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Dos agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) comenzarán a ser juzgados hoy por las presuntas torturas y el abuso infligidos a un detenido en la alcaidía de los Tribunales porteños en 2010, cuando aguardaba su traslado a la cárcel de Marcos Paz.

El juicio se llevará a cabo este miércoles y viernes a partir de las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 9, integrado por los jueces Luis María García (presidente), Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez. Los acusados son Héctor Miguel Aguilar, de 40 años, por entonces encargado de la sección requisas de la Unidad 28 del SPF, y Jorge Raúl Rolón, de 38, a cargo del turno en la madrugada del 6 de agosto de 2010, cuando el joven M.L.M. denunció que fue golpeado y abusado.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) constató hace pocos días que los dos penitenciarios llegan al juicio en libertad y siguen prestando funciones en el lugar. Por este motivo, la Procuvin informó al SPF y el Ministerio de Justicia ordenó que los dos efectivos fueran separados de sus funciones.

Según informó la Procuración General de la Nación, en la causa fue acreditado que la agresión se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba en el hall principal de la alcaidía, situada en Lavalle 1337, durante el traslado desde el Cuerpo Médico Forense a una celda.

"Procedieron a desvestirme y a arrojarme al suelo, para luego aplicarme golpes en distintas partes del cuerpo, mientras Rolón me introducía un palo de goma en el ano", relató el detenido. El testimonio figura en el requerimiento de elevación a juicio presentado por los abogados del joven, que es querellante en la causa. "Sufrí hematomas en el cuero cabelludo, en el pabellón auricular izquierdo, hematomas en frente, en muslo, en rodilla y tobillo izquierdo, como así también un desgarro anal", añadió en el escrito, que reseña entre otras pruebas los peritajes médicos que constataron cada una de las lesiones.

M.L.M. había sido trasladado desde Marcos Paz hacia la alcaidía porteña para ser revisado por el Cuerpo Médico Forense debido a lesiones que había sufrido por una golpiza en la cárcel federal. Tras las supuestas torturas y el abuso, efectuó la denuncia y un juez prohibió que fuera trasladado nuevamente a la alcaidía, pero el SPF lo envió a ese lugar en dos oportunidades más, en una de las cuales el joven se reencontró con sus victimarios.

En su requerimiento de elevación a juicio, la víctima, quien será representada por el defensor oficial Horacio Nager, calificó los hechos como "imposición activa de tortura" y acusó a ambos penitenciarios como coautores de ese delito, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Pero el entonces fiscal de instrucción José María Campagnoli calificó el hecho como "apremios ilegales agravados", con una escala penal de 2 a 6 años de prisión, por lo que en el debate oral se terminará de dirimir qué calificación corresponde.

En representación del Ministerio Público Fiscal, ahora actuarán el fiscal Julio César Castro y el titular de la Procuvin, Abel Córdoba.