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El colectivo Justicia Legítima trabaja en nuevas reformas para el sistema judicial. Se están conformando grupos de estudio para debatir y desarrollar propuestas en torno al mecanismo judicial, y entre los primeros asuntos a tratar se encuentra la discusión sobre la oralidad de los procesos.

“Las normas procesales son locales, pero hay iniciativas que se pueden debatir a nivel nacional”, expresó el defensor general adjunto en lo penal de la ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella, en diálogo con Infojus Noticias. “Queremos reflotar el Código Procesal Penal modelo para América Latina”, expresó el defensor, que se especializa en esa materia. Hace alusión al proyecto elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

La oralidad en los juicios penales es una reforma largamente reclamada por fiscales y defensores que trabajan en ese fuero. “Significa una garantía jurisdiccional para las partes, porque se asegura que la sentencia la dicte el juez, y no funcionarios que pueden estar muy capacitados pero no fueron elegidos para eso”, explicó Duacastella. Sostuvo que “la mayoría de las sentencias hoy las redactan los secretarios letrados, que trabajan con rango de juez”, y aludió a las casi diez mil causas por año que resuelve el máximo tribunal de la Nación: “imagínese si cada ministro de la Corte va a leer los ocho o nueve mil expedientes”.

Los códigos procesales han sufrido modificaciones a lo largo de los años, pero pocas veces se introdujeron cambios tan troncales. La propuesta es que los procesos judiciales, como el de las causas penales, se tramiten sin un solo papel. Actualmente, la etapa de investigación –llamada de instrucción en la jerga tribunalicia- se lleva a cabo acumulando fojas en un expediente, que cuando excede las hojas que puede contener una carpeta, se agrupan en varios cuerpos. El caso de Ángeles Rawson sirve de ejemplo: tras quince días de instrucción, el expediente ya se compone de tres cuerpos de cientos de fojas.

La segunda etapa del proceso penal sí es oral, y es la del “juicio” propiamente dicho. Es donde se produce un debate entre el fiscal, la querella – a través de sus abogados- y la defensa –también con asesoría letrada-. En los juicios civiles, comerciales, laborales y administrativos, todo el proceso transcurre en papeles, y en muchos casos, las partes jamás ven la cara del juez. Duacastella consideró que “en civil, comercial y laboral no debiera haber inconveniente para que los juicios fueran orales, quizá en administrativo hay una breve etapa que debería ser escrita”.

La jueza María Laura Garrigós de Rébori, que encabeza Justicia Legítima, le dijo a Página/12 que “oralizar los procesos” en el ámbito penal “permite que el juez deje de ser juez y parte”. Se refería a que en el Código Procesal Penal de la Nación, el proceso sigue siendo “inquisitorio”, porque el juez de instrucción puede decidir delegar la investigación en un fiscal, pero también tiene la atribución de dirigirla él mismo, al tiempo que conduce el rumbo de la causa, garantizando los derechos y garantías constitucionales del debido proceso. El código de la Provincia de Buenos Aires, por el contrario, establece que la investigación está en cabeza del fiscal, y el juez sólo oficia de árbitro, lo cual garantiza un mayor respeto de esas garantías constitucionales.

El defensor porteño se mostró a favor de un nuevo Código Penal de fondo, iniciativa que está en manos del ministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni, que preside una comisión de juristas especializados a cargo de elaborar un nuevo texto. Duacastella explicó que “hay muchos artículos del código actual que carecen de significación social” y ponderó el anteproyecto elaborado por el Poder Ejecutivo cuando el hoy juez Alejandro Slokar integraba el Ministerio de Justicia de la Nación. “Ese código armonizaba las penas y reunía las leyes especiales, que a veces tienen penas más duras que las previstas en el Código para delitos ordinarios”.

El defensor recordó que Justicia Legítima es un movimiento muy reciente, y que el debate por la democratización de la Justicia es un proceso extenso y profundo. “El centro de esta discusión está en la concepción de democracia, en si se la quiere representativa y participativa o no”, resumió. Planteó que “si es necesario cambiar conciencias, entonces tendremos que hacerlo”, y finalizó: “hasta hace 150 años, en la Nación argentina había esclavos, y hoy eso es inimaginable. Llevamos apenas seis meses, y quizá las reformas requieran de seis años”.