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La comisión bicameral de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) se reunió esta tarde por primera vez en el Senado nacional. Su misión será redactar las leyes necesarias para la implementación de la reforma y con ese objetivo designó las autoridades del cuerpo: el senador Rodolfo Urtubey quedó como presidente y Anabelle Fernández Sagasti quedó a cargo de la Vicepresidencia (Frente para la Victoria), y el diputado radical Manuel Garrido es el secretario.

Urtubey anticipó que su bloque presentó varios proyectos para poner en marcha el nuevo sistema, que propone un sistema de “implementación progresiva” del nuevo Código, que comenzarán a debatirse en la próxima reunión, prevista para el martes de la semana próxima a las 16. Además, hizo un pedido expreso para que los distintos bloques acerquen sus propuestas de reglamento para el funcionamiento de la comisión y un cronograma y agenda para convocar a expertos, juristas y actores del poder judicial, de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal.

Además, por el Frente para la Victoria se sumarán los senadores Marcelo Fuentes, Pablo González, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath; y los diputados Graciela Giannettasio, Carlos Moreno, Diana Conti y Carlos Raimundi. Por el radicalismo, en tanto, se designó a los senadores Ángel Rozas y Mario Cimadevilla y al diputado Mario Negri. La senadora del peronismo federal Liliana Negre de Alonso completa la nómina en la Cámara alta, mientras la diputada del PRO Patricia Bullrich completa la nómina de Diputados.

El nuevo Código establece el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, lo que supone readecuar los roles de jueces y fiscales. Antes el juez investigaba y decidía. En el nuevo CPPN el fiscal investiga y acusa, el defensor defiende y el juez es un tercero imparcial, ajeno a esa investigación y al conflicto entre las partes, que decide. Justamente, una de las leyes que va a analizar esta bicameral establecerá el régimen para esta transición.

En total son cinco las propuestas que presentó el Frente para la Victoria. Los textos terminaron de definirse después de una reunión que la semana pasada mantuvieron el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el jefe de ese bloque en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Uno de estos textos propone que la implementación del nuevo Código comience en los juzgados nacionales, en la Circunscripción I de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando para más adelante la aplicación en el fuero federal.

Esa misma norma prevé la creación de una Comisión de Implementación y Transición (CIT) que tendrá a su cargo la definición del cronograma y los reajustes necesarios para que la reforma alcance a la totalidad de los juzgados federales en el país, y al resto de la Justicia Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La idea es que esta comisión funcione bajo la órbita del Consejo de la Magistratura y que esté integrada por un representante del Ejecutivo, uno de cada Cámara legislativa, uno del Ministerio Público de la Defensa y otro del Fiscal, un representante de la Corte Suprema, otro del Consejo de la Magistratura y uno de cada Cámara de Casación, la Federal y la Nacional.

Las otras normas que serán objeto de estudio para la comisión se ocuparan de la organización de la Justicia penal y de las nuevas estructuras para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Entre los puntos destacados de la reforma, serán los fiscales quienes lleven adelante la investigación en reemplazo de los jueces. Además, todo el proceso judicial será oral, las causas no podrán durar más de tres años y esto implica la necesaria readecuación de las estructuras y lógicas de funcionamiento.

Las investigaciones penales iniciadas con antelación a la implementación del Código continuarán tramitando en los juzgados donde se iniciaron. Y medida que terminen de tramitar está previsto que se produzca la reubicación del personal de los distintos juzgados. Uno de los proyectos apuntará a fijar las pautas para la creación de una Oficina Judicial, que concentre las funciones administrativas y operativas que ahora recaen en los juzgados. Y para el caso de los abogados, se baraja la posibilidad de un traspaso hacia las fiscalías, que trabajarían con un mayor nivel de especialización.

Otra de las reformas apunta a habilitar en el Código Penal la posibilidad de que los fiscales “dispongan” la acción penal, esto es: que evalúen la pertinencia de iniciar un caso penal.

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