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El debate sobre la democratización de la justicia tiene un punto clave: el acceso a la misma. Durante este año, la Dirección de Acceso a la Justicia continuó con la apertura de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) bonaerenses en la ciudad de Dolores, Chascomús, Malvinas Argentinas, Bahía Blanca, San Nicolás, Florencio Varela y Lanús. Además, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró por teleconferencia el CAJ Campo Gallo, ubicado dentro de una parroquia en la provincia de Santiago del Estero.

Los CAJ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según explicaron las autoridades judiciales, “funcionan como un puente que conecta a los sectores socialmente más vulnerables con las políticas públicas inclusivas que el gobierno nacional viene instrumentando desde el 2003”.

¿Qué tipo de servicio público prestan los CAJ? Todos los centros cuentan con equipos interdisciplinarios que brindan asesoramiento jurídico y social gratuito, ofrecen mediaciones comunitarias, y también el acompañamiento ante instituciones y organismos públicos en los procesos de vigencia real y efectiva de derechos.

Hay un eje social que las autoridades remarcan con énfasis: los centros jurídicos están  situados en barrios pobres. De ese modo, los Centros funcionan “como terminales de gestión multiagencial en las que el Estado nacional pone al alcance de los vecinos todo el abanico de programas, servicios y prestaciones, bajo un criterio descentralizador y en forma coordinada con diversos organismos públicos”.

En la actualidad son 51 las oficinas habilitadas en todo el país, que funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, en el marco de un programa federal que busca  extenderse  a todas las provincias. Además, bajo la modalidad de itinerantes, se despliegan oficinas móviles en lugares recónditos, llevando “la presencia del Estado allí donde es necesario atender necesidades y dar respuestas”.

Como ejemplo de lo explicado anteriormente, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires la mayoría de los CAJ funcionan en las villas, y “operan como verdaderos centros de inclusión y recuperación de derechos, articulando su trabajo con los curas villeros”.

Además de brindar asesoramiento jurídico por medio de la atención gratuita que ofrecen los equipos de abogados, o la mediación comunitaria y la asistencia psicosocial que bridan los equipos interdisciplinarios de psicólogos y trabajadores sociales, en los CAJ se llevan adelante acciones conjuntas con el resto de los ministerios nacionales y otros organismos estatales. En efecto, se realizan trámites de la Asignación Universal por Hijo, se gestionan jubilaciones y pensiones, además del DNI o el pasaporte, la tarjeta SUBE, o en el caso de los ciudadanos extranjeros, radicaciones y renovaciones o prórrogas de sus residencias.

A través de los CAJ también se puede tramitar el certificado digital de antecedentes penales o participar de charlas y talleres sobre los alcances y objetivos del programa “Víctimas contra las Violencias” o las funciones que competen a la “Oficina de Rescate y Acompañamiento para las Víctimas del Delito de Trata de Personas”, entre otros servicios que se van renovando en forma permanente.

Las autoridades dieron a conocer los medios de contacto de los CAJ. Hay un Servicio Gratuito de Atención Telefónica: 0800-222-3425. Y el sitio web es www.jus.gov.ar/accesoalajusticia.