Peter el 20 de noviembre de 1978, por la desaparición de  su hija María Elena y su yerno Armando Fioritti. María Elena era empleada del juzgado penal N°2 de Morón -ubicado frente al despacho de Nieva Woodgate-, que había asumido como fiscal de Cámara de Morón. A pesar de las presentaciones, el funcionario judicial nunca investigó las desapariciones. La pareja había sido secuestrada el 17 de noviembre de 1978 y nunca más se supo de ellos. 

El Jurado de Enjuiciamiento, encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires, Juan Carlos Hitters, también aceptó llamar a declarar a una veintena de testigos pedidos por la denunciante. Entre ellos están el ex canciller Jorge Taiana y el periodista Eduardo Jozami, dos de los detenidos que pasaron por la Unidad 9.

Los “irrecuperables”

Georgiadis militaba en la columna Sur de Montoneros. A mediados de 1975 se metió en contramano con un Citröen en una cuadra en la que había una comisaría. Los policías lo pararon y lo revisaron. En el auto llevaba panfletos de la organización armada y quedó detenido. Pasó un tiempo en Devoto y a fin de año lo trasladaron al penal de La Plata.

Cinco días después del traslado que avaló Nieva Woodgate, la esposa del militante recibió un telegrama urgente, escrito en mayúsculas y sin signos de puntuación: “Informo que el día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo Ángel Alberto Georgiadis (sic) Otero en la Unidad 9 por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del área operacional 113 se infirió lesiones por auto agresión las que le ocasionaron su deceso”. El cuerpo nunca apareció.

El Tribunal Oral N°1 de La Plata confirmó que Georgiadis había sido asesinado. La sentencia sostuvo que la requisa de diciembre tuvo como finalidad seleccionar a los presos “irrecuperables”. A Dardo Cabo y Roberto Pirles los sacaron el 5 de enero del ’77 con la excusa de trasladarlos al penal de Sierra Chica. Los fusilaron tres días después en un simulacro de fuga en un puente en Brandsen. Después sería el turno de Georgiadis.

El fiscal que nunca se jubila

A fines de agosto de 2011 un caso policial atrajo la atención de todos los medios: el secuestro de Candela Sol Rodríguez. Durante los 9 días que duró la búsqueda y después del hallazgo del cuerpo de la niña de 11 años, Nieva Woodgate se mostró activo frente a las cámaras. Sin separarse del lenguaje jurídico, el fiscal anunció detenciones masivas y una batería de pericias.

Pasaron cuatro años. El crimen de Candela sigue impune y el fiscal general de Morón fue denunciado por su trabajo. “Dejó en manos de la policía la conducción de la investigación”, dice el informe de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires que impulsó el jury. La Comisión concluyó que la investigación había sido negligente en sus procedimientos y que el expediente era “caótico”. Analizaron 18.600 fojas distribuidas en 103 cuerpos. Para la Comisión, fue responsable de encubrir -junto a la policía- el vínculo del crimen con la red de narcotráfico del partido de San Martín.

Nieva Woodgate, que ingresó al Poder Judicial durante los ’70, lleva 37 al frente de la Fiscalía General de Morón. “Se maneja con ciertos criterios inquisitivos y prácticas formalistas”, sostuvo el fiscal Alejadro Jons, que presentó reiteradas denuncias de maltrato y hostigamiento después de trabajar durante 15 años bajo su mando. “Es una persona criada durante el proceso. No admite que el de abajo piense distinto. Acá funciona la obediencia debida”, agregó.

SO/LC